En su primer encuentro con los medios de comunicación, la nueva secretaria de Estado de Inmigración, Ana Terrón, se mostró partidaria de las expulsiones en plazos “cortos” de inmigrantes irregulares porque ve en ello la fórmula más adecuada desde el punto de vista social y humanitario. “Nadie es partidario de eternizar situaciones irregulares”, manifestó la funcionaria.
16 000
extranjeros
regresaron a sus países al acogerse al Plan de Retorno español.Durante su intervención, en un encuentro en el que pidió varias veces no ser grabada, Terrón informó que en unas semanas estará listo el Reglamento de la nueva Ley de Extranjería, que ahora se somete a consulta de los agentes sociales. “No vamos a sacrificar ni la técnica jurídica ni el consenso necesario en aras a una prisa que en realidad tampoco me parece que sea tanta”, añadió.
Señalo que se analizan cuestiones como el empadronamiento, sobre lo cual adelantó la voluntad de evitar la creación de “pisos patera” y “situaciones fraudulentas” en torno a este trámite, al tiempo de ratificar las sanciones a propietarios de inmuebles que permitan empadronamientos fraudulentos.
Sobre el requisito de demostrar ‘esfuerzos de integración’ para la obtención del arraigo y otros derechos, la Secretaría se mostró poco partidaria de la “inclusión de elementos subjetivos en las leyes. ¿Cómo pueden medir actitudes?, las leyes tienen que ser claras”, subrayó Terrón y valoró que los elementos de integración “son múltiples y muchas veces intangibles”.
La Secretaria de Estado también mostró su preocupación frente al “auge de fuerzas de corte xenófobo” en España, aunque las calificó de “minoritarias” y que no “reflejan la realidad del país”. Sin mencionarla, hizo alusión al partido Plataforma per Catalunya, del que dijo “sería absurdo pensar” que en plena época de la globalización no tiene contacto con otras formaciones europeas de la misma ideología.
En cuanto al incremento de las redadas contra inmigrantes dijo que no tiene constancia de ello más que lo que se ha informado por la prensa “no sería razonable ni jurídicamente aceptable”.Terrón se comprometió a hacer consultas al Ministerio del Interior sobre este particular.
Informó además que unos 16 000 extranjeros regresaron a sus países como parte de los dos programas de retorno voluntario estatales.