Bogotá. AFP, ANSA y El Tiempo, GDA
Todavía no tenemos la hora del asesinato. La confirmación que sí tenemos es que fue degollado. Miserablemente lo degollaron”. Así confirmó el presidente colombiano Álvaro Uribe el asesinato del gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar.
El cadáver degollado del político, de 69 años, apareció en un sector despoblado cercano a Florencia, en donde los guerrilleros lo asesinaron cuando al parecer se opuso a internarse en la selva.
La muerte del Gobernador de Caquetá (sur) atribuido por el Gobierno a las FARC conmueve a Colombia, en momentos en que se esperaba la liberación de rehenes por la guerrilla marxista.
Cuéllar, secuestrado en su residencia de Florencia, la capital de Caquetá, fue velado ayer en esa ciudad. Su cuerpo será trasladado hoy a Bogotá para su entierro.
Los restos del funcionario fueron llevados a la sede de la Asamblea Legislativa provincial, en Florencia, donde miles de ciudadanos hacían fila para despedirle. Una gran pancarta que decía “Luis, estarás siempre en el corazón de los caqueteños y caqueteñas”, fue colocada a la entrada de la edificación, donde se acumularon los ramos de flores.
El Gobernador, elegido con el apoyo del Movimiento Social Indígena en octubre de 2007, había sido secuestrado cuatro veces antes de asumir como mandatario regional en Caquetá, una zona de fuerte presencia de las FARC.
Su secuestro y posterior asesinato es el más grave ocurrido en Colombia desde que el presidente Uribe asumió en agosto de 2002, y levanta críticas a la política de seguridad de su Gobierno.
La muerte activó una ola de repulsa dentro y fuera de Colombia. Varios países y organismos como Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, Human Rights Watch (HRW), la ONU y Amnistía Internacional no tardaron en condenar la barbarie.
Washington, a través de su Embajada en Colombia, se declaró “consternado” y “profundamente afligido”, al tiempo que refrendó su compromiso de “ayudar a los colombianos a defender su democracia de los narcoterroristas”.
El asesinato de Cuéllar, asimismo, cayó como un baldazo de agua fría en momentos en que se esperaba la liberación unilateral de dos militares rehenes de las FARC, que había sido anunciada por la guerrilla desde abril.
El último plagio de un mandatario regional en Colombia ocurrió en abril de 2002, cuando las FARC tomaron como rehén al gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria. Un año después, este murió durante un fallido rescate.
Tres reacciones
Oficina de la ONU en Colombia
‘La toma de rehenes es un crimen de guerra’
Para el Derecho Internacional Humanitario, la toma de rehenes constituye un crimen de guerra y la muerte subsecuente del Gobernador confiere extrema gravedad a la práctica recurrente de esta infracción por parte del grupo guerrillero. Reiteramos la exigencia a las FARC para que liberen de inmediato y sin condiciones a todas las personas que mantienen en su poder.
José Miguel Insulza/ Jefe de la ONU
‘Un acto de atrocidad y de barbarie’
Este acto de atrocidad y barbarie merece el rechazo de la comunidad internacional que apoya a Colombia en sus esfuerzos por lograr la paz. Los responsables deben ser capturados expeditamente para que, bajo el marco de la Ley, respondan por sus actos. Llamo a las FARC para que entiendan el dolor y las implicaciones de estos hechos.
León Valencia/ Analista colombiano
‘La guerrilla de las FARC se está reactivando’
Este asesinato atribuido a las FARC muestra que estas se están reactivando. Es necesario avivar una política más integral en las zonas donde se está actuando militarmente. Hay que hacer mayores inversiones en el gasto social, porque en algunas regiones existe una situación económica que permite a la guerrilla ganar simpatías y reclutar nuevos miembros.