13 de January de 2010 00:00

La ética y la participación siguen en el plan

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Redacción Política
política@elcomercio.com

Las denuncias de actos de corrupción en contra del  ministro  del Deporte,  Raúl Carrión,  y  de la ministra de Salud, Caroline Chang;   los contratos firmados  con empresas en las que tenía acciones    Fabricio Correa, hermano del Mandatario; los contratos viales suscritos en las emergencias... son algunos de los lastres que lleva  a cuestas la    revolución ciudadana.
 
La revolución ética y lucha contra la corrupción   fue el segundo eje del Plan de Gobierno de Alianza País.  Empero, en el ejercicio del poder, el Régimen ha enfrentado varias denuncias de supuestos actos de corrupción.

El ministro  de Coordinación Política, Ricardo Patiño  asegura que el Gobierno  ha sido el que  ha descubierto varios casos. Se refiere a  las denuncias de actos de corrupción que se registraron en la Secretaría del Deporte.

Sin embargo, el ministro Ricardo Patiño defiende los “cambios estructurales”  que realizó el Gobierno para evitar los nudos críticos donde tradicionalmente se producían actos de corrupción: los procesos de contratación pública y la asignación automática de recursos para los organismos seccionales. Eso pese a que los mayores escándalos precisamente han estallado por los supuestos abusos en las contrataciones a través de las emergencias.
 
La participación de las organizaciones ciudadanas también fue parte del programa de Gobierno presentado hace más de tres años.  No obstante, varios sectores consideran que en ese aspecto   no ha pasado de la retórica.

Para Pablo Andrade, coordinador de la maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina, las consecuencias  en estas áreas no son las que se esperaban.  “El Presidente ha estado en una constante competencia electoral,  por lo tanto, no ha  habido una verdadera democratización de la sociedad”. 
 
El ex constituyente Alberto Acosta considera que los sectores organizados pierden espacio en el ejercicio de poder y se imponen otros intereses económicos. Incluso dijo que la revolución ciudadana carece de  ciudadanos. 

Patiño considera que falta organización social. “En los gobiernos de derecha se persiguió a los dirigentes, pero estos movimientos se están reconstituyendo”.  

Anticorrupción

Lo pendiente
Falta resolver las denuncias en contra de varios funcionarios
  Al Gobierno  aún le queda resolver las   acusaciones que se han presentado en contra de funcionarios públicos.  El Régimen debe demostrar qué tan transparente es al momento de sancionar  a   los   colaboradores  que hayan delinquido de alguna forma durante su gestión. 
A través de  instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como  de la Secretaría Anticorrupción, el Régimen  debe robustecer las  investigaciones que se han realizado, con el fin de transparentar su gestión, tal como ofreció durante su campaña electoral.  

El Plan de Gobierno
Transparencia en la gestión pública, un intento que no cuaja 

Impulsaremos  un proyecto de reforma al Código Penal que precautele la transparencia y que determine penas más severas para las personas que utilicen fondos e información del sector público para enriquecerse. Los controles de la Contraloría General del Estado tendrán que darse no solo ex post, sino que será de carácter preventivo, contando con el respaldo de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción y todas las veedurías ciudadanas que sean necesarias. 

El trabajo de la Contraloría debe dar un salto cualitativo fundamental: hay que superar los atrasos en sus controles que fluctúan entre 3 y 6 años, con una cobertura de apenas 30 a 40% de los presupuestos fiscales y con un 765 de estudios realizados por muestreo.

Se aplicarán  sistemas transparentes de compras, contratación y adjudicación de todas las instituciones y empresas públicas, a través de un sistema de subastas públicas electrónicas, utilizando la tecnología informática y de Internet, y permitiendo su mayor acceso e información a toda la sociedad ecuatoriana. Se investigará a funcionarios públicos en los que existan indicios o denuncias de enriquecimiento ilícito y perjuicio al Estado.  

Punto de vista
Marcelo Merlo /
Ex Contralor General

‘Se  abusó  de la  emergencia’

Desde 2008 se ha generado un gran problema en el tema de las emergencias. Esto se debe analizar desde la ejecución de la nueva Ley de Contratación Pública, que entró en vigencia en agosto de ese año.

