3 de marzo de 2016 23:55

Fernando Villavicencio pidió examen especial para contrato de Schlumberger en campo Auca

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Alberto Araujo
Redactor (I)

El exasesor de la Asamblea, Fernando Villavicencio, presentó la tarde del miércoles 2 de marzo del 2016, un pedido al Contralor, Carlos Pólit, para que se realice un examen especial al contrato del campo Auca firmado el año pasado entre Petroamazonas y Schlumberger.

En diciembre pasado, la compañía Schlumberger firmó en la Vicepresidencia, a puerta cerrada y sin invitación a los medios de comunicación, un contrato con Petroamazonas para intervenir en el campo Auca durante 20 años.

Schlumberger anunció inversiones de USD 4 900 millones para levantar su producción.

A cambio, la compañía recibirá durante el tiempo del contrato una tarifa promedio de USD 26 por cada barril de crudo extraído. Pero, adicionalmente, la firma francesa de servicios entregó como parte del contrato un monto de USD 1 000 millones al Estado. El Gobierno ha sostenido que Petroamazonas continúa siendo el operador del campo.

Villavicencio publicó en el sitio web FocusEcuador.net el contrato de Auca, de 264 páginas.

Según Villavicencio, la primera presunta irregularidad en el contrato es la creación, mediante decreto ejecutivo 844, de la figura del “derecho contractual intangible” ajena a la legislación hidrocarburífera ecuatoriana. Esta habría permitido que Schlumberger realice un supuesto crédito USD 1 000 millones a favor del Estado ecuatoriano a ser pagado mediante el contrato del campo Auca.

Según Villavicencio, este monto entregado altera la economía del contrato y no forma parte de las inversiones de Schlumberger en Auca, que tampoco llegarán a USD 4 900 millones en 20 años como fue anunciado sino solo a USD 2 100 millones.

“Hubo un crédito de Schlumberger utilizando esta figura simulada de derecho contractual. El problema mayor es que este crédito que aparece como un intangible. Una empresa presta dinero a cambio de la operación del campo”, indica Villavicencio al señalar que en el contrato estaría contemplado el pago de este préstamo conjuntamente con la tarifa por barril extraído que recibe la empresa.

El contrato es lesivo para el Estado ecuatoriano, a decir de Villavicencio, ya que no solamente se le pagará un promedio de USD 26 por barril extraído en promedio (el contrato contempla tres tarifas de entre USD 24 y 27 por barril a lo largo del tiempo) sino que además reconocería un pago por barril de USD 6 adicionales para pagar los USD 1 000 millones de Schlumberger.

Una presunta segunda irregularidad sería el destino de los USD 1 000 millones que entregó Schlumbeger y que debían haber ingresado al presupuesto de Petroamazonas.

Según Villavicencio, el mismo presidente Correa ha reconocido que ese monto sirvió en parte para pagar los bonos Global que se vencían el año pasado con lo que se habría violado el artículo 315 de la Constitución que indica que las empresas públicas como Petroamazonas tienen autonomía y únicamente los excedentes que generan una vez apartadas las inversiones pueden pasar a manos del Estado.

Este Diario pidió ayer la versión de Petroamazonas respecto a estas denuncias, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta.

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