Estudiantes universitarios participan con banderas blancas y colombianos en una manifestación en apoyo del “SÍ” en el referéndum. Foto: AFP
Casi 20 años llevan las FARC formando parte de la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado norteamericano. Fueron incluidas en 1997, cuando se creó ese listado, y Estados Unidos ha rechazado desde entonces toda petición de sacar a la guerrilla del mismo.
Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla el pasado lunes en Cartagena de Indias, las cosas podrían cambiar si el pueblo colombiano ratifica este domingo en referéndum el tratado, que en uno de sus puntos más polémicos prevé que las FARC se conviertan en partido político.
El propio secretario de Estado, John Kerry, dejó abierta la puerta a ello ya en agosto, cuando no descartó la posibilidad de valorar una revisión. “Si las FARC firman la paz y cumplen con el acuerdo (.), si se desarman y se comprometen a actividades de paz, dejan la violencia, sería algo natural, en un contexto de revisión, que Estados Unidos tenga en cuenta los pasos que han tomado, lo que podría o no cambiar la situación”, dijo.
El Departamento de Estado realiza al menos una vez cada cinco años una revisión de esa lista siguiendo la normativa. Pero “el secretario de Estado también tiene la autoridad para revisar una designación en cualquier momento”, señalaron a la agencia dpa fuentes del mismo.
El proceso de revisión implica un examen minucioso sobre las actividades de la organización en cuestión incluida en la lista de grupos terroristas y la consideración de nuevos hechos. “En este caso, la firma y la implementación del tratado de paz, que incluye el desarme de las FARC y el abandono del uso de la violencia, serían nuevos hechos”, puntualizaron las fuentes.
Una revisión, no obstante, no tendría por qué acabar con las FARC fuera de la lista. La mera posibilidad, sin embargo, está despertando ya la alarma en sectores conservadores de Estados Unidos.
El senador por Florida, el republicano de origen cubano Marco Rubio, es una de las voces destacadas que se oponen a que Kerry pueda dar ese paso. “Incluso si el pueblo colombiano aprueba el acuerdo de paz con las FARC este domingo, creo que su administración debe mantener a las FARC en la lista de organizaciones terroristas extranjeras y a los miembros de las FARC como narcotraficantes extranjeros importantes”, escribió Rubio en una carta enviada al presidente Barack Obama. Tras su inclusión en la lista en 1997, el Departamento de Estado aplicó en 2001 a la guerrilla el decreto 13.224 (Executive Order 13224), aprobado por George W. Bush tras los atentados del 11-S para impedir la financiación de actividades terroristas. Bajo el mandato del republicano fueron incluidas también en el grupo de grandes narcotraficantes del mundo bajo la “Kingpin Act”, una ley aprobada en 1999.
“Durante más de medio siglo, las FARC casi destruyeron Colombia y aterrorizaron no solo a esa nación, sino también a ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados”, señala Rubio. El senador por Florida, además de haber sido uno de los contrincantes de Donald Trump en las primarias del Partido Republicano, es el presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado. En su carta a Obama instó además al mandatario a comprometerse a no liberar ni transferir a Colombia a ningún miembro de las FARC que esté cumpliendo condena en Estados Unidos.
En agosto, Kerry tuvo que salir ya al paso de especulaciones sobre una posible liberación de “Simón Trinidad” en el marco del proceso de paz colombiano, apoyado explícitamente por Obama.
“No sé de dónde salió la interpretación sobre ‘Simón Trinidad'”, dijo sorprendido al ser preguntado en una rueda de prensa conjunta junto a la canciller colombiana, María Ángela Holguín, en la sede de su departamento en Washington. El guerrillero colombiano, cuyo verdadero nombre es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, se unió a las FARC en los años 80 para convertirse más tarde en uno de sus líderes. Fue capturado en 2004 en Ecuador y condenado a 35 años de prisión en Colombia por secuestro y rebelión. Pocos meses después fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado en enero de 2008 a 60 años de cárcel por narcotráfico y el rapto de tres estadounidenses.