Yo he tenido problemas con quien redactó la norma porque es inconcebible que se haya establecido dos tipos de emergencias. Allí se determinó que existen emergencias institucionales y sectoriales, lo que ha generado deformaciones en la aplicación legal.
Emergencias institucionales son para las empresas estatales, mientras que las sectoriales son para  diferentes áreas.
 
Se dictó una norma equivocada que ha provocado que se use y se abuse de la aplicación de las emergencias en el país;  se las usa para toda actividad sin control alguno del Estado.

Esto ha traído graves problemas en la ejecución de proyectos con cargo a los programas desarrollados durante las emergencias. Además, esta mala  utilización ha dado lugar  a que se inicien acciones legales y de control  por parte de la Contraloría General del Estado   y de la Fiscalía, que han tenido que investigar la corrupción que se ha generado en la adquisición de bienes y contratación de obras.

Este es un tema complejo que debe ser analizado a profundidad por sus repercusiones y los problemas que podrá traer sobre algunos proyectos.

La participación social

El Plan de Gobierno
La participación se incluye en un  espacio privilegiado

Lo pendiente
Aún no se ha completado   la
integración institucional.
La integración  del Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social es una tarea pendiente para completar la estructuración  institucional. Esta misión  está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que lleva adelante la selección de los candidatos a ocupar
esas funciones. 
  La aprobación  de la Ley de Participación  quedó pendiente desde julio, cuando la Comisión Legislativa de Fiscalización concluyó la discusión del informe para primer debate. Los miembros de la actual Comisión de Participación, dominada por la oposición, reinició ese trabajo. 

Con la participación  ciudadana del campo y las urbes haremos un gran acuerdo nacional para construir oportunidades para todas y todos, donde prime el interés común sobre el particular, y donde los ciudadanos y las ciudadanas tengan garantizados sus derechos a una buena vida; a ser parte activa de la sociedad y de las decisiones que nos afectan, a una sociedad equitativa y solidaria, donde la honradez...

La consideración fundamental para construir el nuevo país es incorporar a toda la población en la definición de su presente y de su futuro.  No aceptamos que sea solo una fracción de la sociedad la que organice la vida nacional. Esto significa garantizar su acceso adecuado a todos los habitantes del país en la toma de las decisiones, y eso pasa por el logro de un nivel de bienestar que responda a sus necesidades mínimas básicas.

Nuestro país  se caracteriza por contingentes colectivos con identidades diferenciadas: indígenas, mestizos, cholos, afroecuatorianos, blancos. Esa diversidad no es un obstáculo, sino una fortaleza, pero para que se exprese de la mejor manera hay que contar con mecanismos genuinamente democráticos. 
 

Punto de vista
Francisco Muñoz / Analista político

‘No conviene un giro  populista’

La participación  ciudadana fue incorporada de manera fuerte en la nueva Constitución. Por ello, uno de los poderes del Estado es el de la Participación y Control Social. 

 Lo que hay que ver es que su proceso de implementación, ya sea en la elaboración de la Ley de Participación o en  la  integración  del Consejo de Participación Social,   se esté cumpliendo con esta disposición constitucional en términos de legalidad y legitimidad.

En los próximos meses  se verá si el Consejo de Participación  funciona como un verdadero contrapeso de  la gestión del Ejecutivo. Sería muy grave que en este proceso de integración del Consejo haya un  manejo que determine que estos integrantes sean incondicionales de la Función Ejecutiva. Ello invalidaría toda la arquitectura institucional establecida en la Constitución.

Hay una suerte de incoherencia entre el discurso y la gestión, entre la propuesta constitucional y su implementación. Incluso pudiéramos estar hablando de una revolución ciudadana sin ciudadanos en la medida en que el Gobierno   camina hacia acciones de carácter populista. 

Eso pudiera llevar a una situación poco conveniente para los cambios que el país necesita. No es conveniente que el Gobierno se ponga de espaldas a movimientos sociales y prefiera una acción clientelar. 

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