16 de noviembre del 2016 00:00

Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez eluden orden de prisión

Verónica Sarauz y Fausto Cobo (centro) entregaron una respuesta al CNE. Foto: cortesía Creo

Verónica Sarauz y Fausto Cobo (centro) entregaron una respuesta al CNE. Foto: cortesía Creo

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Mario Alexis González
Redactor
politica@elcomercio.com (I)

Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez no aparecerán en público hasta que su situación legal se normalice. El lunes en la noche se expidieron las órdenes de captura en su contra, lo que movilizó a sus abogados y familiares para intentar dejar sin efecto esa sentencia.

Villavicencio es parte de la lista de Creo para la Asamblea Nacional, por la jurisdicción de Pichincha. Su nombre fue registrado el viernes pasado en el Consejo Electoral (CNE).

El artículo 108 del Código de la Democracia señala que los candidatos no podrán ser privados de la libertad, enjuiciados, ni procesados penalmente desde el momento de su calificación hasta la proclamación de los resultados.

Y una vez proclamados, los ganadores gozarán de fuero de Corte Nacional o Provincial, según corresponda al cargo para el cual fueron elegidos los postulantes.

Por esta razón, el abogado Julio César Sarango, quien patrocina la defensa de Jiménez, explicó que si hasta este viernes, plazo establecido por el CNE, se califica la candidatura de Villavicencio, la orden de prisión preventiva y el proceso por el supuesto delito de divulgación de documentos protegidos quedaría congelado para él.

Esto no podrá ocurrir en el caso de Jiménez, ya que Pachakutik decidió no incluirlo en sus listas, pese a que Sarango había anunciado que era uno de los candidatos para el Parlamento Andino.

Cecilia Velasque, dirigente del Movimiento, indicó que Pachakutik está buscando los mecanismos para proteger a Jiménez, pero él no será candidato para evitar complicaciones para inscribir las listas.

En el caso de Villavicencio, su candidatura también podría truncarse por otra razón. Alianza País, por intermedio de su director de Pichincha, Gustavo Baroja, presentó el lunes una impugnación a su candidatura porque tiene un registro de adherencia a Pachakutik. Y, de esta manera, estaría actuando en contra de la ley.

La tarde de ayer, la esposa del activista, Verónica Sarauz, acudió a la delegación electoral de Pichincha para responder a esa objeción. Con un documento en la mano explicó que Pachakutik entregó una autorización para que Villavicencio pudiera participar en las elecciones de febrero por otro Movimiento, en este caso por la alianza Creo-SUMA.

Según Sarango, Villavicencio y Jiménez se encuentran “a buen recaudo”. Aunque no están juntos, ambos descartan entregarse a la justicia. El abogado asegura que esta decisión la tomaron porque no existen las garantías para que se cumpla el debido proceso por el cargo que se les imputa. “Temen por su vida”, aseguró.

Sarauz añadió que aunque Villavicencio esté impedido de aparecer en público existen los medios para que pueda realizar su campaña hacia la Asamblea. Incluso, argumentó que ella será su apoyo y podría convertirse en su vocera.

A la delegación la acompañó Fausto Cobo, integrante de la plataforma Compromiso Ecuador, que apoya las candidaturas de Creo. El exasambleísta explicó que el caso de Jiménez y Villaviencio “dejó de ser un tema jurídico para convertirse en algo político”.

Por el lado de Jiménez, en cambio, Sarango presentó ayer un recurso de hecho. Busca que un juez superior revise la apelación que presentaron a la prisión preventiva. También señaló que interpondrá el recurso de hábeas corpus.

Los acusados fueron sentenciados a prisión preventiva el pasado 28 de octubre por orden del juez Jorge Blum. Tras esa sentencia se presentó un recurso de apelación.

Ramiro García, abogado de Villavicencio, explicó que el conjuez Richard Villagómez, quien reemplazó a Blum durante su licencia de vacaciones, aceptó dicho recurso. Pero después lo revocó.

Según la providencia, Blum señala que Jiménez y Villavicencio presentaron una solicitud para la revocatoria de la providencia dictada el 10 de noviembre por Villagómez, con la cual se revocó la orden dictada el 9 de noviembre. Pero -añade- en materia procesal, no se contempla una revocatoria de la revocatoria.

Por esto se desechó la petición. Y Blum solicitó que se realice el auto de llamamiento a juicio y se remita a la Policía el oficio de localización y captura de los acusados.

En el 2014, Villavicencio y Jiménez se refugiaron en la Amazonía ecuatoriana bajo la protección de la comunidad Sarayaku. Fueron sentenciados a 18 meses por injurias en contra de Rafael Correa.

En contexto


Los procesos en contra de Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez iniciaron el pasado 12 de agosto por el presunto ‘hackeo’ de correos electrónicos de funcionarios y divulgar información sensible del Estado ecuatoriano que afectaba a la soberanía.

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