El presidente Juan Manuel Santos durante una reunión con las FARC, en La Habana, Cuba. Foot: AFP.
El acuerdo anunciado el 23 de septiembre del 2015 por el gobierno colombiano y las FARC, que prevé la creación de un tribunal especial y una ley de amnistía, es quizá uno de los puntos más importantes de la agenda pactada, pero no el último en el camino para el fin del conflicto más longevo de América.
Desde mayo del año pasado, las conversaciones de paz parecían haberse congelado luego del acuerdo parcial en el punto referente a la solución del problema del narcotráfico y los cultivos ilegales, en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a “poner fin” a su relación con las drogas.
Sin embargo, paralelo a la discusión sobre el reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto, que incluyó en la mesa a varios grupos de afectados por la guerra, los equipos trabajaron en el punto referente al “fin del conflicto“, el tercero de los seis ítems acordados al inicio de los diálogos en noviembre de 2012.
Aunque el inicio del fin del conflicto se selló con lo anunciado hoy por las partes, queda todavía pendiente por resolver el tema de las víctimas y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Sobre la mesa se mantiene la discusión de sub puntos determinantes como el alto el fuego bilateral y definitivo, la revisión de la situación por parte del gobierno de los presos de las FARC y la intensificación de las acciones gubernamentales para combatir a las organizaciones criminales del país.
Además, se debe definir el método democrático con el que los colombianos aprobarán o no lo acordado por las partes en Cuba, cuyo primer paso se dio la semana pasada con la presentación ante el Congreso de un proyecto de reforma para crear mecanismos ante una eventual aplicación del texto final.
Dentro de lo planteado por el gobierno, están la implementación de una comisión legislativa especial y el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente por un periodo de 90 días que le permitirían convocar a un referendo para la paz.
La aplicación de una justicia transicional se suma a los acuerdos parciales referentes al desarrollo agrario integral (mayo de 2013), la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen (noviembre de 2013) y la lucha contra el narcotráfico (mayo de 2014), además del compromisos de desminado (marzo de 2015).