19 de marzo de 2017 00:00

Exploración minera se amplía en Imbabura

En la mina Cascabel se realizan tareas de exploración. La firma explora 4 979 hectáreas en el noroccidente de Ibarra. Foto: Francisco Espinoza / EL COMERCIO

En el proyecto minero Cascabel se realizan tareas de exploración. La firma explora 4 979 hectáreas en el noroccidente de Ibarra. Foto: Cortesía Ensa

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Washington Benalcázar (I)
Editor Sierra Norte

Imbabura emerge como una de las nuevas zonas de interés minero metálico del país. En la provincia, cinco áreas se han otorgado en concesión, otras cinco están inscritas y 33 están en trámite. Las cifras son del Ministerio de Minería.

Los títulos habilitantes para personas o empresas interesadas en la exploración minera se asignan mediante dos modalidades: la primera es la entrega directa, como ha sucedido con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), en la zona de Cotacachi.

Ahí, la Enami -en alianza con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco)- desarrolla el proyecto Llurimagua, en el valle de Íntag. Se estima que en la zona hay cobre y molibdeno.

La otra modalidad es mediante subasta y remate. Según Santiago Chamorro, subsecretario regional de Minería, a cargo de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha y Sucumbíos, la idea es que las empresas presenten propuestas y se escoja a la mejor oferta.

La presencia de yacimientos de metales en la cordillera occidental de la Sierra Norte ha generado interés de varias empresas, nacionales y extranjeras. Sin embargo, esa dinámica también ha provocado reacciones de los habitantes se las comunidades asentadas en los sitios de influencia.

El martes pasado, las autoridades del Municipio de Cotacachi y moradores del valle de Íntag hicieron público su malestar por las 94 473 hectáreas entregadas en concesión, inscritas o en trámite. Según José Cueva, director de Planificación del Cabildo, se están entregando títulos mineros sin consultar a la población y sin informar a las autoridades locales. “Estamos hablando del 90% del territorio de Íntag, que sería entregado a empresas multinacionales”.

Pero lo que más les preocupa es que, con ello, se esté facultando el trabajo en áreas que incluyen bosques protectores como Los Cedros y El Chontal, y sitios poblados como la comuna Brilla Sol, en la parroquia García Moreno.

Roberto Saavedra, presidente de Magdalena Alto, teme que proyectos como Magdalena 1 y Magdalena 2, otorgados a la Enami, afecten al bosque Los Cedros. Asegura que es un área natural que las 400 familias de su comunidad han protegido porque ahí nacen los ríos que les abastecen de agua.

Dice que esta zona subtropical aún se pueden ver especies como el oso de anteojos, el puma, el mono araña, etc.

A Édgar Erazo, presidente de la comunidad Brilla Sol, le inquieta que los 150 habitantes del centro poblado puedan ser reubicados en algún momento, pues no tienen títulos de propiedad. Lo único que han logrado legalizar es la tenencia de 42 fincas, asegura.

Chamorro señala que la socialización es un requisito obligatorio para el concesionario y es parte del proceso de solicitud de licencia ambiental ante el Ministerio del ramo. “Sin eso no pueden operar”.

También explica que la actividad minera comienza con una fase de exploración inicial, que puede durar cuatro años. Esto incluye la recolección de muestras subterráneas de rocas. Si los resultados son los esperados, se puede solicitar un nuevo título para hacer exploración avanzada, que puede durar cuatro años más.

Luego se realiza una evaluación económica del yacimiento. Eso dura dos años. Estas fases no son invasivas con el medioambiente, dijo Chamorro. Demandan la apertura de senderos y la colocación de plataformas en puntos específicos, para no afectar todo el bosque.

Es decir, luego de una década se sabe si es factible o no la explotación. Finalmente, se determina si la explotación será a cielo abierto o subterránea, según del yacimiento. Por ahora la actividad minera en la provincia está en exploración.

Proyectos como Cascabel, que impulsa la empresa Ensa, subsidiaria de la australiana SolGold, generan expectativas entre comunidades. La firma explora 4 979 hectáreas situadas entre las parroquias de Lita y La Carolina, en el noroccidente de Ibarra.

De 150 funcionarios 100 son obreros de las comunidades vecinas que trabajan como mano de obra no calificada. De ellos, 45 son de la comuna Santa Cecilia, que está ubicada dentro del proyecto Cascabel.

La comunidad tiene 250 habitantes. José Tobar, presidente de la localidad, contó que algunos comuneros venden a la minera frutas y verduras que producen y otros alquilan acémilas, a USD 12 el día, para movilizar las cargas.

Ensa, que ingresó en el 2011, se encuentra en exploración avanzada. Santiago Vaca, jefe del proyecto Cascabel, señala que hay claros indicios de que en la zona hay un gran potencial de cobre y oro.

Indicó que se han realizado perforaciones de hasta 2 216 metros utilizando taladros, las cuales constituyen las más profundas que se han realizado en el país. Cascabel ha llamado la atención de grandes mineras del mundo, que han llegado para conocer el proyecto.

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