23 de marzo de 2016 18:16

Expertos creen que se violentaron derechos en la sanción al presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Montúfar

El presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Montúfar será trasladado a otro plantel, como sanción por las protestas estudiantiles. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Montúfar será trasladado a otro plantel, como sanción por las protestas estudiantiles. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Valeria Heredia
Redactora

Hoy, miércoles 23 de marzo del 2016, por medio de un tuit, Gonzalo Criollo, dirigente estudiantil del Colegio Juan Pío Montúfar, ubicado en el sur de Quito, expresó su tristeza por la decisión tomada por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos de la Dirección Distrital de Educación. En el documento se expresa que será reubicado a otra institución educativa.

El proceso disciplinario en contra del joven se dio tras las manifestaciones del pasado 15 y el 16 de febrero. Esos días, los estudiantes salieron a protestar por el traslado de docentes de ese plantel educativo, ubicado en el sur de la urbe.

El hecho generó una serie de reacciones por medio de las redes sociales. En estas se mostraba el apoyo al estudiante; pero también hubo críticas cuestionando principalmente la violencia en las manifestaciones.

EL COMERCIO conversó con tres actores, que siguen de cerca el tema de derechos humanos y educación. Natalia Sierra, docente universitaria; Carla Cevallos, concejal y presidenta de la Junta de Protección de Derechos (Compina) y Guadalupe Tituaña, pedagoga.

“Se violenta los derechos humanos del joven dirigente. Se quita el sentido de pertenencia que el joven construyó durante años en el colegio. Esas son formas de violencia y de agresión a la vida”. Así lo expuso Natalia Sierra, catedrática universitaria y experta en derechos humanos.

Sierra explicó que esos cambios son bruscos en la vida de un joven y que se puede provocar un impacto en su desarrollo social. “Le quitan su sentido de identidad y de relaciones que haya armado en los años de estudio”, dijo.

Además, señaló que “el control de la violencia debe ser procesada en forma racional. Es decir, no tomar medidas impositivas y responder con el diálogo”, puntualizó. La protección de los derechos humanos es fundamental en este tipo de hechos; más si se trata de jóvenes.

Carla Cevallos, edil que preside de la Junta de Protección de Derechos (Compina), explicó que hay que precautelar los derechos de Gonzalo Criollo. No se debe seguir vulnerando su derecho a estudiar libremente.

Ante esta situación, explicó, que mañana jueves 24 de marzo del 2016 se llevará a cabo una audiencia para tratar el tema. Se lo hará en el centro Las Tres Manuelas (Venezuela y Guayaquil). El objetivo es profundizar el tema y brindar una ayuda al estudiante. “El joven ha perdido muchas clases. Se debe dar una mejor solución para que pueda estudiar”, señaló.

Ella insiste en que hubo una vulneración de los derechos y que esta situación debe solucionarse de mejor forma.

La separación de una persona de una institución educativa es una situación dolorosa para el estudiante. Así lo sostuvo Guadalupe Tituaña, pedagoga. Para ella, es impactante alejar a un joven de un ambiente escolar a otro, porque se lo retira de su círculo.

Se suma que el joven dirigente se convirtió en una figura pública y en otro espacio se lo puede estigmatizar. “Lo ideal sería que se refuerce el diálogo para evitar este tipo de sanciones que afectan a los estudiantes, finalizó.

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