27 de febrero de 2016 00:00

Así asumen algunos gobiernos locales ecuatorianos la falta de dinero

El impuesto predial es uno de los principales ingresos que ayudarán a los Municipios y gobiernos locales. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El impuesto predial es uno de los principales ingresos que ayudarán a los Municipios y gobiernos locales. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Bolívar Velasco
(Varias redaccionesI)

Los retrasos en las transferencias a los gobiernos provinciales, municipios y juntas parroquiales del Ecuador se han asumido con diferentes medidas. En algunos casos, se han aplazado o paralizado obras, hay ajustes en el sector administrativo y reducción de gasto corriente. También se dejó de contratar personal o no se renovaron los contratos vigentes.

Esto sucede en algunos sectores:

En Pichincha
Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y Prefecto de Pichincha, explicó que en su Prefectura se hizo ajustes en viáticos, horas extras y gastos administrativos. “Vamos a posponer las inversiones, eso no quiere decir que no vayamos a construir nuevos proyectos. Al momento estamos terminando obras del 2015. Finalizando el primer trimestre comenzaremos con el plan operativo del 2016”.

Baroja dijo que no se puede negar que hay retrasos en las alícuotas a las prefecturas de diciembre del 2015 y enero del 2016.

En la Sierra Centro


La Prefectura de Tungurahua, en la región Andina, por ejemplo, entregará los USD 130 000 del año pasado a las juntas parroquiales. Este rubro sumado al aporte de las parroquias se invertía en el mejoramiento vial. “Este año se acordó con los presidentes de estos organismos que los proyectos de asfaltados se ejecuten por etapas y con el compromiso de terminar las obras”, dijo Cecilia Chacón, viceprefecta de la provincia.

Aseguró que se aplica la disposición nacional en el tema de los viáticos de subsistencia diaria dirigido a los funcionarios que salen de la provincia a realizar gestiones. Esta obliga a que los gastos del servidor público sean repuestos en la cantidad proporcional, es decir, solo lo que se gaste y no los USD 60 que estaban acostumbrados. “Con todos estos ajustes, el déficit de la Prefectura bajó de USD 7 millones a 1 millón. Pero aún necesitamos ajustarnos más”.

El presupuesto de este año es de USD 81 millones y se mantienen los USD 28 millones para obras de infraestructura y USD 18 millones para obras como la tecnificación del riego, revestimiento de canales, construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas y más.

En Latacunga, este año el presupuesto es de USD 34 millones y no de 46 porque los USD 12 no existen, dijo Patricio Sánchez, alcalde de la ciudad. El Burgomaestre está preocupado puesto que de la reducción de esos recursos afecta en la inversión de la obra pública. Dejará de asfaltar las vías que conducen a la zona occidental y oriental del cantón, aunque no abundó en detalles en el número de kilómetros y el monto requerido para esas obras.

El Gobierno entregará USD 33 millones para financiar el plan maestro de agua potable y alcantarillado. Se espera que el primer desembolso llegue en marzo. El aporte del Cabildo será de USD 15 millones. Además, un crédito del Banco del Estado por USD 4,5 millones para la construcción de un camal regional.

En Ambato, el Cabildo dejará de recibir un rubro similar a los USD 12 millones. Luis Amoroso, burgomaestre de la ciudad, asegura que van a laborar con los propios recursos que genera la municipalidad que sobrepasan los USD 7 millones. “Dejaremos de hacer obras de vialidad que estuvieron planificadas y que quedará hasta que mejore la situación del país”.

El presupuesto de este año para el Cabildo ambateño es de USD 157 millones. Amoroso dijo que no habrá despidos, sino que se controlará mejor los gastos corrientes. Asimismo, el Gobierno aún no transfiere los recursos de diciembre y enero que es de USD 4,7 millones.

En la Sierra Norte

En el cantón Mira, de la provincia del Carchi, uno de los inconvenientes es que USD 2 millones de su presupuesto anual se destinan a gastos corrientes, en el que se incluyen los sueldos del personal municipal. Mientras que el resto sirve para pagar deudas adquiridas.

