30 de julio de 2017 00:00

Feria Libre de La Ofelia, en Quito, no tiene control

patricio terán/elcomercio La feria se ubica en la avenida Diego Vásquez de Cepeda y Ramón Chiriboga, en el norte de Quito.

La feria se ubica en la avenida Diego Vásquez de Cepeda y Ramón Chiriboga, en el norte de Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

Es un conflicto del que nadie se hace responsable. Alrededor de la Feria Libre de La Ofelia se tejen todo tipo de dramas.

Niños que duermen en el piso junto a verduras en mal estado, padres que llegan de otras provincias para vender sus productos y mantener a sus familias y pagos de alícuotas de más de 2 000 comerciantes que nunca se auditan.

Los problemas traspasan el cerramiento de la plataforma de 2,5 ha, donde la feria se ubica de jueves a sábado. Los vecinos deben lidiar con tráfico, desorden, basura, mal olor y delincuencia. Todo atravesado por un gran vacío de autoridad.

La Feria Libre nació en 1989, por un Decreto de Rodrigo Borja con el objetivo de eliminar a los intermediarios.

Durante los seis primeros años, estuvo conformada por no más de 800 vendedores quienes eran organizados por el Ministerio de Agricultura. Luego se conformó la Asociación de Comerciantes La Ofelia, que hoy tiene 2 400 socios. De ellos, 1 600 están registrados, el resto son flotantes. Así lo cuenta Vicente Taco, uno de los representantes de los comerciantes que vende mariscos traídos de Pedernales, desde hace más de 20 años.

El interior del mercado está saturado de vendedores. A duras penas hay espacio para que los compradores caminen. Hay rincones donde se acumulan desperdicios de legumbres, cajas vacías y palos.
Tres días a la semana, cerca de 1 000 personas que viven en los alrededores deben aprender a convivir con las molestias que la feria genera.

Pamela Brito, una moradora, cuenta que en varias ocasiones la directiva ha buscado la ayuda de la Administración Zonal para poner orden en el lugar. Su hija ha sido asaltada en tres ocasiones. En días de feria, nadie quiere visitar su casa por el caos vehicular y el peligro.

Sebastián Rodríguez, quien produce frutas y sábila en San José de Minas, cuenta que la feria tiene graves problemas organizativos. De hecho, este momento no hay directiva. Pese a eso cada comerciante sigue pagando a la semana entre USD 2 y 13, según el tamaño del vehículo en el que ingresa los productos, y del puesto.

Se queja de nunca haber recibido un informe económico de los gastos ni haber recibido obras. “Y ninguna autoridad puede intervenir, porque somos independientes”.

Hace más de 11 años, dice, los comerciantes fueron engañados al creer que había un proyecto para comprar el predio. “El 60% de nosotros pagó inscripción de USD 20 y alícuotas, pero nunca se concretó y ese dinero se esfumó”.

Según la Agencia de Comercio del Municipio, es el Ministerio del Interior el que tiene jurisdicción sobre la feria, ya que fue un decreto presidencial el que la autorizó. Asegura no tener ninguna injerencia en el desarrollo de esa actividad.

Javier Ladino, director nacional de Control y Orden Publico del Ministerio del Interior, asegura que todas las ferias que ese decreto creó están bajo el control de los municipios. “Es la carencia de un comunicado formal lo que ha dejado este tema en el aire. Sin embargo, el Municipio siempre ha estado hecho cargo, dialogando con los comerciantes y tratando de reubicarlos”.

Según la administración zonal con jurisdicción en La Ofelia, es el IESS el que tiene responsabilidad sobre la Feria, por ser el dueño del predio. El IESS, en un comunicado, dijo que si bien el predio es suyo, el Municipio debe ejercer el control. Explicó que detrás de la feria hubo un proceso legal.

En el 2000, el Municipio resolvió declarar el terreno de utilidad pública y autorizó su expropiación. Hasta el 2005 no se concretó.

Ese año, el IESS demandó al Municipio que se ejecute la expropiación y que pague USD 1,4 millones. Pero el 16 de marzo del 2006, la Comisión de Expropiaciones resolvió revocar la resolución.

El Municipio aclaró que al ser las ferias libres creadas por Decreto Ejecutivo y ya que la de La Ofelia está en un predio privado no es su competencia.

La competencia del Municipio es el control en el espacio público, no en predios privados. No obstante, señala: “manteniendo la línea de cooperación y con el espíritu de colaborar estamos abiertos al diálogo con la entidad a cargo, para trabajar en conjunto”.

En administraciones pasadas, el Municipio firmó acuerdos con los comerciantes de la feria, y en los 90, pavimentó la plataforma, colocó baños y desagües para evitar lodazales.

Según Rodríguez, los socios temen que las autoridades intervengan y los saquen. Por eso prefieren pagar por el puesto. “Si nos quitan nuestra fuente de trabajo, ¿qué vamos a hacer?”, se pregunta Segundo Iza, comerciante ambateño de legumbres. Él llega junto con su esposa, sus dos hijas y su nieto cada semana y, tras la venta, gana unos USD 300. Con eso educa a sus hijos. Los cinco duermen en el camión durante las jornadas de la feria. Unos
1 400 vendedores duermen, en cambio, en el piso, sobre cartones y plásticos.

En contexto

La semana pasada hubo una reunión entre los comerciantes para, en 15 días, formar un tribunal electoral y llamar a elecciones para elegir una directiva. Meses atrás hubo inconvenientes y la directiva elegida no pudo ser inscrita.

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