8 de marzo de 2016 07:31

¿Los estudiantes suspendidos del Montúfar pueden ingresar a clases?

Formación de los estudiantes en el patio del Colegio Montúfar. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Formación de los estudiantes en el patio del Colegio Montúfar. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Diego Puente

La mañana del lunes 7 de marzo los estudiantes suspendidos del Colegio Montúfar fueron sacados del aula de clases. Esto, pese a que existe una resolución de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia que ordenó que los alumnos asistan, de inmediato, a clases regulares.

Los abogados y padres de familia de los adolescentes señalaron que era una medida ilegal tomada por la rectora de la Institución el haberlos sacado de clases. Incluso, hablaron de desacato al no acoger la resolución de una entidad que está dentro del sistema de protección de los adolescentes.

El artículo 206 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que a las juntas de protección de derechos les compete “conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado”.

La resolución sobre el caso Montúfar la emitió la Junta el 26 de febrero pasado. En eso busca dos cosas puntuales: que se garantice el derecho a la educación y que se garantice el debido proceso. Dos abogados constitucionalistas opinaron al respecto.
Salim Zaidán, catedrático, señaló que la resolución debe ser acatada por las personas a las que fue dirigida el documento. En este caso, la dirección regional de educación Eloy Alfaro y la rectora del Colegio Montúfar.

El documento que emitió la junta, añadió Zaidán, es un procedimiento previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia que está fundamentado en derecho. En caso de que las autoridades de educación no quieran atender, los padres pueden pedir a la Junta Metropolitana que acuda a un juez para pedir que ordene cumplir la ley.

Con este criterio coincide el constitucionalista Juan Pablo Albán. Él añadió que si se impide su ingreso a las aulas podría tomarse como resistencia a la decisión de una autoridad. “De una orden emanada de manera legítima”, comentó.

Noemí Salgado, de la Dirección Distrital de Educación Eloy Alfaro, comentó que la junta de resolución de conflictos de esta esta entidad se reunirá para tratar el pedido de la Junta Metropolitana. “Nosotros estamos haciendo la contestación, se está presentando la contestación . Inmediatamente se reunirá la junta de resolución de conflictos y tomará conocimiento de eso y se notificará a cada uno de los estudiantes”.

Los padres de familia de los adolescentes esperan que la junta de resolución de conflictos no tarde en acatar lo dispuesto en el documento. Ayer, los jóvenes se lamentaron por haber sido retirados de las aulas de clase. 15 adolescentes uniformados permanecieron en los corredores de la institución a la espera de que estos trámites legales se resuelvan. Estarán todos los días en las puertas de la institución educativa hasta que los dejen pasar.

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