2 de agosto de 2015 20:07

Expolicías exigen pruebas de nexos con el crimen

Los agentes desvinculados presentaron las demandas en la Corte Nacional de Justicia. Foto: EL COMERCIO

Los agentes desvinculados presentaron las demandas en la Corte Nacional de Justicia. Foto: EL COMERCIO

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Javier Ortega

En los 11 años que trabajó en la Policía su desempeño fue de 19/20 y su conducta, sobresaliente. La institución le entregó en el 2014 dos diplomas por su “eficiencia, disciplina, ética y moral como servidor público”.Los reconocimientos constan en la hoja de vida laboral del cabo segundo Víctor Mercado, un documento avalado por la Dirección General de Personal.

El subteniente Carlos Hidalgo también tuvo calificaciones destacadas (19,64/20). Entre el 2011 y 2014 se formó en la Escuela de Oficiales de Quito y en el último año trabajó en el distrito Atacames, en Esmeraldas. Ahora está desempleado.
Mercado, de 39 años, e Hidalgo, de 27, son dos de los 78 agentes expulsados de la Policía en marzo pasado por no aprobar la prueba del polígrafo.

El ministro del Interior, José Serrano, aseguró que todos “estaban vinculados a bandas de crimen organizado”.
Ahora ellos exigen que esas supuestas relaciones con las mafias se demuestren. Desde la semana anterior, 12 uniformados presentaron querellas penales contra Serrano por injurias calumniosas graves.

Hoy, otros 10 gendarmes entregarán las demandas en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Hidalgo es uno de los 12 policías que acudió hace ocho días a la Corte. El jueves, él accedió a una entrevista en su casa, en un barrio popular de Quito. Allí vive con su madre, esposa, una hija y un hermano.

Mientras conversa, exhibe documentos entregados por los Tribunales Penales de Pichincha que demuestran que no tiene problemas con la Justicia “desde hace 10 años a la fecha”.
EL COMERCIO consultó el historial judicial de los otros 11 agentes que presentaron las querellas y tampoco registran conflictos penales, según datos actualizados al 31 de julio del 2015.

Hasta ahora, Hidalgo dice no saber por qué lo echaron de la institución. No conoce los resultados de la prueba del polígrafo, pese a que integró el primer grupo de agentes que pasó por el examen, en enero.

Esas evaluaciones se ejecutaron tras el crimen del jefe del Grupo de Operaciones Especiales de Esmeraldas, René Morales, en un tiroteo con otros policías que, según las investigaciones, transportaban 40 kilos de droga en un patrullero.

El Alto Mando de la Policía aclaró que las desvinculaciones se darían tras un examen integral, que contemplaba los análisis poligráfico, psicológico, toxicológico y de bienes.

Los 78 uniformados dados de baja aseguran que solo pasaron por los dos primeros.

“En ningún momento me sacaron sangre ni entregué muestras de orina. Tampoco analizaron mis cuentas. Incluso tengo una deuda en el Isspol”, comenta Mercado.

El miércoles, este Diario pidió una entrevista con funcionarios del Ministerio del Interior para conocer su postura sobre las demandas, pero no hubo respuesta. Serrano, en Twitter, se limitó a decir que es “un honor recibir ese juicio” y que “no lo amedrentarán”.

También hubo un plantón a su favor afuera de la CNJ.
En una carpeta, Hidalgo conserva el único papel que le entregaron antes de expulsarlo de la Policía, un memorando firmado por el director general de personal. La notificación la recibió el 24 de marzo, mientras estaba en Atacames.

En el oficio se señala que, con base en el Acuerdo Ministerial 5479, se decide “separar de manera definitiva y con efecto inmediato a los policías calificados no idóneos para el servicio, por haber reprobado la evaluación poligráfica; o registrar causas penales en su contra”.

La decisión se la tomó pese a que en el 2011 las autoridades aseguraron que esa prueba no serviría como mecanismo para desvincular a los uniformados.

“Eso está descartado”, garantizó Serrano en mayo de ese año ante un grupo de agentes en un cuartel de Guayaquil.

“Si somos parte del crimen organizado, ¿por qué no estamos presos? En vez de fiscales y jueces que solo usen el polígrafo”, dice Libio Ruiz, un cabo primero de 35 años y con 55% de discapacidad auditiva y problemas cardíacos y de hipertensión, reconocidos por el Conadis y el Hospital de la Policía.
“Mis problemas no fueron tomados en cuenta, pese a que el polígrafo mide cualquier reacción del cuerpo y la toma como si estuviéramos mintiendo”.

Mercado, Hidalgo y Ruiz reconocen que en la institución hay malos elementos y avalan la depuración. Pero aclaran que esta debe ser “transparente, con una investigación y no solo con una prueba poligráfica”.

De hecho, en otros casos de agentes dados de baja por vínculos con mafias delictivas, la Fiscalía ha demostrado -mediante seguimientos, escuchas o evidencias confiscadas- que los uniformados incurrieron en delitos y están presos.

Informe

Hoy, otros 10 agentes presentarán querellas penales contra el ministro José Serrano

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