27 de November de 2009 00:00

Evaluación académica

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Enrique Ayala Mora

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Si no se las evalúa, las instituciones superiores del país no tendrán un referente para cumplir mejor su misión. Y la crisis de calidad que afrontamos se volvería crónica. Por eso es importante impulsar las iniciativas de evaluación que están en marcha.

La Asamblea Constituyente aprobó un mandato específico en que se encarga al Conesup y al Conea realizar evaluaciones de las instituciones superiores, de manera que la Asamblea Nacional pueda tomar decisiones para mejorar la calidad académica de nuestra educación universitaria.

Los dos organismos han presentado sus informes. El del Conesup llegó antes a la Asamblea. Pero desde el primer momento quedó claro que es un documento hecho a la ligera, por personal contratado fuera de la institución, sin la debida competencia. El informe está lleno de contradicciones e incongruencias. Por ejemplo, tiene una puntuación, de la que se establece un ‘ranking’ de instituciones, en el que se mide por porcentajes el cumplimiento de leyes y regulaciones, como si la observancia legal se diera en un 45 ó 76 %, cuando es claro que la norma se cumple o no.

El Conesup ha calificado de “borrador” al informe y la Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas ha pedido que se lo retire de la Asamblea. Pero, con sus resultados, la prensa ha hecho reportajes y no ha faltado alguna institución que hasta sacara propaganda con sus cifras.

El informe del Conea se ha presentado después. Tiene, desde luego, debilidades y lagunas, pero es de lejos mucho más serio y profesional. Allí no hay ‘ranking’, pero se agrupan las instituciones en categorías, según resultados que han sido procesados con criterios  sólidos. Sus consideraciones y recomendaciones merecen una detenida lectura.

La noticia de mayor impacto que ha provocado este informe es que hay 26 universidades que constan en el grupo E, que es el más bajo. Estas, se ha afirmado en varios medios de prensa, deben ser clausuradas de inmediato.

La verdad es que el informe solo comprueba lo que ya sabíamos. En el Ecuador hay muchas universidades, en su  mayoría negocios educativos, que funcionan sin las condiciones mínimas que cualquiera entidad de esta índole debe tener. Por ello, la solución es que mejoren o se supriman.

Claro que no se podría cerrar 26 universidades de una. Pero, con la información a la mano, se puede plantearles un plan de mejoras perentorio, que permita volver a evaluarlas en dos o tres años. Y allí si la decisión debe ser impostergable.

Pero, a la luz de lo que establece el informe, y también de lo que conocemos, lo que sí puede hacerse de inmediato es establecer en la Ley de Educación Superior normas que impidan la proliferación de universidades y extensiones, que permitan un mayor control y mantengan la evaluación permanente.

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