26 de April de 2015 19:02

Familias tardan años en ubicar a responsables de accidentes viales

Mishell (izq.) todavía no se recupera de la muerte de su padre, Ángel. Su madre, María Paucar (centro), regresó a la agricultura. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.

Mishell (izq.) todavía no se recupera de la muerte de su padre, Ángel. Su madre, María Paucar (centro), regresó a la agricultura. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.

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Sara Ortiz
Redactora (I)
sarao@elcomercio.com

La orden de captura en contra de Edwin V. ahora es un papel amarillento y lleno de polvo. Los familiares de Lucía Chungandro y de Ángel Guachamín conservan ese documento y esperan que algún momento sea capturado el conductor que en el 2013 causó un accidente y provocó dos muertes.

El 22 de abril se cumplieron dos años del fallecimiento de Lucía y Ángel. Los dos eran compañeros de trabajo en una fábrica que elabora uniformes militares ubicada en Sangolquí, en las afueras de Quito.

Él era chofer de una camioneta y hacía los recorridos de los trabajadores. Ella era una obrera que esa noche, cerca de las 22:00, tras finalizar su turno subió al vehículo de Ángel.

El tío de la joven, Luis Francisco Chagotasig, recuerda que mientras se dirigían hacia Píntag, para dejar a otra compañera, la camioneta se averió. Ángel se estacionó, puso las luces de parqueo y bajó del automotor para cambiar una llanta.

Su sobrina también salió del auto para ayudarlo. Ella sostenía una linterna mientras su compañero retiraba las tuercas, cuando, a las 20:20, un auto negro que venía a exceso de velocidad los impactó y los arrolló. Edwin V. huyó y desde entonces nadie conoce su paradero.

La familia de Mireya Granda tampoco logra localizar a quien atropelló a esta joven de 37 años, en el 2009. Incluso contrataron detectives para ubicarlo, pero la única información que obtuvieron fue que el sospechoso laboraba como taxista en Guayaquil. “Tratamos de buscarlo allá, pero parece que se mudó a otra cuidad”, dice Rolando Granda, su hermano. Así, sin noticias, pasaron cinco años hasta que el proceso expiró. En los juicios de Tránsito ese es el tiempo de vigencia de una causa según el Código Orgánico Integral Penal.

En el país, solo el 15% de las 3 106 boletas de captura que están vigentes desde el 2010 se ha efectivizado. En el 85% de casos, los pedidos quedaron solo en eso, según cifras oficiales. De hecho, mientras inauguraba la Unidad Judicial de Tránsito de Quito, el ministro del Interior, José Serrano, dijo que el aumento de las muertes de personas por accidentes viales “obedece a la impunidad que ha reinado en esta materia”.

En el expediente judicial por la muerte de Lucía y de Ángel constan tres pedidos a la Dirección Nacional de la Policía Judicial. El más antiguo es de agosto del 2014. A través de oficios solicitan que se informe al abogado de las familias cuáles han sido las diligencias realizadas para ubicar al sospechoso.

El último pedido es de noviembre pasado y todavía no han tenido respuesta. Chagotasig asegura que unas tres veces llamó al agente que le asignaron para la investigación. “La única respuesta que dio es que era imposible localizarle porque no sabe dónde vive”.

Para la búsqueda de sospechosos, cada provincia tiene una Brigada de Capturadores, que son policías judiciales. Ellos se encargan de efectivizar las órdenes de detención por delitos penales, por pago de pensiones alimenticias, para investigación de un delito o para que rinda una versión y también por juicios de tránsito.

Uno de estos agentes detalla que el trabajo se inicia en el momento que son designados por su superior. Lo primero que hacen es recopilar información del prófugo entre vecinos, amigos y hasta en las redes sociales.

Luego se hace el “trabajo de campo”. Este consiste en confirmar la información a través de visitas a los lugares en donde lo vieron y, finalmente, localizarlo y capturarlo. “El problema es que no podemos pasar días enteros dedicados a un solo caso, porque a diario recibimos decenas de boletas”.

Por ello, desde el 2014, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito cuenta con agentes designados solo para delitos de tránsito. En Quito trabajan alrededor de 14 policías.

Raúl Atancuri, juez de Tránsito, reconoce que esa materia fue olvidada por los anteriores Consejos de la Judicatura. En el primer mes de trabajo de la nueva unidad judicial, Atancuri comenta que ha mejorado la captura de conductores. “Ahora todas las semanas tenemos diligencias judiciales por detenidos, lo que antes no sucedía”.

El tío de Lucía explica que por falta de dinero no ha podido contratar un detective. Luego de la muerte de su sobrina, sus dos hijas, que en ese entonces tenían 7 y 9 años, quedaron al cuidado de su abuelita. Como indemnización, la fábrica en la que la joven laboró 15 años les entregó USD 680, que les alcanzó solo para los alimentos.

Luis Francisco Chagotasig y la madre de Lucía contaron a este Diario detalles del caso. Han gastado USD 5 000 en abogados. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.

Luis Francisco Chagotasig y la madre de Lucía contaron a este Diario detalles del caso. Han gastado USD 5 000 en abogados. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.

De las facturas de abogados que guarda, los familiares calculan que han gastado USD  5 000 y el juicio está lejos de terminar. “Si en el funeral el conductor que chocó la camioneta se hubiera acercado y pedido perdón, créame, le juro, no estaríamos en este juicio tan largo”.

La vida de María Gladys Paucar, esposa de Ángel, no es muy diferente a la de la familia de Lucía. Ella recibe un montepío de USD 100 mensuales por los 13 años que su marido fue empleado de la fábrica. Ahora, para mantener su hogar volvió a trabajar en la agricultura.

Lo poco que han averiguado es que Edwin V. no tenía licencia para manejar. Sus propias investigaciones les llevaron a una escuela de conducción profesional en Sangolquí. Dice que ahí se enteró que el sospechoso se graduó como conductor cinco meses después de la muerte de los dos trabajadores.

Pese a que ya había una denuncia vigente, los familiares aseguran que la Policía no hizo nada por ubicar al sospechoso. Ellos saben que el conductor está en Pichincha. Incluso conocen que Edwin V. tiene dos demandas de alimentos en Quito y Machachi.

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