4 de junio de 2015 17:28

Fernando Cordero: 'Estamos abiertos a solucionar el problema con las empresas de seguridad'

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Diego Bravo

El Acuerdo Ministerial que revoca el permiso y porte de armas de fabricación nacional preocupa a las empresas de seguridad privada del país. La razón: “se estima que hay 170 000 armas legales. De estas, el 40% son artesanales y también constan las que usan las empresas de vigilancia privada”, indicó la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad e Integradas (Anesi).

El ministro de Defensa, Fernando Cordero, habló sobre este tema hoy, 04 de junio del 2015, en las instalaciones de esa Cartera de Estado, en el Centro Histórico de Quito. Indicó que las empresas de seguridad privada ya se comprometieron con el Estado para regularizar su situación, hace dos años, y que esto incluía levantar un registro de las armas de fuego que utilizaban.

“Hace dos años ellos estaban advertidos que debían tener armas registradas, que estaban obligados a registrarse en el sistema técnico que el Ecuador ha impuesto. Han pasado dos años, han incumplido el compromiso y no los sancionamos directamente porque no queremos agitar innecesariamente el trabajo de 60 000 guardias. Pero necesitamos la colaboración y ellos han dicho que están dispuestos a darla”, manifestó el funcionario.

Según datos de Anesi, el 70% de armas que utilizan las firmas de seguridad son de fabricación nacional. “Al no tener armas habilitadas, esto generaría un problema social, laboral y comercial grave que afecta a la seguridad ciudadana”, precisó la entidad. También señaló que varias compañías se verían obligadas a cerrar y que 60 000 guardias se quedarían sin empleo.

Para agilizar el registro de las armas –precisó el ministro Cordero- brigadas móviles trabajan en provincias para levantar la información. “Lo que nos interesa es que esta clase de artefactos sean herramientas de seguridad y no de inseguridad. Hoy día, si es que con una de esas se dispara, nadie va a saber qué arma fue o quién estuvo a cargo porque no hay un registro”.

El funcionario resaltó que el registro de armamento es gratuito y que no se debe obviar el registro técnico de las pistolas, revólveres o carabinas que las firmas privadas utilicen. “De eso sabían desde el primer día. Ellos saben que están incumpliendo (…) Estamos abiertos a ayudarles a que solucionen su problema, pero es extraño que digan que hoy ya no es rentable. Hacen el negocio legítimo de vender seguridad, pero tienen que cumplir reglas”.

Ante la polémica que se generó por este tema, Anesi planteó las siguientes soluciones:

- Las empresas se acogen a un plan de renovación de armas de fuego, tal como otros gremios lo han realizado. Por ejemplo: renovación de los parques automotores, reemplazo de cocinas a gas o refrigeradoras.

- Se considera la suspensión temporal de la prohibición de importación de armas, hasta que las empresas de seguridad se equipen nuevamente.

- En Anesi se conoce que existen almacenados aproximadamente 40 mil revólveres que fueron de dotación de la Policía. Estos podrían ser entregados a las empresas privadas para dar seguridad.

- Recalificar las armas artesanales que al momento de la emisión de su permiso cumplieron con las exigencias reglamentarias.

Cordero indicó que no se han hecho operativos para monitorear las armas de fabricación nacional que utilizan las empresas privadas. La razón: “hemos visto la mejor actitud de las compañías, pero nos sorprende un poco la declaración pública de ayer al decir que nos pedían 180 días de plazo y que quieren que les importemos armas…”.

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