7 de febrero de 2017 00:00

Michael Manzano, exabogado de Petroecuador, no justificó un alza patrimonial de más de USD 271 000

Manzano y su esposa compraron una casa en la urbanización Terranostra, en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Manzano y su esposa compraron una casa en la urbanización Terranostra, en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Gabriela Quiroz
y Sara Ortiz
(I)

Otro exfuncionario clave en asesoría legal y coordinación de contratos de Petroecuador es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El abogado Michael Manzano reportó un incremento patrimonial no justificado por más de USD 271 000. Así lo explicó ayer, 6 de febrero del 2017, el fiscal, Hugo Pérez, en la audiencia de formulación de cargos, en Quito.

La jueza Ana Lucía Cevallos ordenó su prisión preventiva y con esto se abrió la etapa de instrucción fiscal para investigaciones por 90 días.

Manzano fue asesor legal, abogado de contratos, coordinador general de asesorías y contratos y subgerente de Logística y Abastecimiento de Petroecuador, en donde se tejió una supuesta red de corrupción. Trabajó cerca de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador y Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de la estatal petrolera. Ambos, procesados por supuesto enriquecimiento ilícito, cohecho y delincuencia organizada.

La indagación previa se originó luego de que la Contraloría enviara un informe con indicios de responsabilidad penal, el 6 de septiembre del 2016. “Al no declarar de forma completa sobre sus activos reflejó un patrimonio no consistente…, existieron omisiones y diferencias en dinero, en bancos y otros”, señala el informe DASE-0061-2016.

Los auditores examinaron cuatro declaraciones patrimoniales presentadas, entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de marzo del 2016. En sus reportes incluyó dos terrenos en Santa Elena y Los Ríos y una casa en la Urbanización Terranostra, en el conjunto Villanova, en el km. 13 vía a la Costa (ver foto).

Esta vivienda de 235,27 m2 fue vendida a Manzano y su esposa por USD 149 523, según la escritura pública de compraventa del 9 de agosto del 2012.

El Biess financió parte del valor del inmueble con un hipotecario de USD 103 310 a 300 meses plazo, pero la Contraloría observó que el exfuncionario no justificó el origen de USD 44 857 pagados antes de la firma de esta escritura.

Manzano explicó al órgano de control que por 20 meses canceló cuotas, por lo que no se pagó todo en efectivo cuando firmó la escritura. Este descargo no fue aceptado, pues no adjuntó documentos que sustenten el origen del dinero.

Tras la negativa de la Contraloría, argumentó que la plata provino de sus remuneraciones en Petroecuador, desde el 2008 y el número de las cuotas se extendieron a de 20 a 26.

Sin embargo, los saldos de sus cuentas en tres bancos no reflejaron que tuvo sueldos acumulados. Tampoco detalló fechas y valores de las transferencias a favor de la constructora que le vendió el inmueble en el 2010. Su remuneración mensual en Petroecuador en el 2012 era de USD 3 224.

EL COMERCIO visitó el miércoles 16 de noviembre del 2016 el conjunto residencial donde Manzano vive. El guardia informó que no se encontraba porque solo llegaba los fines de semana. Ahí vive su esposa y su hijo, quienes tampoco estaban. “Ahora solo viene sábados y domingos”, reiteró.

También se buscó la versión de Manzano, pero no fue posible localizarlo. Ayer el fiscal Pérez presentó un informe de movimientos migratorios, en los que se registran salidas a EE.UU. y otros destinos.

Los auditores encontraron otras contradicciones sobre la compra de tres vehículos, por lo que se desconoce de dónde salieron USD 83 490.

En cuanto a sus bienes muebles se fijó un aumento de USD 22 000, los cuales según Manzano son “…plenamente justificables considerando los ingresos obtenidos (…)”. En los seis años analizados, sus sueldos, liquidaciones, viáticos, dietas, etc., sumaron USD 184 363, según un oficio de Petroecuador. Esto se confirmó con los estados de cuenta del Banco Internacional.

También recibió transferencias de otras fuentes por USD 130 215 y no declaró los saldos de tres cuentas de su esposa. A dichas cuentas se transfirieron USD 196 505,4 hasta el 20 de noviembre del 2014, fecha en la cual se registra la disolución de la sociedad conyugal.

Para Manzano, estas cuentas están en las declaraciones de su cónyuge, quien es funcionaria pública. Pero Contraloría concluyó que existen depósitos y transferencias por USD 271 091, que no corresponden a sus salarios ni de su cónyuge y no se presentaron respaldos de dónde se originaron. Otro hallazgo: los ingresos de la pareja fueron menores a los consumos con tarjetas de crédito, por lo que no se justificó de dónde salieron los recursos para los pagos.

Este Diario buscó la versión de la esposa desde noviembre, pero no respondió las llamadas.

En contexto

La Fiscalía también presentó como evidencia un informe de la Unidad de Análisis Financiero, en donde se registrarían movimientos económicos no acordes con sus ingresos. Ayer, la abogada de Manzano dijo que se pronunciaría luego de estudiar el caso.

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