7 de junio de 2018 19:05

Familia espera que el Estado atienda a Édison Cosíos, lesionado en protesta

Manuel Cosíos (izq.), padre del joven; Wilma Pineda, madre, y Wilson Camino (der.), abogado de la familia. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Los padres de Édison Cosíos, estudiante del Colegio Mejía -que fue impactado por una bomba lacrimógena el 15 de septiembre del 2011-, demandaron al Estado ecuatoriano.

En una rueda de prensa que se realizó este jueves, 6 de junio del 2018, por la mañana en la sala de su casa, en La Argelia (sur de Quito), Manuel Cosíos, padre del joven, explicó que interpusieron esa acción legal, porque están “cansados de rogar” para que su hijo reciba la atención médica que necesita.

Pero los familiares dicen que el Tribunal Contencioso Administrativo inadmitió la demanda, por considerarla extemporánea. Para el abogado de la familia, Wilson Camino, la acción fue presentada dentro del tiempo permitido por la Ley. Por eso presentaron una revocatoria a la decisión judicial y esperan este viernes 8 de junio conocer una respuesta.

En el caso de que la demanda no prospere, los padres de Édison interpondrán una acción de protección en la Corte Constitucional e incluso analizan acudir a instancias internacionales.

Los padres de Édison reclaman el derecho que tiene su hijo a la salud, a recibir medicamentos y a mantener una buena calidad de vida.

Según Wilma Pineda, madre del joven, los gastos para mantener a su hijo sobrepasan los USD 2 000 al mes. “Tenemos que comprar medicamentos en el exterior, porque no constan en el cuadro de medicinas del Ministerio de Salud y no contamos con los recursos necesarios para seguir adquiriéndolos”, dijo.

Desde hace seis años y nueve meses, Édison permanece postrado en una cama y requiere los cuidados permanentes de su madre. Ella debió renunciar a su trabajo y ahora el hogar se sustenta únicamente con el salario que recibe el padre y con el bono Joaquín Gallegos Lara.

Para la familia es fundamental que el Estado regrese la mirada a su caso. “Estamos psicológicamente destruidos con todo lo que hemos tenido que vivir en estos años”, mencionó la madre de Édison.

En este caso se declaró culpable al teniente de Policía Hernán Salazar y se lo sentenció a cinco años de prisión y al pago de USD 100 000 como indemnización. La madre de Édison sostiene que no han recibido ese valor.

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