Detrás del comando de Policía de San Lorenzo se colocaron 200 libras de explosivos. Foto. Archivo / EL COMERCIO
Alias ‘Guacho’ debe responder ante la justicia por el ataque con coche bomba al cuartel de la Policía en San Lorenzo, en Esmeraldas.
El 12 de junio del 2018, la Fiscalía presentó cargos en contra del disidente y otras 21 personas, por delincuencia organizada.
La audiencia se realizó en ese cantón fronterizo donde un juez ordenó su detención. Entre las evidencias, la Fiscalía presentó informes de peritos y testigos que revelaron detalles de cómo se hizo el atentado.
Entre las versiones entregadas a la Fiscalía constan las de tres policías asignados a ese Comando policial. Ellos contaron que la noche del viernes 26 de enero, minutos antes del hecho, hubo un “extraño silencio”. “Se me hizo raro que no hubiera bulla, ya que era regular que desde el miércoles realicen reuniones en la calle”, dijo uno de los uniformados.
Su testimonio y el de otros policías son ahora parte del expediente judicial donde se indaga el ataque terrorista.
Un segundo oficial dijo que también le pareció inusual que hasta las 21:00 de ese viernes los moradores no estuvieran bebiendo cerveza en la calle, como lo hacían frecuentemente. “Para nosotros eso significó un alivio, porque podíamos descansar y dormir temprano”.
Este uniformado narró que a las 22:00, tras concluir su turno, salió al parque central de San Lorenzo para merendar.
Allí se quedó hasta la medianoche. Al ver pasar un patrullero hizo señas para que parara y lo llevara al cuartel.
Aseguró que hasta ese momento no vio nada extraño en las calles aledañas al comando.
Una hora y media después, a la 01:30 del sábado 27 de enero, el personal policial se despertó abruptamente al escuchar un estallido. Ahora, Criminalística sabe que en ese ataque se emplearon 200 libras de anfo, un explosivo de alta potencia que resulta de una mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo.
En los primeros segundos, los policías pensaron que se trataba de un terremoto. Tuvieron que correr en la oscuridad, en medio de vidrios rotos.
Dentro del expediente constan los testimonios de otros oficiales, quienes creyeron que en esos momentos estaban en medio de un ataque armado. Se deslizaron en cuclillas por el suelo. Tomaron sus armas de dotación y se concentraron en el patio.
Habían pasado 10 minutos del estallido y el mayor Luis Bedón, jefe encargado del distrito policial, fue informado del hecho. En su declaración cuenta que lo primero que hizo fue verificar el estado de salud de los agentes. Pidió que acudan los Bomberos, pues el comedor se incendiaba.
Seis policías fueron atendidos por paramédicos porque presentaban cortaduras en manos, pies y rostro. Un 95% de la edificación -puertas, ventanas y mobiliario- fue destruido. Afuera del cuartel, en 100 metros a la redonda, las casas de los vecinos también resultaron dañadas.
Bedón dijo a la Fiscalía que horas antes del ataque se reforzó la seguridad del comando con un contingente del Grupo Especial Antinarcóticos (GEMA).
Pero no se vigiló la parte posterior del recinto, donde fue estacionado el coche bomba. Tampoco había personal de guardia en las torres de vigilancia. Esto, dice, se debió a que estaban deterioradas y no brindaban seguridad para el personal “desde hace años”.
Para los moradores, la noche previa al ataque no hubo nada inusual. Dos ciudadanos indicaron en la Fiscalía que esa noche estuvieron en sus casas, dormidos, y que ni ese día ni los anteriores escucharon rumores sobre el ataque.
“No conozco nada de por qué pasó esa desgracia”, dijo uno de los habitantes.
Bedón sostuvo que tampoco supo de algo anormal entre el miércoles 25 de enero y el sábado 27 del mismo mes. Pero señaló que el personal del cuartel hace trabajo preventivo y no de inteligencia, “ya que no se cuenta con los medios tecnológicos para esa clase de investigaciones.
Quienes investigaron al Frente Óliver Sinisterra eran un equipo de la Dirección de Inteligencia de Quito, “de quienes tampoco recibí ninguna información sobre algún atentado”, agregó Bedón.
En los documentos judiciales consta que la primera alerta del ataque terrorista se dio tres días antes del hecho.
El contexto
En el país existen 12 procesos penales en los que se investiga a alias ‘Guacho’ y a sus aliados. El 12 de junio, la Fiscalía de Colombia confirmó la detención de Juan Gabriel Arizala, hermano del líder disidente. La captura se concretó en Llorente, un poblado de Tumaco.