30 de junio de 2016 17:25

Estudiantes piden la salida del Ministro de Educación

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, pide una reunión con el contralor del Estado, Carlos Pólit, para debatir sobre el aseguramiento de los bienes públicos. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Según la FESE, el ministro Augusto Espinosa tiene una “política improvisada” en el sector. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Diego Puente
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Los alumnos que se agrupan en la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) exigen la salida del ministro de Educación, Augusto Espinosa. Para ellos, el titular de la Cartera de Estado tiene una “política improvisada” en el sector.

La mañana del jueves 30 de junio, Jorge Piedra, flamante presidente de la FESE, dijo que los bienes educativos debían estar asegurados, tal como se dispone en el artículo 5 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público de la Contraloría, que está vigente.

Piedra comentó que desde hace meses han buscado la salida de Espinosa. Recordó varios 'impasses'. Entre ellos el manejo de las manifestaciones violentas y según dijo, la represión policial.

El Ministro dijo en una rueda de prensa anterior que no renunciaría. Añadió que no teme a un juicio político que buscan varios asambleístas de oposición. “Es un tema que se debe debatir técnicamente”. En otras ocasiones ha comentado que para él, la FESE no existe ya que a su criterio está vinculado con el extinto MPD, hoy Unidad Popular, partidos de oposición al régimen.

El lunes, manifestó que no teme a la posibilidad de que se inicie un juicio político en su contra. Él no cree que se perjudicó al Estado al no asegurar las unidades educativas del milenio.

El problema se da tras conocer que las escuelas y colegios, incluidas las 63 unidades educativas del milenio construidas por el actual Gobierno, no estaban aseguradas. La de Pedernales, inaugurada en el 2013, quedó destruida por el sismo del pasado 16 de abril. Incluso, la Contraloría General del Estado, luego del terremoto, emitió órdenes de trabajo para inicio de exámenes especiales y verificaciones previas.

Espinosa argumentó que en el Reglamento en mención no se especifica qué tipos de bienes públicos se deben asegurar. Además, en esa disposición, comentó, no se ha hecho un análisis de un real beneficio del Estado.

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