Un policía que opera en Chimborazo practica en el polígono de tiro del GOE. Foto: Cortesía Min. Interior
Tras el anuncio público de que los agentes entrarán a un reentrenamiento, el proceso arrancó con una evaluación a los policías comunitarios que operan en Chimborazo. Los uniformados fueron sometidos, por ejemplo, a pruebas de tiro, en el centro de entrenamiento del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
¿Por qué el trabajo comenzó con personal de esa provincia? “Porque están más cerca a ese centro de formación especializada”, explica la Policía.
El tema del reentrenamiento comenzó a discutirse luego del caso de Diana Carolina, la joven que fue asesinada frente a gendarmes que llegaron a un llamado de emergencias.
La evaluación inicial servirá para saber qué nivel de formación tienen los agentes. A partir de ese resultado comenzará el reentrenamiento como tal.
Este Diario recorrió las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) de Quito y habló con quienes asisten inicialmente a las llamadas de emergencia, como en el caso de Ibarra.
Ellos dicen que no están capacitados para disparar y que únicamente cuentan con una formación anual en temas de derechos humanos.
Un uniformado que trabaja en Carapungo, en el norte de Quito, asegura que la última vez que usó un arma de fuego fue hace cinco años, cuando pasaba el curso de ingreso.
“Nadie está prohibido hacer uso del arma”, señaló el jefe de Operaciones, Patricio Carrillo, tras conocer el taque de Ibarra.
Pero los gendarmes solicitan que el Estado los prepare permanentemente y que los respalde cuando se planteen acciones legales.
Por eso el comandante general, Nelson Villegas, envió un mensaje a sus tropas: “Ustedes tienen todo el respaldo del Gobierno y del Mando Institucional en sus procedimientos policiales”.
Esta comunicación se comenzó a difundir internamente a los 48 200 uniformados.
En cambio, el Ministerio del Interior envió un memorando a todas las Gobernaciones del país, para que sus departamentos jurídicos defiendan legalmente a aquellos “que en ejercicio de sus funciones protejan el derecho de otras personas, según los artículos 32 y 33 del Código Penal”.
En el artículo 32 se habla de que la persona protegida debe estar en real peligro, que las secuelas no sean mayores del daño que se quiso evitar y que efectivamente no haya existido otra vía que la actuación policial para defender a la persona.
El artículo 33, en cambio, menciona la legítima defensa de los uniformados.
El año pasado, 69 agentes enfrentaban un proceso judicial por inobservar el uso progresivo de la fuerza. Pero desde el 2015 sumaron 299 casos a escala nacional.
Inredh, una organización regional que trabaja en derechos humanos, dice que es importante capacitarlos en temas legales, para que el personal sepa, por ejemplo, cuándo debe usar sus armas de fuego.
“En Ibarra no dispararon cuando sí debían hacerlo, pero en Mascarilla dispararon cuando no debían”, sostiene el director de ese grupo, Luis Saavedra. Asegura que entre los agentes no “hay una asimilación de lo que significa el uso proporcional de la fuerza”.
Después de la insubordinación del 30 de septiembre del 2010, el Gobierno comenzó a trabajar en un nuevo pénsum de estudios para los policías y se enfocaron en el respeto a los derechos humanos, la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el desarrollo de competencias.
Se trabajó en materias como Doctrina Civil Comunitaria y otras relacionadas con la investigación de los delitos.
En la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) hay preocupación por la falta de formación a los agentes estatales. Su directora, Elsie Monge, dice que es necesario capacitarlos en el manejo de crisis, para que el uso de las armas sea el último recurso. “Lo que vimos en Ibarra es a un grupo de policías mirando por hora y media, cuando ellos debían hacer un cerco y convencer al hombre de no cometer el delito”.
En Ibarra también se dispuso el “refrescamiento” de conocimientos. Instructores del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) reentrenarán técnica y tácticamente a todos los uniformados que operan en esa ciudad.
Trabajarán en grupos de 15 personas, pero todavía no hay fecha para esos cursos.
En Quito, el personal asegura que aún no reciben las notificaciones para entrar a los cursos de actualización.
Este tema también fue cuestionado en la Asamblea Nacional, el pasado 22 de enero, cuando la ministra del Interior, María Paula Romo, compareció por los hechos violentos en Imbabura. Empero la funcionaria indicó que los equipos están dotados de “medios suficientes”. Mas, reconoció que hubo “una serie de errores” en el caso de Diana Carolina.
Uno de estos fue que el mando de la Policía Nacional no fue advertido de lo que ocurría en ese momento.
Los hechos
19 de enero 2019
Una joven, de 22 años, fue asesinada en presencia de un grupo de policías. Su pareja fue detenida en ese momento y está en la cárcel de Latacunga.
22 de enero 2019
La ministra Romo comparece en la Asamblea Nacional por los hechos violentos ocurridos en Ibarra y anuncia que los policías serán reentrenados.
25 de enero 2019
Romo dispone que las gobernaciones estarán encargadas de brindar apoyo legal a los policías que sean procesados por hacer uso de la fuerza.
28 de enero 2019
Se inicia la evaluación a los policías comunitarios de Riobamba, como parte del programa de reentrenamiento que se desarrollará a escala nacional.