16 de March de 2015 21:39

La oferta de extraditar a Delgado lleva 18 meses

Desde la izquierda: el fiscal general Galo Chiriboga, el presidente de la Judicatura Gustavo Jalkh y la ministra Ledy Zúñiga. Foto: EL COMERCIO

Desde la izquierda: el fiscal general Galo Chiriboga, el presidente de la Judicatura Gustavo Jalkh y la ministra Ledy Zúñiga. Foto: EL COMERCIO

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Sara Ortiz

La Fiscalía General realizó ayer un nuevo anuncio para extraditar a Pedro Delgado, expresidente del Banco Central, quien el domingo fuera condenado por el delito de peculado en el caso Cofiec. Pero los primeros trámites para traerlo desde Estados Unidos comenzaron en septiembre del 2013.

El 30 de ese mes, el juez nacional Vicente Robalino solicitó que Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), gestionara su extradición en un juicio por uso doloso de documento falso.

Ayer, después de que se reu­niera con los integrantes de la denominada Mesa de Justicia (foto), el fiscal general, Galo Chiriboga, dijo que esta vez la situación jurídica de Delgado para impulsar su extradición “mejora” con la sentencia.

Los jueces penales de la CNJ Luis Enríquez, Miguel Jurado y Richard Villagómez lo sentenciaron por haber participado en la concesión de un préstamo de USD 800 000 sin garantías para el empresario extranjero Gastón Duzac. De hecho, este último también es requerido por la justicia, luego de que la Corte Nacional lo mencionara como autor del delito de peculado. Los jueces además procesaron a Antonio B., Francisco E., Marcelo O. y Pedro Z.

Pero un anuncio similar al de ayer, se hizo en noviembre pasado. En ese entonces, la Fiscalía General informó del inicio de la extradición de Delgado.

Lo hizo siete meses después de que el Tribunal Penal de la CNJ ratificara la prisión preventiva contra él y Duzac.

El ciudadano argentino fue el único detenido en su país, pero salió libre tras pagar una fianza.

Ambos tienen alerta roja en la Policía Internacional (Interpol). Pero ahora las autoridades reconocen que esta medida “se queda solamente en alerta”, pues “no hay aprehensión”.

En la Corte Nacional de Justicia, la única información que hay sobre pedido internacional en contra de Delgado es que fue calificada como “procedente” en Estados Unidos. Ese dato consta en el informe de rendición de cuentas del 2014.

Ese año, el alto tribunal de justicia pidió a naciones como Venezuela, Colombia, Bolivia, Panamá, República Checa, Perú, entre otros, la extradición de 29 ciudadanos ecuatorianos y extranjeros solicitados por la justicia local, por delitos como lavado de dinero, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, etc.

La Corte también gestionó 26 pedidos y quedaron pendientes 18, que incluyen las solicitudes de años anteriores.

En esa lista están los casos que arrastran los hermanos William y Roberto Isaías, exdueños del banco Filanbanco.

Los pedidos tampoco se han hecho efectivos, pese a que tienen una sentencia de ocho años por malversación de fondos y una orden de prisión vigente desde el 2003. Ese año, el juez Armando Bermeo los llamó a juicio plenario por mal uso del dinero de los depositantes.

Según la firma auditora Price Waterhouse Cooper, el perjuicio asciende a USD 654 millones. Otro pedido de prisión y retorno al país de los banqueros ordenó el entonces conjuez Felipe Granda, en el 2010.

Según la Ley de Extradición Internacional, para presentar el trámite de extradición se deben incluir la sentencia ejecutoriada o las actas judiciales que dan inicio a un proceso legal de un sospechoso por cualquier delito y con una pena
superior a un año de prisión.

En la Ley se dispone que un Estado puede entregar a un ciudadano siempre y cuando esté condenado o tenga un proceso penal abierto en el país.

Solo con Estados Unidos, Ecuador tiene cinco procesos de extradición pendientes.

Allí están: el expresidente Jamil Mahuad, condenado por el delito de peculado bancario; los banqueros Roberto y William Isaías; Delgado y el exgeneral de Policía Édgar Vaca, procesado por supuestos crímenes de lesa humanidad.

El ministro del Interior, José Serrano, en su visita Washington en enero pasado, explicó que aprovechó una reunión que mantuvo en el Departamento de Estado para plantear un tema prioritario que Estados Unidos tiene pendiente con el Ecuador. Se refería precisamente a esos procesos en los que se pide el regreso de ecuatorianos buscados por la justicia. “Quien ha sido juzgado y sentenciado por un delito, en este caso, hechos financieros y económicos en el país, debe también estar con la alerta respectiva de Interpol, es decir la alerta roja”, planteó Serrano al subsecretario de Estado adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, John Feeley.

De allí que Chiriboga advierte que con la sentencia condenatoria en contra de Delgado, los Estados Unidos están “jurídicamente obligados a cumplir”. Esto, no únicamente por los tratados que están vigentes con ese país, sino “incluso por la práctica de la cortesía y reciprocidad internacional entre ambas naciones”.

En contexto

En el caso de Gastón Duzac y Pedro Delgado, las autoridades dicen que solo esperan la sentencia escrita de la Corte Nacional de Justicia, para “dinamizar”, el proceso de extradición de ambos. Además se anunció una reunión con el Embajador
de EE.UU. en Ecuador.

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