17 de septiembre de 2015 08:30

Relatores de la ONU y de la CIDH piden parar la disolución de Fundamedios

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Redacción Elcomercio.com

"Instamos a las autoridades ecuatorianas a detener el procedimiento de disolución de Fundamedios y, en general, a garantizar la realización de los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país". Ese mensaje fue emitido este jueves 17 de septiembre de 2015 desde Ginebra y desde Washington por cinco relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La preocupación por el proceso que desde el 7 de septiembre lleva adelante la Secretaría de Comunicación (Secom) del Gobierno de Rafael Correa para disolver la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) está suscrita por Maina Kiai, relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, relator de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michael Forst, relator de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de DD.HH.; José de Jesús Orozco Henríquez, relator de Defensores y Defensoras de DD.HH. de la CIDH; y Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH.

“La disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que tan solo se puede justificar en los casos más excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de estar vinculada al alcance de fines imperativos en una sociedad democrática”, explicaron los cinco especialistas en DD.HH.

Kiai, Kaye, Forst, Orozco y Lanza denunciaron las normas nacionales invocadas en el proceso contra Fundamedios y pidieron "su revisión a la luz de los estándares internacionales". "El Decreto No. 16 establece restricciones inaceptables a la libertad de expresión y asociación en el país, dándole poder a las autoridades estatales para cerrar organizaciones basadas en condiciones muy amplias y ambiguas", dijeron.

La Secom notificó el 8 de septiembre de 2015 a Fundamedios con el inicio de su procedimiento de disolución sobre la base de que presuntamente difunde mensajes con tintes políticos. La resolución del Gobierno otorgó un período de 10 días para que la organización pudiera presentar su defensa. 

"Los derechos humanos no cesan cuando una persona o asociación actúa en Internet", señalaron los relatores en relación a las capturas de imagen de tuits, publicados por Fundamedios con enlaces a columnas de opinión, y retuits de terceros que han sido presentados como pruebas por la Secom. "Los derechos a la libertad de expresión y asociación existen tanto fuera de línea como en Internet".

Los "miembros de asociaciones, particularmente aquellos dedicados a defender los derechos humanos, deberían gozar plenamente del derecho a la libertad de expresión y, en particular, la libertad de ser abiertamente críticos con políticas y prácticas gubernamentales", señalaron los relatores.

Agregaron: "Las personas que se constituyen en una asociación tienen el derecho a tener opiniones y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia por parte del Estado (...). El discurso no puede ser reprimido simplemente porque pueda ser interpretado como que 'es político'".

El 14 de septiembre de 2015, Fundamedios se acogió al derecho a la resistencia, por considerar que el proceso de disolución que enfrenta no les deja "opción real de tutela efectiva de sus derechos", señaló César Ricaurte, titular de esa organización.

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