9 de December de 2010 00:00

EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

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Las tensiones públicas que se liberaron desde fuerzas internas del establecimiento institucional del Ecuador y que afloraron el 30 de septiembre no eran la enfermedad en sí misma. Eran el síntoma de un problema más agudo cuyas implicaciones no terminan de revelarse.

Los actos de insubordinación y el doloroso desenlace del 30 de septiembre han marcado dos meses de debates e indagaciones judiciales, y mantienen a varios ecuatorianos privados de su libertad.

En el marco jurídico, la promulgación del Decreto del estado de excepción ha causado polémicas e interpretaciones, especialmente en el orden político y legal.

Los argumentos exhibidos por el Poder Ejecutivo para justificar su vigencia aludían al requerimiento de tranquilizar las cosas y evitar los sobresaltos que podrían haberse derivado de una situación de orden público, ciertamente delicada, como la acaecida el 30 de septiembre.

Ha llamado la atención que se busque declarar a las instalaciones de la Asamblea como una zona de Seguridad. La Escolta Legislativa, conformada por efectivos de la Policía, fue relevada de sus funciones y varios de sus miembros están indagados y hasta detenidos. Tras los acontecimientos se movilizó al Palacio Legislativo a miembros de las Fuerzas Armadas.

Al tiempo de evaluar la eficacia y la oportunidad del estado de excepción, conviene hacerse otras preguntas: ¿han sido neutrales las indagaciones sobre los graves hechos registrados y las acusaciones lanzadas? ¿Se puede mantener cuerdas tan tensadas cuando otros temas como la inseguridad cobran urgencia y requieren de acciones coordinadas de toda la sociedad? Hay urgencia de recuperar la normalidad total en el país.

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