18 de enero de 2017 00:00

Fallo del fiscal Tibanlombo desata confusión legal

oto: paúl rivas / el comercio La audiencia de dictamen por el delito de cohecho inició ayer. Varios abogados dicen que se violó el proceso.

La audiencia de dictamen por el delito de cohecho inició ayer. Varios abogados dicen que se violó el proceso. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO 

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Javier Ortega

Los abogados de los 18 procesados en el escándalo de corrupción en Petroecuador expresaron el mismo criterio: hay ‘vicios’ en el proceso y se debería declarar nulo el juicio.

Durante tres horas, entre las 10:30 y 13:30, la defensa de los sospechosos habló de “violaciones de las garantías procesales”. Esta audiencia se instaló luego de que la semana pasada la Judicatura suspendiera al fiscal Jacinto Tibanlombo, porque presentó un fallo en el que no acusaba a siete personas indagadas en este caso.

De hecho, María Teresa Torres, quien asesora al contratista petrolero Humberto G. dijo, entre otras cosas, que el dictamen no acusatorio del fiscal Jacinto Tibanlombo beneficiaba a su cliente. Y solicitó que se tome en cuenta ese fallo.

Lo mismo exigió el abogado de la madre, esposa, y padrastro de Álex Bravo, exgerente de la petrolera que permanece detenido desde mayo del 2016. Un pedido similar hizo la defensa del hijo y de la hermana de Carlos Pareja Yannuzzelli. Ellos aparecían entre los favorecidos del fallo fiscal.

Así transcurrieron, el martes 17 de enero del 2017, las primeras horas de la audiencia donde se determinará si la Fiscalía llama o no a juicio a los 18 procesados por cohecho.

El fallo de Tibanlombo fue de lo más analizado en la diligencia. La defensa de los procesados dijo que el dictamen de este fiscal forma parte del expediente y, por tanto, se lo debería tomar en cuenta.

El viernes 13 de enero, horas después de la sanción, la Fiscalía designó a Juan Carlos Zúñiga como nuevo investigador. Desde entonces, el agente se hizo cargo de un proceso que tiene 13 000 páginas. El 17 de enero, él llegó poco antes de las 09:00 al complejo judicial y aclaró que revisó todas las páginas, “hoja por hoja”.

Zúñiga cuestionó las quejas de los abogados y dijo que el proceso debe continuar porque no hay ningún vicio. Sobre el dictamen de su compañero, el agente advirtió que la sanción se produjo el jueves 13 de enero; es decir, el mismo día que Tibanlombo envió el documento a la jueza Karen Matamoros, quien tramita este caso.

La Procuraduría fue más allá y señaló que el fallo carece de validez, porque la sanción ocurrió a las 10:01 del jueves, es decir; antes de que el dictamen fiscal se incluyera en el proceso (13:00 del jueves), “Esta notificación (de la Judicatura) invalida cualquier decisión”, precisó la abogada del Estado.

Sin embargo, Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, ha asegurado que conoció el fallo del fiscal Tibanlombo la tarde del jueves.

En la audiencia del martes también se discutieron otros puntos. Lorena Grillo, quien defiende al contratista Javier Baquerizo, relató que su cliente está detenido desde el 16 de agosto del año pasado, pese a no haber “ningún documento” que lo involucre con el pago de sobornos a funcionarios.

Por eso propuso un pago de USD 3 750 de fianza para que él se defienda en libertad.

El fiscal Zúñiga se opuso a la fianza por el riesgo de que el procesado huya del país.

El abogado de Petroecuador también se negó a este beneficio, pero solicitó a Matamoros que, en caso de que se otorgue esa medida, se tome en cuenta que Baquerizo fue accionista de Oil Services & Solutions, empresa que suscribió 12 contratos con la petrolera por un total de USD 44 millones.

Tras escucharlos, Matamoros fijó en USD 22 millones la fianza. Grillo dijo que ese es un monto imposible de pagar.

Otro tema que se analizó fue un pedido del abogado de Ramiro Luque y Glenda Meza, socios de Galileo Energy. Esta empresa firmó contratos con Petroecuador por USD 38,1 millones sin IVA, como representante de la extranjera Veolia, la cual ahora le acusa de supuesta estafa. Un mes antes de la audiencia de vinculación, la pareja donó su casa, de 621,39 m2, a su hijo de 9 años.

El trámite de donación se empezó en la Notaría 44 de Quito el 15 de septiembre del 2016, pero se concretó el 27 de ese mes. Meza y Luque se fueron a EE.UU., un mes antes de la donación, el 13 de agosto. Ambos tienen orden de captura internacional.

El abogado de Petroecuador se negó a la devolución y dijo que esto es una “argucia” para tratar de evadir la justicia.

Sin embargo, la defensa de la pareja sostuvo que “pueden decir que la donación es fraudulenta o apresurada, pero los documentos son legales”.

Por esto, la jueza Matamoros aceptó el pedido y ordenó la entrega del bien.

El miércoles 18 de enero continúa la audiencia desde las 09:30. Allí, el fiscal Zúñiga presentará el dictamen y se sabrá si los sospechosos de este caso son llamados o no a juicio por el supuesto delito de cohecho en Petroecuador.

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