29 de November de 2009 00:00

Falencias en la administración del riego

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Redacciones Cuenca y Loja

Manuel Pulla, tiene 71 años, vive en medio de un  paraje rodeado de árboles, vertientes y pastizales. En Victoria del Portete, Cuenca, corre agua por todos lados. El recurso abunda. 



Tarifas y organización
El adjudicatario de una concesión de agua individual (soberanía alimentaria o riego)  paga USD 1,85 al mes en la Senagua. El año anterior se recaudaron USD 120 000 por las concesiones. 
En los sistemas comunitarios, los derechos se otorgan según la necesidad del interesado. En la mayoría de casos no se considera la disponibilidad real del líquido (calidad y cantidad) en las fuentes de captación.
Para Luis Quinde, del sistema Nero, el Régimen debe asistir en la parte técnica y financiera.No acepta que en la Ley de Agua los sistemas sean administrados por el Estado.
Los sistemas de Baños (5 000 usuarios) y Patamarca (3 000) están entre los mejores administrados. El de Baños dispone de laboratorio químico con profesionales que trabajan las 24 horas en la planta.La parroquia, donde viven 7 300 habitantes, es la que más fuentes de agua tiene en la capital azuaya. Está bañada por  los ríos Irquis y Tarqui, que nacen en el Parque Nacional Cajas. Allí hay  seis sistemas de agua para consumo humano y para riego.

Por la casa de Pulla cruza el sistema de riego Irquis-Carrasco-Zhuruguzo. De allí  recoge el agua (no es potable)  para su familia y para preparar  alimentos.

María Loja es una de las vecinas que presiona por un derecho para el sistema Victoria de Portete-Tarqui, que tiene agua potable. Por la topografía  irregular no puede llevar  una red a su  casa.

Ese es uno de los problemas en  los sistemas  de Azuay. Se suman el mal servicio, morosidad y falta de mantenimiento. Eso lo  reconoce Lizardo Zhagui, directivo del sistema Victoria de Portete-Tarqui, con 20 kilómetros.

En el área  rural de Azuay  habitan  287 782 personas, cerca de    220 000 son abastecidas por sistemas   agrupados en juntas o comités. Según  la Secretaría Nacional de Agua,  en Azuay   existen 300 sistemas  para consumo humano y 600 para riego.

El proyecto Nero  es el más grande de la provincia. Fue creado hace 17 años con 200 familias y  ahora tiene más de 6 000, de las parroquias Turi, El Valle y Baños, principalmente.

El crecimiento poblacional y la reducción de caudales en la zona de  captación (Zhucay) afectan al servicio. Nero tiene concesionados 60 litros por segundo y en sequías como la actual baja a 40.

Esto afecta al suministro  y hay más molestias. Isolina Guaillas y Luzmila Ortega, por ejemplo, en el último mes no han tenido suficiente agua  hasta una semana.

Según Ortega, ahora hay familias que usan el agua potable para regar. Como en la mayoría de sistemas, por la falta de medidores, el  abonado paga la tarifa  unificada mensual, que no considera  la cantidad del líquido usado.

En Nero, el usuario cancela USD 2,50 por 15 metros cúbicos de agua.  Según su presidente, Luis Quinde, es una  tarifa solidaria fijada.   En Tarqui, en cambio, Lucía Yanque (29 años)  paga USD 1,50 al mes y cada derecho vale  USD 300, que se  puede cancelar hasta en  dos años.

Para Carlos Pérez, titular  de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, los sistemas no tienen fines de lucro sino buscan satisfacer necesidades.

Pero en la mayoría de sistemas hay  morosidad y los ingresos no alcanzan para cubrir costos del servicio. En Checa hay otros problemas. Allí, pese a existir dos sistemas, el servicio no llega a todos los usuarios. Las plantas procesan 20 litros por segundo.

Según el presidente de la Junta Parroquial, Jorge Torres, con 8 litros, los 10 000 habitantes están abastecidos. “Pero gran parte del agua se desperdicia por fugas o conexiones clandestinas”.

En Loja, las 15 familias de Los Pinos, a dos horas y media de la ciudad, esperaron seis meses para que el ex Consejo Nacional de Recursos Hídricos  autorice el uso  del agua de una quebrada.

En  esa concesión no se fija la  tarifa que se pagará y no está establecido lo que se debe cancelar al Estado. En Loja hay 20 sistemas de riego construidos  por el Estado y manejados por un Comité de las  juntas de regantes.

Cada uno garantiza el servicio y la infraestructura. Por ejemplo, los 220 usuarios del canal Jorupe-Cangochara (Espíndola) pagan cuotas de USD 20 al  año por cada hectárea de terreno.

Con eso cancelan a los canaleros (obreros) para el mantenimiento. A parte de esto aportan con mano de obra  para la limpieza cuando hay derrumbes.

Según el presidente  de las Juntas de Regantes de Loja, Francisco Rosales,  las juntas  quieren seguir administrando los canales, pero exige la ayuda del Estado para las inversiones.

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