11 de febrero de 2018 00:00

ExFARC y narcos, detrás de la ­minería ilegal en la frontera norte

En diciembre pasado, funcionarios de la Arcom, Policía, Fiscalía y FF.AA. realizaron un operativo contra la minería ilegal en la frontera norte. Foto:  Arcom

En diciembre pasado, funcionarios de la Arcom, Policía, Fiscalía y FF.AA. realizaron un operativo contra la minería ilegal en la frontera norte. Foto: Arcom

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Javier Ortega
Desde San Lorenzo, Esmeraldas

Para llegar a los pozos mineros de Alto Tambo - un poblado rural de San Lorenzo - los ­artesanos hacen un recorrido de al menos tres horas. La jornada se inicia a las 05:30, con un
viaje sobre unos ‘carros’, que son unos pequeños vagones adaptados que descienden sobre los rieles. Luego de 60 minutos, se continúa el camino a pie por dos horas más.

Ya en los ríos, los obreros empiezan su tarea: conseguir pepas de oro entre las rocas, a través de un rústico proceso de extracción con una clasificadora. El retorno a casa es incierto, todo depende de lo que se encuentre. Nadie abandona los pozos si no ha logrado recolectar 5 o 10 gramos. Por esa cantidad, en San Lorenzo, los comerciantes pagan clandestinamente entre USD 100 y 200.

Si hay suerte, el hallazgo puede ocurrir en medio día, pero hay veces que los obreros permanecen más de 24 horas allí.

Alo largo de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro hay más de 30 poblados rurales; la mayoría de sus habitantes se dedica a la minería artesanal no regularizada. Esta es la única fuente de ingreso de las familias, además del trabajo en las palmicultoras.

Pero información militar advierte que los grupos criminales de Colombia, vinculados con disidencias de las FARC o narcotraficantes, también están detrás de la minería ilegal que se registra en los dos cantones, debido a su cercanía con el departamento de Nariño.

Los militares saben que estas organizaciones delictivas usan a la gente local para trabajar en los pozos. Fuentes oficiales revelan que en los operativos suelen confiscar retroexcavadoras que cuestan entre USD 120 000 y 200 000. Esta maquinaria se utiliza para sacar el sedimento de los ríos, un paso previo para hallar oro.

En diciembre pasado, por ejemplo, Ecuador y Colombia ejecutaron un operativo en la frontera. Del lado ecuatoriano, las autoridades localizaron tres campamentos y decomisaron dos excavadoras, una bomba de succión de agua, una planta de energía, tres clasificadoras (máquina que extrae el grano fino para obtener el oro) y tanques de combustible. Al otro lado, en cambio, se halló maquinaria, una draga y generadores de energía.

A los ocho días de los decomisos, volvemos a encontrar nuevos equipos en el lugar. Entonces, ¿cómo podemos justificar tanto dinero en tan poco tiempo?”, se preguntan las autoridades para explicar la injerencia de grupos criminales colombianos en la frontera.

Cuando los decomisos se producen en San Lorenzo, militares del Batallón de Infantería de la Marina 11 (Bimlor) acompañan a las autoridades que ingresan a los pozos y activan anillos de seguridad.

Los reportes de este batallón también tienen indicios de la presencia de narcos en la minería ilegal de las zonas fronterizas. “El destino del oro puede ser para lavado de dinero o capitalizar las necesidades que ellos tienen para sus finanzas”, admite David Ruales, subcomandante del Bimlor.

Incluso han detectado que maquinaria de Colombia ingresa a Ecuador a través del río Mataje, el afluente que divide ambos países. Esto ocurre cuando el río tiene bajo caudal.

La OEA, en un informe sobre el fenómeno del narcotráfico, concluyó que las mafias de la droga ahora están interesadas en la minería ilegal, por los millonarios réditos económicos.

Aunque no hay cifras oficiales sobre las ganancias ilícitas que deja el tráfico de oro, la OEA revela que en países de la región andina el precio de este metal en el mercado regular creció en un 438%, entre 2000 y 2010, y es una de las principales fuentes de crecimiento económico de estas naciones. “Esta riqueza de recursos no pasa por alto entre las organizaciones de la delincuencia internacional. El flujo de ganancias de la minería ilegal ofrece un entorno adecuado para el lavado de activos”, dice.
Precisamente, tras una operación de diciembre pasado, autoridades de Colombia y de Ecuador ya advirtieron que detrás de la minería clandestina hay otros delitos, como tráfico de armas y de combustibles.

Además, los grupos criminales pueden convertir fácilmente el oro en joyas, y así transportar de un país a otro sin mayores problemas, lo que no sucede con el dinero, que sí deja rastro y es más difícil moverlo.

En Alto Tambo, una zona poblada de casas de madera, de cemento y techos construidos con láminas metálicas, los mineros prefieren no hablar de la presencia de disidentes de las FARC y de narcos en los pozos.

EL COMERCIO viajó a San Lorenzo y habló con mineros. Uno de ellos admitió que es “un secreto a voces” que hay delegados de grupos criminales colombianos en la minería ilegal local. “Están involucrados en todo ámbito. Aquí hay mucha gente infiltrada”, relata en un lugar que previamente se acordó para la entrevista. Y luego asegura que estos delegados permanecen una semana, un mes, dos meses en los pozos. “Ellos vienen a informarse y, de pronto, son los que manejan esta situación”.

En Colombia, las autoridades también saben que tras la firma de la paz, disidentes de las FARC intentan controlar la minería ilegal que se da en ese territorio. Pero también otros grupos criminales están detrás de este negocio millonario, principalmente el ELN y las Autodefensas Gaitanistas, según la ONG Crisis Group.

Los prósperos negocios ilícitos, como las minas de oro ilegales, son responsables de la supervivencia y expansión de muchos de estos grupos”, advierte esa organización.

Aunque San Lorenzo y Eloy Alfaro son cantones propensos a la presencia de estas mafias, no se descarta que también estén en otras zonas de la frontera.

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