21 de julio de 2014 17:09

Las facultades de la Junta suben de 48 a 55

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Mónica Orozco. Coordinadora (I)

El economista Victor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economista de Pichincha, está en estos momentos en el set de EL COMERCIO para hablar sobre el Código Monetario.

Albán, considera que el país entero debe debatir a profundidad y con responsabilidad sobre las cuestiones transcendentales que contiene la propuesta remitida al Ejecutivo. 

El número de funciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera aumentó tras el paso del proyecto de Código Monetario por la Asamblea.

La propuesta, enviada por el Ejecutivo el pasado 25 de junio, crea una junta con amplios poderes para el control del sistema financiero, del mercado de valores y de seguros. Al frente de este “súper” órgano de regulación estarán cinco miembros elegidos únicamente por el Ejecutivo.

Según el proyecto original, la junta tiene 48 funciones y tres facultades macroeconómicas. Entre ellas, aprobar la programación monetaria, crediticia y financiera del país alineada al programa económico, manejar la política de inversiones de los excedentes de liquidez y regular la moneda electrónica.

Pero en el informe para segundo y definitivo debate, presentado la noche del sábado pasado por la Comisión de Régimen Económico, se fijaron siete funciones adicionales.

Entre ellas, dictar normas de transparencia y divulgación de información para las entidades financieras, de valores y seguros; dictar normas para el pago de la cobertura del Fondo de Seguros para proteger a los clientes cuando quiebre una aseguradora; regular la alternabilidad de los administradores de las entidades financieras populares y solidarias, etc.

Desde varios sectores se cuestiona la concentración de tanto poder en un solo cuerpo y, además, la especie de inmunidad de la que disponen sus miembros, pues el Ejecutivo plantea que toda acción judicial que se inicie contra ellos “será ineficaz”.

Pero la Comisión insistió en su último informe que la Junta será responsable por sus actuaciones administrativas.

El asambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, justificó el número de funciones en el hecho de que la Junta aglutina lo que hoy hacen cuatro juntas: la Bancaria, la de la Súper de Bancos, la del Directorio del Banco Central y la del Sector Financiero Popular y Solidario. “Las atribuciones de esas cuatro entidades suman 57. Si se hace solo un análisis cuantitativo, la actual junta tiene menos facultades de lo que hoy tienen esos entes”.

El Pleno se reunirá mañana para debatir el proyecto. El plazo para tramitar la norma vencerá el viernes de esta semana.

¿Ha existido el debate necesario sobre el Código Monetario?

Dinero electrónico con respaldo

Gran parte de las observaciones que llegaron a la Comisión respecto al proyecto de Código Monetario y Financiero fue sobre el dinero electrónico. Las autoridades han explicado que no se trata de una nueva moneda, sino solo un medio de pago que utilizará el teléfono celular para la compra de bienes en establecimientos como farmacias, supermercados, etc. También han señalado que habrá respaldo en dólares, es decir, si una persona tiene USD 1 podrá cambiarlo por su igual en electrónico.

Pero asambleístas de oposición y el sector empresarial solicitaron que esto quede escrito en el proyecto de Código.

En su informe para segundo debate, la Comisión propuso que la circulación de la moneda electrónica esté respaldada con los “activos líquidos” del Banco Central. El asambleísta independiente Ramiro Aguilar señaló que, con ello, se busca evitar la posibilidad de emitir moneda sin respaldo.

Solca conserva sus recursos


En el informe para segundo debate, se acogió la observación de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), que temía perder USD 62 millones anuales que hoy recibe del Fisco. Esto porque el proyecto original de Código plantea derogar la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, que en uno de sus artículos garantiza la entrega de estos recursos estatales a Solca. Pero la Comisión incorporó una transitoria para que esta institución no pierda esta asignación.

De acuerdo con el proyecto original también se elimina la preasignación para maternidad gratuita, por USD 15,1 millones.

La Comisión agregó una disposición para que esos recursos sean entregados por el Estado con cargo al Presupuesto estatal.

También sugirió mantener el Fondo de Desarrollo de la Infancia, que se alimenta con dineros de premios no reclamados de los sorteos. El Ejecutivo propuso que vayan a las arcas fiscales.

El Fondo de Liquidez se ajusta


Hoy, la banca puede acceder a créditos del Fondo de Liquidez (que se alimenta, entre otros, con el 10% de las utilidades de los bancos privados) para afrontar problemas de liquidez como una corrida de depósitos. El fondo debe invertirse bajo cuatro principios: seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad. Por ello, se exige que la inversión se realice en títulos con calificación igual o superior a “AA” (menor riesgo y más seguras).

Aunque el Ejecutivo plantea en su proyecto conservar los cuatro principios para las inversión, elimina la exigencia de que sean en activos “AA” o más. En su informe, la Comisión puntualizó que no acogió la sugerencia de que “las inversiones sean “AA” o más, inexistentes en el medio financiero ecuatoriano, pues eso significará que por ley se deban invertir los recursos en el extranjero”. Pero incluyó que los funcionarios a cargo del Fondo serán responsables de su correcta inversión.

La deuda con IESS se regula

El proyecto de Código Monetario también busca normar el pago de las contribuciones pendientes del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Las contribuciones tienen que ver con el pago de los gastos de salud de los jubilados y el aporte del 40% para las pensiones.

El Ejecutivo propone eliminar las multas y recargos cuando el Estado se atrase en el pago de estas contribuciones. En lugar de ello, dice el proyecto, se pagará la tasa de rendimiento promedio ponderado de cada año de las inversiones del Biess. Empleadores y jubilados cuestionaron la propuesta a la que calificaron de “inconstitucional”.

La Comisión resolvió eliminar el pago de multas, recargos e intereses para las contribuciones que adeude el Fisco, pero solamente por pensiones. No se aclaró cómo se procederá cuando existan pagos atrasados por salud.

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