19 de December de 2009 00:00

La excepción no reduce los delitos en Guayaquil

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Redacción Guayaquil
judicial@elcomercio.com

Santa Roldán lamentó el asesinato de su yerno John Palacios Flores. Desconocidos le dispararon por tres ocasiones cuando estaba en las calles 22 y Venezuela, suburbio de Guayaquil, esperando el expreso para acudir a su trabajo. “Estamos inundados con la delincuencia...”, se quejó el viernes la mujer, quien lloraba y pedía que se investigue el delito.

Karina Murillo también mostró  indignación por el crimen de su hermana Delia María, de 35 años. El hecho ocurrió a las 20:45 del miércoles 9, en el interior de un bus de la línea 10 que circulaba por las calles Los Ríos y Clemente Ballén, ubicadas en el centro de Guayaquil.



Últimos asesinatos
Viernes 4 de diciembre.  Cristhian García Tello, de 19 años, fue abaleado  por dos desconocidos en  la Cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur. 
Viernes 4 de diciembre.  La Policía encontró asesinado a Geovanny Valenzuela, de 45 años. Su cuerpo estaba dentro de su propio  departamento, maniatado y con varias heridas.
Lunes 30 noviembre.  Manuel Chuqui Sigüencia, de 47 años, fue abaleado a las 17:30 cuando ingresaba a su domicilio en la ciudadela Brisas del Río, norte de Guayaquil. Una pareja fue responsabilizada del crimen.
Domingo 29 de noviembre.  El sargento de la CTG, Pedro Navarrete Morán, fue apuñalado por delincuentes que le robaron  su arma de dotación en el suburbio. Hay dos detenidos.

La víctima había culminado su jornada laboral en la Bennedict Schools y regresaba a casa. Un pasajero le disparó en la cabeza y huyó en una motocicleta. “¡Ya dejen de matar todos los días a las personas como si no tuvieran ningún valor...!”, exclamó Karina en referencia a las 71 muertes violentas reportadas en el estado de excepción que decretó el presidente Rafael Correa en Guayaquil, para bajar los índices de inseguridad.

El estado de excepción fue emitido el 30 de septiembre en Quito, Manta y Guayaquil. El plazo inicial fue de 60 días, pero concluyó el 3 de diciembre. El Régimen estableció una prórroga de 30 días, para garantizar  seguridad en   Navidad y Año Nuevo.
 
Pero los índices de asesinatos se han mantenido durante el año que transcurre, pues durante los sesenta días antes al decreto ejecutivo se reportaron 79 crímenes, según la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

Juan Ruales, jefe del Comando de la Policía del Guayas, reconoció que la situación delictiva por la que atraviesa Guayaquil es difícil y se comprometió a tomar nuevas acciones con la llegada de 104 nuevos oficiales para este distrito. “La meta es tener en este mes paz con seguridad... Eso quiere decir que debemos bajar los índices delincuenciales...”, manifestó el oficial.

Esas medidas anunciadas se sumarán a las ya adoptadas a mediado de la  semana anterior por los organismos que manejan la seguridad en  Guayaquil. Está integrado por la Gobernación, Policía, FF.AA., Comisión de Tránsito del Guayas, entre otras. Una de ellas estará a cargo de un grupo de militares, que vestidos de civil, realizarán actividades de inteligencia en la zona bancaria y comercial del Puerto Principal.

Para el  experto en seguridad Daniel Adler,  “las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar a la delincuencia, sino para combates en campo abierto (de guerra). Lo que tenemos ahora es delincuencia urbana que opera dentro de la ciudad”.

Eso  ha llevado, según el especialista, a que la presencia militar en los operativos que realiza la Policía sea más bien de forma antes que disuasiva, porque no ha contribuido a infundir temor entre los asaltantes y criminales, que continúan operando sin considerar las horas y el día. “Las Fuerzas Armadas solo han sido decorativas, no se ha visto un despliegue técnico-operativo... El delincuente es astuto y se da cuenta de esto y no se intimida”, afirmó.

Francisco Ugarte, también experto en seguridad, cree que las Fuerzas Armadas sí pueden contribuir al combate de la delincuencia en las ciudades del país. Pero señala que para ello deben otorgarles su propio rango de participación. “Los militares no necesitan estar junto a un policía y si lo están, entonces póngalos a trabajar de noche. Hay que aprovechar a los militares”, indicó.

Ugarte señaló que después de las 23:00 y en la madrugada es cuando más deficiencia policial existe en las ciudades del país. Aquello, se repite también en el momento en que los agentes hacen el cambio de turno laboral porque deben regresar a sus cuarteles y después volver a salir.

“Hay que replantear el trabajo y las estrategias policiales...”, afirmó, tras señalar que “hay que incursionar en los suburbios, Guasmos, Trinitarias y no concentrarse solamente en las zonas regeneradas porque de lo contrario no se saldrá del problema”.

Una de las estrategias del estado de excepción es precisamente el patrullaje conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía. En la práctica, se establecen retenes, en los cuales se realiza un control de armas y de vehículos para garantizar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, fuentes de las FF.AA. ratificaron a este Diario que su papel en los controles no es actuar en contra de la delincuencia, sino brindar seguridad a la Policía. Es decir, son custodios de los agentes que realizan los cacheos a conductores y pasajeros, durante los retenes en la vía. Ellos dicen que la nueva Constitución limita su acción en lo interno.

Para Adler, hay que hacer cambios técnicos a la forma cómo se hacen patrullajes y controles preventivos, así como actualizar la capacitación del personal frente a nuevas temáticas de seguridad que se están aplicando a escala mundial. “Se deben tomar medidas severas, contundentes y reales. Dejar de hablar mucho y hacer poco”, sentenció.

Ugarte añadió que hay que despolitizar el tema de la seguridad para que las instituciones que deseen colaborar en esta labor lo hagan, para beneficio de la comunidad. “No es posible que haya un 112 que no lo maneje la Policía y un 911 que no sirva para nada”.

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