29 de octubre de 2016 00:00

Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez apelaron su orden de prisión

ortesía: fiscalía Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio acudieron a la audiencia el jueves pasado.

Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio acudieron a la audiencia el 27 de octubre. Foto: Cortesía Fiscalía

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 34
Triste 2
Indiferente 2
Sorprendido 1
Contento 77
Ana María Carvajal

La defensa del exasambleísta Cléver Jiménez y del activista Fernando Villavicencio, su exasesor, apeló la orden de prisión preventiva que pesa en su contra desde la noche del jueves 27 de octubre.

La Fiscalía había pedido esa medida en la audiencia de llamamiento a juicio, ante el juez de la Corte Nacional, Jorge Blum.

Jiménez explicó que el recurso de apelación no es ante el auto de llamamiento a juicio, sino a la prisión preventiva “porque consideramos violación al debido proceso y a derechos fundamentales”.

Para la defensa de ambos acusados una medida sustitutiva, como asistir de forma periódica al juzgado, hubiera sido suficiente.

La Fiscalía los acusa por su presunta participación en el delito de divulgación de información protegida por el derecho a la inviolabilidad y al secreto. El comunicado emitido por la Fiscalía señala que “los dos procesados, entre octubre y noviembre del 2013, difundieron información confidencial que habían extraído de forma irregular desde correos enviados por el procurador general del Estado, Diego García, al presidente Rafael Correa, y al asesor de la Presidencia, Alexis Mera”.

Al respecto, Jiménez explica que las acusaciones estarían basadas en un boletín de prensa que se hizo público y en un artículo que Fernando Villavicencio publicó en un portal web.

Pero la Fiscalía publicó que existen evidencias. Entre estas está un correo electrónico que fue encontrado en poder de Jiménez. Esto se halló en el allanamiento del 26 de diciembre del 2013 a la oficina del entonces asambleísta en el centro norte de Quito. Otra de las evidencias, según la Fiscalía, es aquella encontrada en una computadora incautada a Villavicencio. Ahí se hallaron correos electrónicos del Secretario Jurídico de la Presidencia y del Procurador General.

Para Jiménez, esto es un intento de frenar la participación política en las próximas elecciones de figuras que han resultado incómodas para el Gobierno por las denuncias que han hecho.

Jiménez recordó que no puede lanzarse nuevamente como candidato a la Asamblea Nacional, porque fue reelecto y una transitoria a las enmiendas a la Constitución se lo impide.

Sin embargo, Villavicencio está considerado como figura para asambleísta por Pichincha por el movimiento Creo. Según el artículo 14 del Código de la Democracia, una persona puede perder sus derechos políticos y de participación en casos de interdicción judicial, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta; sentencia ejecutoriada con pena privativa de libertad; y “cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en sentencia ejecutoriada la responsabilidad por el cometimiento de alguna infracción de las tipificadas en esta ley con esa sanción”.

Por ello, Jiménez afirma que aunque se concrete la orden de prisión, Villavicencio podría ser candidato en el 2017, ya que no se trata de sentencia ejecutoriada de cárcel, sino solo preventiva.

Ramiro García, abogado de Villavicencio, explicó que el recurso de apelación podía entregarse en tres días hábiles luego de la disposición del juez Blum. Es decir, que esta puede ingresar hasta el martes. García trabajaba el viernes 28 de octubreen ese documento, mientras que la defensa de Jiménez tenía previsto presentarlo el mismo día.

Jiménez afirma que se les acusa de usar “violentar claves y para vulnerar secreto, confidencialidad y reserva”. Este delito implicaría pena de entre seis meses y un año de prisión, más una multa.

Pero su defensa agrega que, a pedido del Fiscal, se cambió la acusación “por divulgación o uso fraudulento de información productiva”, que implicaría una pena de reclusión de entre tres y seis años. Y, además, delitos “en contra del derecho a la intimidad familiar”.

Para Jiménez, “jamás se ha publicado datos personales de ninguno de los funcionarios públicos. Eso no me interesa, sino lo que tiene que ver con el país”. Agrega que “no han podido demostrar cuál es el correo que hemos divulgado” y que presentará actualizaciones a las acciones internacionales que inició.

Una de ellas es la Unión Parlamentaria, que le notificó el miércoles sobre su preocupación con respecto de su situación jurídica. Jiménez acudirá también a la CIDH y a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (23)
No (10)