16 de junio de 2017 00:00

Falta de dinero, el reto para la nueva Súper de Ordenamiento Territorial

El ministro de Defensa, Fernando Cordero, habla sobre los lotes que el Issfa vendió al Ministerio del Ambiente. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

Fernando Cordero planea una ‘minga’ con las autoridades. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Política

Fernando Cordero tiene la misión de crear la nueva Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo.

Esto tras su nombramiento como titular de ese organismo. Ayer, 15 de junio de 2017, comentó que apostará por el fortalecimiento de la descentralización.

Cuando se haga oficial su posesión, en los siguientes días, llamará a una “gran minga” a los gobiernos locales y a la Academia, para construirla.

El expresidente de las asambleas Constituyente y Nacional fue seleccionado por el Consejo de Participación Ciudadana.
Cordero reconoce que será complicado conformar la institución. El presupuesto estatal está prorrogado (por las elecciones de este año) y se aprobará en septiembre.

Pero, pedirá “posada” si es necesario en otra entidad para empezar a trabajar, apenas ejerza funciones. Entre sus primeras acciones estará crear la reglamentación para el funcionamiento de la Superintendencia, así como contratar personal y buscar instalaciones para su funcionamiento. Esto se hará, afirma, sin crear funciones que no sean indispensables.

La nueva institución deberá ser un organismo desconcentrado, ya debe trabajar de cerca con todos los niveles de gobierno locales, prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Por eso planea tener sedes en las siete zonas en que está dividido el país, así como en Quito y Guayaquil.

La Súper fue creada por la Ley de Ordenamiento Territorial, que entró en vigencia el 5 de junio del 2016. Durante el debate de la normativa, varias autoridades locales rechazaron el proyecto.

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, lo calificó de inconstitucional, porque intervendría en las competencias de los municipios. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, llegó a decir que no la acataría en caso de aprobarse, ya que considera además que tenía el “fin oscuro de ejercer presión” sobre los gobiernos autónomos descentralizados.

Pero Cordero sostiene que, si bien la Ley le otorga facultades coercitivas y de sanción, esta es “una muestra legislativa de una apuesta por la descentralización”. Afirmó que no va a suplantar a las autoridades locales, sino a ayudarlas.

Y que incluso, si hay necesidad de reformar alguna ley o reglamento, que afecte la descentralización y competencias de los GADs, por error o contradicción con la Constitución, habrá que corregirlas.

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