14 de mayo de 2018 00:00

Familiares piden saber qué pasó antes del secuestro; dos coroneles chatearon con disidentes

La seguridad en la frontera norte se refuerza. Un grupo de militares patrulla en la vía a Mataje. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La seguridad en la frontera norte se refuerza. Un grupo de militares patrulla en la vía a Mataje. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Redacción El Comercio
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El acto es hoy, 14 de mayo del 2018, a las 18:00. El Gobierno desclasificará los documentos relacionados a cómo el Estado procedió ante el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.

Las familias no conocen qué datos les entregarán, pero dicen que es importante saber qué sucedió en la frontera antes del plagio de sus familiares. Uno de esos hechos tiene relación con los chats que alias ‘Guacho’ mantuvo con policías de San Lorenzo.

El sábado, un alto oficial confirmó a este Diario que quien intercambiaba mensajes con este disidente de las FARC era un oficial con grado de Mayor.

Sin embargo, ayer, 13 de mayo, este Diario cruzó datos con fuentes judiciales y conoció que dos coroneles de la Policía también chateaban con ‘Guacho’. El contacto con uno de ellos comenzó en el 2017, cuando el uniformado llegó a esa población fronteriza.

Las investigaciones dicen que ese oficial nunca comunicó el hecho y fue trasladado a otra plaza como parte de los movimientos internos. Pero el teléfono, con los mensajes cargados, era institucional y fue entregado a otro coronel que llegó al sitio.

Este segundo coronel también siguió con el chat. Sin embargo, tras los hechos violentos que se desataron desde el 27 de enero, el policía se comunicó con Inteligencia y comenzó a entregar los datos que había en el teléfono.

En los mensajes revisados por los investigadores, ‘Guacho’ le escribe a uno de los oficiales y le dice: “Estaba esperando tu llamada. La próxima semana me voy a reunir con otros coroneles”.

Esta y otra información fue usada en la audiencia del pasado lunes, en donde los jueces de la provincia de Esmeraldas vincularon judicialmente a ‘Guacho’ dentro del proceso abierto por terrorismo.

Este caso se inició luego de que la red delictiva de este disidente tratara de dañar una torre de energía en la población de Viche, el pasado 4 de abril.

Los familiares de los tres trabajadores de este Diario dicen que es necesario aclarar todo.

Ellos consideran que el asesinato del equipo periodístico no es un hecho aislado que sucedió en la frontera norte, sino la consecuencia de una serie de ataques que se registraron desde el pasado 27 de enero, cuando un coche bomba explotó cerca al cuartel de la Policía, en San Lorenzo.

El Gobierno, por su parte, ha manifestado que entre los datos que entregarán están las comunicaciones que mantuvieron durante el secuestro la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y los secuestradores. Además, las bitácoras de la Policía y las FF.AA.

Una vez que los documentos estén en su poder, los parientes verificarán los documentos para saber si están completos.

Entre tanto, para hoy también está previsto que las familias hablen con los delegados de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH).

La idea es conocer las acciones y la planificación que tendrá el grupo de seguimiento, que el organismo internacional conformó para analizar el secuestro y el asesinato de los tres colaboradores.

Este ente fue creado el viernes y entre sus objetivos está el acompañamiento a los parientes del equipo periodístico. Además, se espera que el grupo analice la información que entreguen en Carondelet.

No solo Ecuador tiene datos del asesinato de los comunicadores. En Colombia también hay información y por eso un representante de cada familia viajará mañana, 15 de mayo, a ese país. La visita se extenderá hasta el viernes y entre las acciones que realizarán está un encuentro con la Fiscalía.

Lo que quieren conocer es cómo avanza el proceso de investigación del triple crimen.

También esperan obtener información de las diligencias judiciales que se han realizado para determinar a los responsables del asesinato.

Una similar reunión está planificada con los representantes de la Procuraduría de Colombia. “Es importante la reunión para saber cuáles son los compromisos del pueblo colombiano y qué acciones ha emprendido el Gobierno (de Juan Manuel Santos)”, dice Ricardo Rivas, hermano de Paúl.

Además, a través de la Procuraduría o de la Cancillería, intentan buscar un organismo que interceda en la repatriación de los cuerpos.

En contexto


La semana pasada, los familiares del equipo periodístico asesinado en la frontera con Colombia decidieron poner en custodia los documentos que esta tarde entregue el Gobierno. Así revisarán que tipo de información fue facilitada desde Carondelet.

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