Redacción Política
Los ex presidentes Gustavo Noboa, Sixto Durán Ballén y Osvaldo Hurtado suscribieron un manifiesto, en el que expresan su preocupación por los efectos de la tirante relación que mantiene el Gobierno con ciertos sectores de la prensa.
Entre los temas que más inquietan a los ex mandatarios está el “deterioro que han sufrido las instituciones democráticas durante el gobierno de Rafael Correa”.
De igual modo, los procesos administrativos que se siguen contra Teleamazonas, que pudieran determinar en su cierre definitivo.
“Al lenguaje injurioso con el que se descalifica a la prensa y a los comunicadores sociales, ha seguido un persecutorio proceso administrativo que el Gobierno ha iniciado contra Teleamazonas”, sostienen los ex presidentes.
El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) ha dispuesto la investigación de ese canal por dos informaciones que, supuestamente, violaron la Ley de Radiodifusión y TV, expedida en la dictadura de 1975.
El primero tiene que ver con el reporte que esa televisora difundió en mayo sobre la supuesta existencia de un centro de cómputo electoral clandestino en Guayaquil. El segundo por informar que aparentemente la exploración de gas en la isla Puná afectaría la pesca durante seis meses.
Para los ex residentes de la República, esos procesos contra Teleamazonas resultan “desmesurados”. “Se le acusa de haber transmitido noticias inexactas que pudieron provocar una conmoción social; hecho que, por cierto, nunca llegó a producirse”.
En ese punto, a Noboa, Durán Ballén y Hurtado les preocupa que el Gobierno, a través del Conartel, intente aplicar la Ley de Radiodifusión y Televisión concebida en una dictadura. “En razón de su carácter represivo a ningún Presidente del actual período democrático se le ocurrió aplicar”.
Además, cuestionan que el Conartel juzgue a la estación televisiva. La razón: todos sus integrantes dependen del gobierno de Rafael Correa, quien ha expresado su deseo que se sancione las presuntas faltas de Teleamazonas.
En la actualidad, el Conartel está integrado por delegados del Presidente de la República y del Ministerio de Educación. Su último miembro es el Superintendente de Telecomunicaciones, que fue elegido por la Constituyente controlada Acuerdo País.
“Una resolución que disponga la clausura de Teleamazonas, además de confirmar la voluntad del Gobierno de sustituir el Estado de Derecho por un régimen autoritario, conculcará garantías fundamentales consagradas en la Constitución, como las libertades de opinión y de prensa, que el Presidente debe respetar y los ecuatorianos estamos moralmente obligados a defender.