Es por eso, que en diciembre último, se tomaron medidas, como la no renovación de 37 personas, que laboraban bajo contrato. Entre tanto, no pueden realizar obras. Uno de los pocos ingresos son los tributos. Sin embargo, Mira arrastra una cartera vencida de 12 años. Eso significa alrededor USD 500 000.

En Ibarra se realizaron ajustes para enfrentar el recorte de USD 3 millones de las asignaciones del Gobierno, que dejarán de llegar. Hasta el año anterior la transferencia estatal para el municipio de la capital de Imbabura fue de USD 24 millones.

Sin embargo, el presupuesto aprobado del Municipio de Ibarra es de USD 91 millones. La mayor parte proviene de tributos, autogestión y créditos.

Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, asegura que del presupuesto total, el 30% se destina a gasto corriente. Y el resto para proyectos. “Pero si el retraso en las transferencias continúan podríamos tener problemas en sueldos y salarios”.

En Guayaquil


Si bien anticipa que la situación del Municipio de Guayaquil no es crítica en lo económico por el momento, el alcalde Jaime Nebot tampoco descarta tomar “las acciones que sean necesarias”, para exigir el cumplimiento del envío de los dineros que le corresponden a la ciudad.

A fines de diciembre, y pese al anuncio de la reducción de las asignaciones por la baja de los precios del petróleo, el Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó su presupuesto para el 2016 en USD 717,2 millones.

“Es ligeramente más alto que el 2015 y pese a la crisis Guayaquil no solo mantiene su presupuesto sino que se ha hecho un ajuste al sueldo al personal municipal de 3,80%. Además, el endeudamiento -que es para obra pública- se cancela con apenas el 3.86% del presupuesto”, dijo Nebot.

En la Prefectura del Guayas la contratación de obras sin el pago de anticipos y la priorización del uso de maquinaria propia son las acciones prácticas asumidas para enfrentar el atraso en la entrega de sus recursos.

Pese a que la entidad se encuentra en “una suerte de problema de liquidez”, Jairala enfatiza que ni las obras ni el personal se han paralizado. Y descartó la posibilidad de incrementar el costo del peaje en las carreteras de la provincia para obtener fondos. La institución tiene alrededor de 1 600 trabajadores y se encuentran al día en sus pagos.

Otras decisiones adoptadas por el Consejo fue una reprogramación de la inversión por el año 2016 de los fideicomisos que mantiene la Corporación Provincial con las concesionarias Conorte y Concegua. “Hicimos una renegociación con las concesionarias… Entonces, logramos ajustar más o menos USD 8 millones, con lo que, si a mediados de año se nos confirma que el ajuste será de USD 15 millones, tendremos ese ajuste reducido a USD 7 millones”, explicó.

En otros municipios como el de Durán también hacen sus propios ajustes. Elaine Jijón, directora financiera del Cabildo, dijo que no se han paralizado obras ni se ha producido el atraso en el pago de los sueldos. “Lo que hemos hecho son ciertos ajustes en cuanto a la disminución de los anticipos que hemos dado a los contratistas y una determinación muy estricta a los pagos semanales. Creemos que nos podríamos manejar dentro del primer cuatrimestre del año en forma ordenada”.

En Santa Lucía, también en Guayas, su alcalde Miguel Ángel Solórzano reconoce que el Gobierno les adeuda el mes de enero (unos USD 620 mil). Sin embargo, destaca que en enero y lo que va de febrero, por el cobro de los impuestos, han recaudado unos USD 200 mil los que les ha permitido tener un flujo de dinero en caja.

“Un 30% de los contribuyentes se han puesto al día. Con esos dineros estamos priorizando la administración como en el tema de gastos, el pago a funcionarios y de servicios. Igual estamos a la espera de los recursos para el tema invierno pues nuestro cantón estuvo inundado tres días con la creciente del río Daule”, acotó. El Cabildo de Santa Lucía registra un rol de 291 trabajadores.

En Los Ríos

Juan Carlos Troya, alcalde de Valencia (Los Ríos), también destaca que no han sentido de manera intensa el retraso en el envío de los fondos, “pues el inicio el cobro de impuestos nos ha permitido tener un flujo de caja que nos posibilita administrar la Municipalidad”.

