Expropiar significa privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. El solo hecho de escuchar la palabra expropiación, altera a todo aquel que tiene un terruño, más aún en un Gobierno de izquierda. El presidente Correa y su eficiente Ministro de Agricultura, han hecho pública la intención del Estado de transferir y expropiar 130 mil hectáreas de tierras improductivas a favor de agricultores asociados o agrupados, garantizándoles créditos, insumos y capacitación para producir las mismas. Si estas pertenecen al Estado y este tiene dinero suficiente para financiar a todo aquel que quiera producirlas, me parece estupendo, pero en ese caso no cabría hablar de expropiación, ya que no es factible que el Estado como tal le expropie propiedades agrícolas a instituciones del propio Estado. En mi opinión, el Estado no debería ser propietario de tierras cultivables, las cuales deben estar en manos de quienes las pueden hacer producir.
La Constitución de la República, en su art. 321, reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas privada, pública, asociativa, cooperativa, mixta, etc., y el art. 323 permite a las instituciones del Estado por razones de utilidad pública o interés social o nacional, la expropiación de bienes previa su justa valoración, indemnización y pago, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y bienestar colectivo. El art. 66, ratifica en su numeral 26, el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental.
Antes de pensar en expropiar tierras de particulares, que parece ser el segundo paso del Gobierno, hay que hacer un censo e inventario de las tierras improductivas, y analizar el porqué no se han cultivado las mismas, pues no cabe que se expropien tierras a nadie para dárselas a otros que no las van a poder producir por falta de financiamiento o de insumos.
En lugar de pensar en expropiaciones, se puede meditar en la conveniencia o no, de hacer lo que se hace en Francia, país eminentemente socialista y agrícola, donde en términos generales “expropiar” es sinónimo de mala palabra. Ahí, al agricultor que no cultiva su tierra, se le da un plazo para cultivarla y de no hacerlo se le autoriza a venderla, y si esto no se hace, se lo obliga a vender esa tierra mediante subasta pública, primero a quienes son sus vecinos y de no ser de su interés, a quien deseare adquirirla.
Otro criterio: las tierras improductivas o no cultivadas, podrían ser materia de un impuesto que se incremente anualmente, como en el caso de los solares no edificados en la zona urbana, salvo que se pruebe que no ha existido financiamiento para hacerlas producir. Estas y otras opciones pueden y deben descartar la expropiación de tierras.