29 de septiembre de 2015 22:02

Exmilitar colombiano se declara culpable por ejecución 32 personas

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Agencia DPA
Bogotá

El coronel en retiro del Ejército de Colombia Robinson Gozález se declaró el 29 de septiembre del 2015 culpable de la ejecución de 32 personas entre 2006 y 2009, quienes fueron presentadas como guerrilleros abatidos en combate.

En una audiencia, González aceptó "de manera vountaria" los cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, falsedad ideológica en documento público y porte, fabricación y uso de armas, los cuales podrían sumar una condena de hasta 60 años de cárcel.

El ex militar dijo que cuando se desempeñó como comandante del batallón Mártires de Puerres en el oeste del país, ordenó a sus soldados asesinar en 14 operativos a jóvenes y campesinos de los departamentos de Antioquia, Cauca y Caldas para presentarlos como guerrilleros y así obtener reconocimientos.

Durante su intervención ante un juez de Bogotá, González criticó que aunque, según él, ha colaborado con la justicia, ésta no le ha dado las garantías y que por el contrario lo han "intentado callar por medio de traslados" a diversas cárceles del país.

"Desde que he decidido colaborar a mí me han atropellado ese fuero (militar), quiero dejar esta observación, quiero que la gente se entere que la manera de callarlo a uno es trasladarlo. Métalo a un sitio donde nadie lo vea", aseguró. El exoficial, quien también es señalado de liderar una red de tráfico de armas al interior del Ejército, acusó además al Ejército de crear "sofismas" con informes sobre posibles fugas que "son falsos".

"Si yo acepto cargos es porque quiero colaborar. Yo no tengo problemas de amenazas, ni he pedido seguridad especial, ni alimentación especial, ni tampoco un desplazamiento especial", sostuvo. Los casos de ejecuciones de civiles por parte de militares, llamados en Colombia "falsos positivos", empezaron a conocerse en 2008 a raíz del caso de unos jóvenes del céntrico municipio de Soacha, contiguo a Bogotá, que aparecieron muertos en el noreste del país.

La Fiscalía, que investiga cerca de 4 000 ejecuciones, concluyó entonces que dentro del Ejército operaba una red dedicada a buscar personas que eran llevadas a diversas regiones con ofertas laborales. Al llegar a esos lugares eran ejecutadas y vestidas con uniformes camuflados para mostrarlas como guerrilleros abatidos en combate.

Los militares buscaban con eso premios como condecoraciones o días de descanso, así como aumentar las cifras de las bajas ocasionadas a grupos armados ilegales

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