Redacción Guayaquil
La disposición transitoria séptima del proyecto de Ley del Deporte que discute la Asamblea Nacional establece que los organismos que tienen reconocimiento internacional mantendrán su autonomía.
Es decir que, si se aprueba el proyecto de ley, el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no pasarán al sector público y sus directorios serán nombrados de acuerdo a los estatutos internos de cada organismo.
La razón principal es que el COE y la FEF se encuentran regidos por los reglamentos y estatutos del Comité Olímpico Internacional (COI), en el caso del COE y por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), en el caso de la FEF.
En su comparecencia ante la Comisión Ocasional de Deportes de la Asamblea el pasado 19 de octubre, el titular de la FEF, Luis Chiriboga, solicitó a los comisionados que en el documento definitivo del proyecto se mantenga el artículo 52 que establece que “el fútbol profesional debe regirse por sus propios estatutos y reglamentos”.
Chiriboga argumentó en esa ocasión que de los USD 9 millones de presupuesto anual que tiene la FEF, “apenas recibimos USD 100 000 del Estado como producto del impuesto a las llamadas telefónicas y que ahora dicha ayuda constará en el Presupuesto General del Estado. Ese dinero ha sido auditado todos los años por la Contraloría General de la Nación”.
Según la explicación de Chiriboga a la Comisión, “la acción de la FEF es privada y está relacionada con los clubes y la propia Federación. Los recursos que recibimos se los destina al fútbol amateur en sus áreas: masculino, femenino, sala y playa”.
El COE recibió apoyo internacional para mantener su autonomía. El 17 de noviembre anterior, el presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), Mario Vásquez, envió una carta al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, en la que hace hincapié sobre la “colaboración y el trabajo en conjunto que debe existir entre el COE y las autoridades deportivas gubernamentales con el fin de garantizar el éxito internacional del país”.
El COI remitió también una carta a Abdalá Bucaram Pulley, presidente de la Comisión Ocasional de Deportes, en la que lo instó a “respetar la autonomía de las estructuras del Movimiento Olímpico. Dijo, además, que “las autoridades públicas no deben intervenir en los asuntos internos de estos organismos”.
En el texto, el COI informa que “las operaciones internas, los mecanismos de toma de decisiones, reuniones y elecciones deben quedar bajo la exclusiva responsabilidad y competencia de las respectivas organizaciones de acuerdo a sus estatutos y a las normativas de los organismos internacionales a las que se encuentran afiliadas”.
Dicha disposición generó críticas de los dirigentes y presidentes de las federaciones deportivas provinciales que la semana pasada se reunieron en Guayaquil para discutir el tema.
El vicepresidente de la Federación Deportiva del Guayas, Roberto Gilbert, dijo que “el proyecto de Ley no tiene nada de incluyente y equitativa porque se mete mano solo en las federaciones deportivas provinciales”.
En este sentido, el COI, en su comunicado a la Comisión Ocasional, enfatizó que “la potestad de los poderes públicos para nombrar representantes en el seno de dichas asociaciones y federaciones es claramente contrario a los principios de deportivismo” y que esa decisión la deberían tomar los directorios de esos entes.
Puntos de vista
Julio Ramírez. Presidente de Fedenador
La fiscalización debe ser para todos
El motivo principal del Ministerio del Deporte es la fiscalización y el control de los recursos que entrega el Estado a los diferentes organismo deportivos del país. Estamos de acuerdo en que la dirigencia debe rendir cuentas, eso está contemplado en la Constitución Política de la República, pero no se debe excluir a las federaciones ecuatorianas por deporte que están adscritas al Comité Olímpico Ecuatoriano. La fiscalización y el control deben ser para todos, no solo para las federaciones provinciales.
José Luis Contreras. Fedeguayas
El proyecto no garantiza equidad
La Comisión Ocasional de Deportes cometió un grave error al incorporar el Régimen de Utilidad Pública en el proyecto de ley. Si el Estado o los asambleístas quieren que pasemos al sector público, todo el deporte ecuatoriano, incluidos organismos como el COE y la FEF, deben ser públicas.La Ley debe ser como la muerte, no se debe excluir a nadie de las pretensiones que tiene el Ministerio del Deporte. Nosotros nos mantendremos en esa posición hasta hacer entender eso a los asambleístas.