24 de febrero de 2018   00:00

El vehículo que explotó en Colta era alquilado; la Policía mantiene alerta en sus cuarteles

La mañana de ayer, un grupo de policías que llegó de Quito y Riobamba recopiló evidencias en la carretera Riobamba – Guayaquil. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

La mañana de ayer, un grupo de policías que llegó de Quito y Riobamba recopiló evidencias en la carretera Riobamba – Guayaquil. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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Cristina Márquez y
Fernando Medina (I)

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La explosión destruyó por completo el vehículo. Sus partes quedaron diseminadas sobre el páramo y la carretera Riobamba – Guayaquil. La mañana de este viernes, 23 de febrero, agentes de Criminalística, que llegaron a esta zona de Colta, en Chimborazo, recogían pieza por pieza.

A solo 2 km de ese punto está El Lirio, una comunidad cuyos pobladores observaron lo que sucedió el jueves, un poco antes de que cayera la noche. Augusto Naula contó que desde su casa vio partes del automotor en llamas. Los vecinos corrieron para ayudar, pero al llegar “ya no había nada”.

Para entonces, los vecinos se habían comunicado con el sistema de ayuda ECU-911. Y al lugar se movilizaron peritos de Quito y de Riobamba.

El personal llevaba bolsas plásticas, cámaras de fotos y sus manos estaban protegidos con guantes azules. Luego de trabajar en la noche reportaron que una persona había muerto en la explosión. Pero solo recuperaron una parte de sus restos. Este viernes trabajaron desde las 08:00 y encontraron más partes humanas, que quedaron sobre la ladera.

Los policías recogieron partes del automóvil que explotó en el sector de El Lirio, en Chimborazo. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Los policías recogieron partes del automóvil que explotó en el sector de El Lirio, en Chimborazo. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO


Todos los policías se manejaron con hermetismo. Igual ocurrió con la fiscal Greys Arias, quien realizó el levantamiento del cadáver.

Las evidencias recopiladas fueron enviadas al laboratorio de Criminalística.

En la tarde, el Ministerio del Interior publicó un comunicado y dijo que “un equipo de expertos de explosivos del GIR y peritos de Criminalística en el ámbito postexplosión se desplazaron en la zona del incidente y recabaron elementos”.

Según ese informe, el material recopilado “hace presumir que el auto se habría primero incendiado para luego explosionar”. Por eso, dijo, se trató de un hecho accidental y que no se han encontrado indicios de material explosivo.

Un poco después de las 14:00, el Ministerio aseguró tener datos respecto a la persona fallecida y lo identificó solo como Diego Eduardo E. G.

Minutos antes, en el sitio del accidente los investigadores habían recuperado tres cédulas de identidad. Con esos documentos consiguieron más datos y se contactaron con una mujer que aparecía en uno de los documentos. Ella dijo que su pareja se movilizaba desde Machala hasta Tulcán en el interior de un vehículo que coincidía con la descripción del automóvil explotado.

Además, ubicaron al hermano del fallecido. Él habría alquilado un auto blanco para movilizarse. Él contó a la Policía que ambos se dedican a la minería, en Azuay.

Mientras los investigadores recopilaban esta información, otros gendarmes montaron operativos de control en las vías de ingreso y salida de Riobamba. Revisaron camiones de carga y camionetas, además pidieron los documentos de identidad de los conductores.

Hubo fuerte presencia policial en la ciudad. En el comando provincial, la gobernadora de Chimborazo, Margarita Guevara, se reunió a puerta cerrada con los jefes policiales.

Luego de cinco horas, a las 14:00 salieron las autoridades pero nadie habló. Solamente una persona dijo que se remitan a la información que emita el Ministerio del Interior.

En un comunicado, esta entidad sostuvo que al momento esperan los resultados del análisis químico que se realiza a las muestras tomadas en el lugar de los hechos.

La idea es determinar el tipo de sustancia química que pudo haber causado la explosión.

Pero adelantó que no se trataría de un atentado. Por eso pidió que se manejen los datos de una forma correcta, pues en Riobamba se regó la información de que se trataba de un coche bomba similar al que explotó en San Lorenzo.

El ministro del Interior, César Navas, descartó cualquier relación entre los dos hechos.

Una hora y media después de la explosión del vehículo, la Dirección General de Inteligencia de la Policía (DGI) había emitido un telegrama a todos los jefes de Inteligencia y de fuerzas especiales del país.

En el documento se informó sobre la alerta de un posible ataque terrorista parecido al de enero pasado.

Los gendarmes dijeron que solo fue una coincidencia.

En el comunicado, que se emitió de forma “urgente”, se indicó que existe “una amenaza con artefactos explosivos en unidades policiales” a escala nacional. Por eso se pidió estar alertas y designar equipos de campo para que realicen controles en las prevenciones de los cuarteles policiales.

Se pidió a los uniformados que realicen turnos de amanecida para prevenir cualquier ataque. También se ordenó el reforzamiento de seguridades de las instalaciones de las diferentes casas de seguridad de cada jurisdicción.

Agentes de Inteligencia de Quito confirmaron a este Diario que sí recibieron el telegrama e indicaron que fue una medida preventiva. La orden es detectar carros sospechosos o personas desconocidas que estén cerca de las unidades policiales. Y se llamó a policías que estaban libres para que refuercen la vigilancia.

Esas indicaciones también se recibieron en Ambato.

En Cuenca, el jefe de la subzona de Azuay, Fausto Castro, aseguró que el comunicado recibido no cambia en nada el trabajo diario, porque la responsabilidad de la institución es mantener la seguridad del recurso humano, logístico e instalaciones. “La seguridad y los operativos son procedimientos normales”.

En Guayaquil, en cambio, el comandante de la Zona 8, Marcelo Tobar, solo señaló: “Son temas propios, nuestros”.

Por ahora, el mayor control policial está en San Lorenzo. Un uniformado permanece en la puerta principal del comando. Desde allí vigila el ingreso de civiles, uniformados y vehículos. Además hay un oficial de guardia que revisa los automóviles que ingresan a la edificación. Dependencias oficiales, como el Municipio, la Fiscalía o la Judicatura son monitoreadas.

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