23 de diciembre de 2015 00:00

Las expropiaciones mineras en Mirador abren controversias

El lunes durante el evento de inauguración de Mirador, un grupo de pobladores protestó por los desalojos. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

El lunes durante el evento de inauguración de Mirador, un grupo de pobladores protestó por los desalojos. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Redacción Negocios
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El proyecto Mirador no solo ha traído nuevas inversiones en materia minera, sino también controversias con habitantes de la zona donde se levanta.

Un grupo de familias de la parroquia Tundayme, en el cantón El Pangui, en Zamora, no están conforme con las indemnizaciones entregadas a cambio de los terrenos que requiere el proyecto de cobre para su etapa de explotación.

El número de familias difiere de acuerdo con la fuente de información. Para el Gobierno son unas 17 y para los pobladores inconformes y las organizaciones que los apoyan son más de 20 las familias perjudicadas y desalojadas.

Leonardo Elizalde, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Ecuacorriente -empresa china al frente de Mirador-, explica que para desarrollar el proyecto de cobre se requerían 47 terrenos en Tundayme. Por una década la compañía negoció con los propietarios para adquirirlos, pero no se llegó a un acuerdo con los propietarios de 19 terrenos y se aplicó el proceso de servidumbre.

La aplicación de este proceso consta entre los artículos 100 y 105 de la Ley de Minería e implica que todos los terrenos donde se desarrolla la actividad minera concesionada por el Estado se declaran de utilidad pública desde la etapa de exploración hasta la explotación, explica el ministro de Minería, Javier Córdova.

“Cuando la empresa no llega a un acuerdo con los tenedores de los terrenos (...) la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) determina su valor de acuerdo con un peritaje y se establecen las indemnizaciones”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con Córdova, por indemnizaciones se pagó hace pocas semanas cerca de USD 2 millones por 14 predios. Además, en septiembre pasado fueron reubicadas otras tres familias que vivían en el sector de San Marcos, en Tundayme, pero que no se indemnizó a otras familias que estaban también asentadas en la zona porque no eran propietarios de los terrenos. En total el último año se han pagado alrededor de USD 4 millones, aseguró.

No obstante, las organizaciones que apoyan a los pobladores no están de acuerdo con esta versión. De hecho, el lunes pasado, unas 10 personas se ubicaron afuera del campamento de Ecuacorriente con pancartas en contra de Ecuacorriente e insisten en que no han sido correctamente indemnizados.

Gloria Chicaiza, quien lleva el tema minero en la organización Acción Ecológica, indica que son más de 20 familias desalojadas de la zona sin estar de acuerdo con el monto que se reconocía por sus terrenos en unos casos y alegando haber sido estafadas en otros.

Según Chicaiza, hay demandas establecidas en la Fiscalía de Gualaquizapor indemnizaciones que no se habrían entregado completas o por cheques firmados por la Arcom de entre
USD 16 000 y 30 000 por fincas que tendrían un valor mayor que los propietarios no aceptaron. Asegura que tras el desalojo, las familias quedaron en la calle y sus bienes fueron confiscados.

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