2 de julio de 2018 21:44

Red de Víctimas de Femicidio de Azuay realizó plantón para exigir justicia por el crimen de Anabel Muñoz

Estefanía Muñoz desapareció el pasado 1 de julio del 2006, cuando se dirigía al colegio Ciudad de Cuenca para asistir a clases de recuperación.

Estefanía Muñoz desapareció el pasado 1 de julio del 2016, cuando se dirigía al colegio Ciudad de Cuenca para asistir a clases de recuperación. Foto: EL COMERCIO

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Lineida Castillo
Redactora (I)

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Son dos años de la desaparición y posterior muerte de Anabel Estefanía Muñoz, de 13 años, y el caso sigue en indagación previa. La tarde de este lunes 2 de julio la Red de Familias Víctimas de Femicidio de Azuay realizó un plantón para exigir justicia.

Estefanía Muñoz desapareció el pasado 1 de julio del 2016, cuando se dirigía al colegio Ciudad de Cuenca para asistir a clases de recuperación. Su cuerpo fue encontrado el domingo 17 de julio, escondido en una funda negra amarrada con una soga.

Un grupo de pescadores halló el bulto –cerca de la orilla del río Yanuncay- en la zona rural de Barabón. Los resultados de la autopsia revelaron que la niña fue violada y asfixiada por sofocación, el mismo día de su desaparición.

En entonces ministro del Interior, José Serrano, ofreció USD 100 000 de recompensa a quien proporcione información certera de los responsables del crimen. Diez días después de ese hallazgo (27 de julio) fueron detenidas cuatro personas quienes estaban en distintas viviendas en el sector de Barabón.

Casi un año después (marzo del 2017) un Tribunal Penal de Azuay les otorgó la libertad tras determinar el estado de inocencia de los detenidos. Desde entonces –dice Teresa Lupercio, madre de la menor- el caso se estancó y ha pasado por varias fiscalías.

En febrero del 2018, la Red de Familias Víctimas de Femicidio de Azuay presionó a la Fiscalía para que aceleren las investigaciones. De allí ordenaron una nueva diligencia: obtener muestras de sangre de todos los miembros de la familia para compatibilizarlos con hallazgos de la autopsia y descartar cualquier vinculación con el crimen.

Los primeros que fueron convocados fueron el padre de la niña y su abogado defensor, que es sobrino de la familia. Pero quedaron pendientes la madre y tres hermanos. De allí se fue el Fiscal y otra vez el caso quedó abandonado y ahora dicen que empezará de cero, dice Lupercio.

Ella considera que “por ser pobre la justicia la deja en la indefensión. La Red de Familias Víctimas me apoya para seguir en las calles”, dijo la humilde mujer que esta tarde sostenía un cartel con la imagen de su hija, en las afueras del edificio de la Corte de Justicia.

Sonia Salamea, madre de Cristina Palacios, otra de las jóvenes que fue brutalmente asesinada el 28 de marzo del 2017, dirigió el plantón. La universitaria de 29 años desapareció esa tarde al salir de su trabajo y al siguiente día, Carlos F., de 26 años, confesó que asesinó a su amiga y que lanzó su cuerpo al río Cuenca.

Este caso sentó precedente porque el Tribunal de Garantías Penales de Azuay le dio 34 años con ocho meses de cárcel al responsable, por el delito de femicidio con agravantes. En apelación y casación –por parte del acusado- esa sentencia fue ratificada y ahora esperan el fallo de la Corte Constitucional.

Sonia Salamea dijo que están y seguirán en las calles luchando contra la impunidad, para que las familias víctimas tengan respuestas en la justicia ordinaria. “No es justo que hayan pasado dos años y que aún no se identifique a autores del asesinado de Anabel Estefanía Muñoz”, dijo esta madre de familia.

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