Cuenta que mantienen el pago puntual de los sueldos del personal en vista que el Cabildo maneja recursos propios que hace que no dependa, “como ocurre con otros compañeros Alcaldes en gran parte de los fondos de la Ley del 15%”.

Por ello adelantó que apenas lleguen los dineros adeudados desde el Gobierno Central (USD 1,6 millones por dos meses y la devolución del IVA), se acometerá en obras para enfrentar la etapa invernal como protección de puentes, muros de contención y alcantarillas que se han ido con las crecientes.

En Esmeraldas

Se continúa las obras contratadas el año anterior y se maneja un presupuesto menor al del año pasado. En el caso del Consejo Provincial de Esmeraldas se redujeron USD 5 millones, es decir este año aspira a recibir USD 34 millones, cuando en 2015 fue USD 39 millones.

“Después de marzo no sabemos qué vaya a pasar con los sueldos si siguen retenidas las transferencia económicas”, dijo Lucía Sosa, prefecta de Esmeraldas.

A esa institución no se han depositado USD 14,2 millones desde noviembre del año pasado por alícuotas, USD 5 millones son por retención del IVA. Además, los desembolsos de un crédito por USD 17,6 millones al Banco del Estado, que debía hacerse en octubre, hace pocos días se transfirieron solo USD 2,3 millones para entregar el 40% de anticipo para cinco de 13 obras a ejecutar con ese crédito.

Una de las estrategias usadas por el Municipio de Esmeraldas es convenir con empresas privadas y estatales para trabajar en obras como mejoramiento de calles y buscar una reducción de personas contratadas.

En Quinindé, el presupuesto se redujo en USD 2,5 millones. Hasta el año pasado fue de USD 18 millones y se suspendió la contratación de personas. Ahí 10 trabajadores se acogieron a la jubilación y se buscará nuevos mecanismos para optimización del recurso humano, explica Manuel Casanova, alcalde de Quinindé y presidente Regional de AME.

Uno de los municipios que ha reajustando el recurso humano es el del Atacames, para ahorrar y financiar el pago de sueldos. Unas 70 personas contratadas han salido de la institución desde finales del año pasado.

Además, los municipios de la provincia de Esmeraldas buscan reducir montos por horas extras para ahorrar dinero, y garantizar el pago de sueldos y salarios.

En Santo Domingo de los Tsáchilas


Los retrasos que tienen en las asignaciones del dinero que les entrega el Estado llevaron al municipio de Santo Domingo a implementar una estrategia de auto sostenimiento, aunque reconocen que no es suficiente.

El director financiero del Cabildo, Juan Carlos Valencia, señala que los retrasos vienen desde agosto del año pasado cuando las asignaciones de cada mes se consignaban en tres y cuatro partes. “Sí se cancelaron todas. Pero en medio de los problemas financieros debemos organizarnos para que el retraso en los depósitos del Estado no nos afecte. Nos estamos moviendo en función de lo que tenemos. Somos uno de los pocos municipios que cubre sus gastos corrientes con sus propios ingresos”, sostiene.

El rubro de los ingresos corrientes se obtiene de la recaudación de impuestos prediales, alcabalas, patentes, tasa de recolección... Este alcanza los USD 21 millones y de ahí queda un sobrante de 2 000 000 que se destinan para proyectos de infraestructura. Asimismo, sirve para pagar los sueldos de los 2800 servidores.

El viernes pasado, en la rendición de cuentas, el alcalde Víctor Quirola manifestó que no se han despedido a los empleados. Lo que se hizo fue terminar los contratos con el personal que debía trabajar hasta diciembre. “Vamos a contratar nuevo personal, pero para lo estrictamente necesario”.

El Ayuntamiento también apunta a incrementar la recaudación de impuestos por patentes. Un análisis de Finanzas determinó que no todos los comercios están en el catastro. Por este tributo se obtienen 2‘ 200 000, pero consideran que es muy poco para una urbe donde hay muchos negocios.

A la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas le corresponde recibir este año USD 19 millones por parte del Estado. Con relación al 2015, la disminución es del 12 %.

“A eso debe sumarse un rubro de los créditos y el apoyo estatal para obras viales. En total percibiremos USD 36’ 596 927”, aseguró la viceprefecta Andrea Maldonado.

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