24 de enero de 2017 15:58

Exauditor denuncia al Registro Civil por no depurar el padrón electoral

Marroquín fue uno de los auditores informáticos de las organizaciones políticas que participó en las primeras revisiones al padrón electoral. Foto: Adriana Noboa / EL COMERCIO

Marroquín fue uno de los auditores informáticos de las organizaciones políticas que participó en las primeras revisiones al padrón electoral. Foto: Adriana Noboa / EL COMERCIO

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Redacción Política

Néstor Marroquín demandó al Registro Civil, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la falta de depuración del padrón electoral, que se utilizará en las votaciones del 19 de febrero.

Marroquín fue uno de los auditores informáticos de las organizaciones políticas, que participó en las primeras revisiones al padrón electoral. Sin embargo renunció, en octubre, bajo el argumento de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no lleva el proceso electoral con transparencia. La misma queja que manifestaron los demás técnicos acreditados.

Aunque en ese entonces, el movimiento la Concertación indicó que un mes entregaron una comunicación al CNE para informar que el auditor no los representaría más en el proceso electoral. Decisión que se tomó, según la agrupación política ya que él se desafilió del Movimiento sin ninguna explicación.

Y las autoridades del organismo electoral aseguraron, al día siguiente de la renuncia de Marroquín, que se “pretende desconocer un proceso transparente y pulcro llevado a cabo con la base de datos entregada por el Registro Civil”.

Esta mañana, 24 de enero de 2017, Marroquín, ahora candidato a la Asamblea Nacional por Sociedad Patriótica, revivió el tema e ingresó la demanda sobre la presunta infracción electoral cometida por el Registro Civil. Dijo que el mismo presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, lo admitió así al ser cuestionado sobre el caso.

Ya que la potestad y obligación de depurar el registro electoral solo lo puede hacer el Registro Civil, por lo que pide que se sancione a los responsables. Por lo que el CNE casi no tiene responsabilidad en este caso, indica, excepto la de no haber exigido que se depure el padrón.

El ahora candidato recordó las dificultades que tuvieron con el CNE, “nunca nos permitieron hacer una verdadera auditoría”. Y agregó que las pruebas son los cientos de casos que la ciudadanía ha hecho públicos y de los cuáles tienen la documentación para probar su argumento el día en que se fije la audiencia.

Esto se refiere a las denuncias de los familiares de ciudadanos fallecidos que aún constan en el padrón electoral, es decir que están habilitados para votar en febrero. Esto pese a que sus defunciones han sido registradas ante la autoridad competente.

Además Marroquín aclaró que el momento en que el Registro Civil emite el certificado de defunción debe inmediatamente depurar su base de datos, porque ya consta en el sistema. Por eso es que reclama que en los siete meses que duró la auditoría, hasta el cierre del padrón electoral el 2 de octubre, no se haya eliminado a los fallecidos registrados.

Marroquín afirma que incluso los casos en que los auditores de las organizaciones políticas demostraron en ese entonces la existencia de fallecidos en el padrón, aún constan como votantes habilitados. Y esto dice, es peligroso para la transparencia de las elecciones.

Además, el ahora candidato recuerda que no solo se trata de los muertos, que es indeterminado. Ellos calcularon que existen 11 867 personas con doble cédula, 519 000 números de cédula sin dueño, y 450 000 personas desaparecidas o que migraron a otro país irregularmente.

“Si sumamos esta cifra da casi 1 millón de datos, que equivalen al 7,75% del padrón aprobado”, advierte Marroquín.

Néstor Rivadeneira, abogado del denunciante, indicó que el TCE tiene de 5 a 10 días para fijar la audiencia, porque esto tiene que ser antes de las elecciones, caso contrario “sería inoficioso”.

De todas formas, Marroquín aclara que el padrón se mantendrá como está, para el 19 de febrero. Ya que no se puede hacer ajustes en este momento, pero que la intención es que se admita el error, se sancione a los culpables y se haga una depuración total para las siguientes elecciones.

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