23 de April de 2010 00:00

Hace falta más debate sobre la ley de Comunicación

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Redacción Judicial



¿Cómo se ve, desde las organizaciones de derechos humanos, al proyecto de ley de comunicación que se tramita en la Asamblea?

Creemos que es una normativa necesaria, pero que aún debe mejorar para que realmente pueda ser un instrumento que garantice el derecho de las personas a la comunicación y a la libre expresión. Hasta ahora vemos que básicamente es una ley para vigilar a los medios de comunicación masivos. Está diseñada para limitar a las cadenas informativas.

¿Qué elementos de la comunicación no están contemplados en la ley?

Otras formas de comunicación más directas, comunitarias, de pensamiento y micropensamiento. Hay que propiciar otros tipos de conocimiento, de culturas, de hábitos, de promoción de derechos humanos que no pasan necesariamente por los medios de comunicación públicos o privados. Por ejemplo, cuando nosotros intentamos hacer una campaña para promover los derechos se nos han cerrado muchas puertas.

¿Qué ámbitos jurídicos hacen falta pulir en el proyecto de ley?

Por ejemplo el marco legal para poder organizar veedurías ciudadanas de control y vigilancia social. No solo a los medios de comunicación, sino a todas las instituciones y entes que tengan que ver con la dimensión pública. Eso no está contemplado, pero nos hacen creer que sí en las propagandas del Gobierno y los medios.

¿Estamos frente a una campaña publicitaria de la nueva ley de comunicación, en lugar de una campaña informativa ?

Efectivamente, y el riesgo es que nos quedemos con superficialidades. Más que difundir la ley lo que hace falta es reestructurar el proyecto, a partir de espacios de involucramiento social. Ampliar el debate y no quedarse solo con lo que ya se definió. Que a las personas beneficiarias de la ley nos permitan opinar, definir los contenidos, los mecanismos de control, los alcances y la forma de regular la comunicación.

Según los asambleístas que promueven el proyecto, sí hubo una etapa de participación donde se recogieron las propuestas de diferentes sectores y actores de la comunicación.

Evidentemente, pero un indicador muy claro es que hace falta más debate. Lo resuelto hasta ahora aún es insuficiente para alcanzar acuerdos entre los diferentes actores. Sin consensos mínimos ese proyecto no puede aprobarse. Sería un error y las consecuencias recaerían sobre la ciudadanía. Hay que tomarse el tiempo que sea necesario para aprobar una buena Ley.

¿Eso no significaría echar abajo lo que hasta ahora se ha avanzado?

Estamos hablando de un ámbito de la vida humana sumamente importante que no debe tomarse a la ligera. Llegar a consensos es posible si se piensa en el bien común y no en los intereses políticos que puedan existir detrás de la elaboración del proyecto de ley de comunicación. Hay que pensar en todos y no solo en quien tiene el poder.

¿Qué propuestas cree que se deben incluir en el proyecto, desde el enfoque de derechos humanos?

Debe haber una normativa clara donde se defina las reglas para hacer comunicación. Que haya un aparato autónomo de Gobierno que vigile que se aplique la ley de forma independiente y sin presiones de ningún poder del Estado.

¿Quiénes deberían conformar ese ente?

No es necesario crear un nuevo espacio para aplicar la ley. Puede asignarse esa función a la actual administración de justicia, que cuenta con las personas y los recursos necesarios para cumplir ese papel.

Es decir, ¿los fiscales, defensores públicos, comisarios, etc?

Sí, tenemos todo un aparato autónomo del Gobierno para ejercer ese control. Lo que nos preocupa es que haya organismos que quieran o puedan monopolizar los mecanismos de control y, por tanto, el acceso a un servicio de la ciudadanía. Todas las personas deberíamos tener la posibilidad de pedir cuentas sobre la forma en que se hace comunicación en el país.

¿Cómo lograr esa independencia, cuando el mismo aparato de justicia ha estado históricamente ligado a los gobiernos?

Hay que entender que es un proceso cultural y político enraizado en la sociedad. Eso no significa que no se deba o pueda cambiar. Es importante que la ciudadanía se involucre con los procesos y vigile a los administradores de justicia. Lamentablemente, aún no se puede asegurar una independencia de las instituciones, pero hay que estar al frente de la lucha, para que la situación cambie.

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