El juez también le fijó una reparación civil de 400.000 soles (USD 111 000) y la inhabilitación para ejercer función pública por 30 años. Foto: EFE
Uno de los primeros sentenciados en Perú por el caso Odebrecht, el exgobernador de la región Ancash, César Álvarez, recibió una condena de 35 años de cárcel por el homicidio en 2014 del exconsejero Ezequiel Nolasco, quien lo denunció por encabezar una mafia para la adjudicación irregular de obras.
El Colegiado A de la Sala Penal Nacional resolvió que Álvarez, recluido en la cárcel de Cochamarca en Puno, es responsable de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir en el caso de la muerte de Nolasco.
Además, le fijó una reparación civil de 400 000 soles ( USD111 000) y la inhabilitación para ejercer función pública por 30 años.
Según el Ministerio Público, Álvarez lideraba junto al exalcalde de la provincia del Santa, Luis Humberto Arroyo, una organización criminal dedicada a espiar, difamar y atentar contra sus adversarios políticos cuando fue gobernador regional entre 2009 y 2014.
En junio del 2019, Alvarez fue condenado a ocho años y tres meses de prisión por el delito de colusión, a raíz de los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicar a esa compañía la construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis en 2011.
La exautoridad regional recibió las transferencias de Odebrecht por USD 2,6 millones en cuentas de empresas off shore creadas en Antigua y Barbuda, y en Hong Kong, según la investigación fiscal de ese caso.
El caso Lava Jato en Perú ha llevado a la justicia a autoridades locales, regionales, y a los exmandatarios Alejandro Toledo, a la expectativa de su extradición de Estados Unidos, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, con prisión domiciliaria, y Alan García, que se suicidó en 2019 cuando iba a ser notificado de su detención preventiva.