Parece que nos estamos acostumbrando a la repetición de los hechos, a la reiteración de las infracciones y a reaccionar cada vez que las vías del país se tiñen de sangre y dejan una profunda huella de dolor entre los familiares de las víctimas.
Dos autobuses de una misma cooperativa se chocaron de frente en la carretera que une a las provincias de Guayas y Manabí, con un saldo de 13 muertos -según cifra oficial-, decenas de heridos y la eterna promesa de investigar “hasta las últimas consecuencias”.
Las primeras pistas del accidente revelan una supuesta impericia de uno de los choferes. Los dos vehículos estaban en condiciones óptimas de funcionamiento. La causa más probable, entonces, pudiera ser la irresponsabilidad.
El nuevo accidente coincide con el anuncio de la Federación Nacional de Choferes de ir a un paro indefinido desde el 25 de abril. Desde Huaquillas hasta Rumichaca, dicen, para oponerse a las reformas a la Ley de Tránsito, que están en vigencia hace tres meses.
¿Qué reclaman los transportistas? La nueva Ley establece que cuando un accidente es causado por un transporte público serán responsables por los daños materiales la cooperativa y el dueño del vehículo. Se decreta automáticamente una sanción de 60 días de suspensión y el retiro del cupo.
No desean que el chofer que circule con llantas lisas o daños mecánicos sea sancionado con prisión de 6 a 12 meses y una multa de tres a cinco salarios básicos. La multa es similar para los casos en que los transportistas conducen con exceso de pasajeros. No quieren sanciones, pero sobre sus obligaciones con la comunidad no dicen nada.
Si bien ninguna Ley es suficiente cuando no hay una acción decidida de la autoridad, cambiar la actual situación demanda una actitud responsable de los choferes.