La Asfadec indicó que durante la gestión del Presidente no se creó ninguna política integral para la problemática de las desapariciones. Foto: Facebook / Asfadec – Desaparecidxs en Ecuador
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec) denuncia una supuesta falta de respuesta de diferentes entidades del Estado que tiene a cargo la investigación sobre personas desaparecidas.
Según un comunicado de prensa, difundido la tarde del jueves 18 de mayo de 2017, “han pasado cinco años y el presidente (Rafael) Correa no ha dado respuesta a tres preguntas que nos devolverían la vida, la alegría y las ganar se seguir soñando. Más bien se ha invisibilizado a nuestros hijos, padres, hermanas, madres y amigas desaparecidas con sus estadísticas frías que hablan de supuesta efectividad y que son expuestas ante la opinión pública a nivel nacional y ante la comunidad internacional cuando el Estado ecuatoriano fue evaluado (a inicios de mayo) por el Comité contra desapariciones forzadas de Naciones Unidas en Ginebra”, se señala.
La Asociación indica que durante la gestión del Presidente “no se logró crear una política integral que atienda la problemática de las personas desaparecidas“.
Sin embargo, en este tiempo el Estado ha desarrollado un plan de recompensas para las personas que se encuentran desaparecidas y se ha reunido con familiares de las víctimas y con funcionarios de los ministerios y Policía para desarrollar estrategias en conjunto.
Asfadec, por otro lado, ha solicitado desde hace tres años la tipificación de la desaparición involuntaria en el nuevo Código Integral Penal. Además de la elaboración de un reporte de hospitales, morgues, terminales, etc., que incluya información detallada sobre personas desaparecidas o NN (sin nombre) que hayan sido ingresadas o atendidas en dichas instituciones.
Para los allegados, otro problema que dificulta la búsqueda de sus desaparecidos es la rotación constante de fiscales y agentes investigadores. Por ejemplo, Carolina Garzón Ardila desapareció el 28 de abril del 2012, sector de Paluco, en Quito. Su caso sigue abierto y han pasado siete fiscales y cuatro agentes.
Juliana Campoverde Rodríguez desapareció el 7 de julio de 2012, en el sector Biloxi. Hasta el momento 11 fiscales y ocho agentes han investigado su caso. Camilo Carlos Antonio Tobar desapareció después de salir de su trabajo, en el sector Cumbayá, en Quito, el 17 de abril de 2012. En este caso han pasado seis fiscales, 12 agentes, y así decenas de casos más que recoge la Asociación.
En cambio, el Gobierno ha creado la Dirección de Delitos Contra la Vida y Desapariciones, que actualmente tiene una tasa de efectividad en siete de cada 10 casos.