14 de marzo de 2016 16:59

El estero Salado abre una nueva pugna Gobierno-Cabildo

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Elena Paucar

El presidente Rafael Correa responsabilizó a la concesionaria Interagua por la contaminación del estero Salado, en Guayaquil. Y la empresa, encargada del alcantarillado y agua potable de la ciudad, le respondió en un comunicado.

En su último enlace sabatino, el Mandatario dijo que lo que ha ocurrido con el estuario es un “delito ambiental”. Y responsabilizó a la empresa por no dar el servicio necesario.

“Probablemente Interagua es una gran empresa, pero su responsabilidad era tener alcantarillado, con eso podríamos descontaminar el estero Salado, y siguen botando las aguas servidas al estero Salado por falta de alcantarillado”, dijo el sábado 12 de marzo del 2016.

Por su parte, este lunes (14 de marzo), la concesionaria respondió que durante los últimos ocho años ha dotado del servicio de alcantarillado a 800 000 habitantes de Guayaquil, ubicados en sectores populares. De ellos, 400 000 viven en sectores aledaños al Salado, en zonas como Guasmo, Trinitaria, Febres Cordero, Letamendi y parte de la parroquia Tarqui Popular.

“Aproximadamente 40 000 ciudadanos de los mencionados anteriormente no han cumplido con su obligación de conectarse a la red pública por no poder sufragar los costos de dichas conexiones. Como jurídicamente no es posible pagar esas conexiones con dinero público, hemos procedido a obtener el financiamiento para que esas personas privadas pueda devolver a largo plazo el dinero y hacer como lo hemos estado haciendo con la respectiva conexión por parte nuestra”, explica la empresa en el comunicado.

Durante el enlace sabatino, el ministro del Ambiente, Daniel Ortega, explicó que según un análisis realizado por esta Secretaría, nueve cada 10 puntos observados incumplían la norma ambiental respecto a la descarga de coliformes fecales en el agua. “En promedio, 80 veces supera la norma. Esto es una indolencia total. En el estero Las Ranas supera 800 veces el nivel de contaminación”, dijo Ortega.

Hace seis años, en febrero del 2010, el Gobierno comenzó un plan para la descontaminación del estero Salado. Desde entonces, según el Ministerio del Ambiente, se han invertido USD 143 millones.

Se instalaron bombas de oxigenación, que luego fueron retiradas; también se recurrió al desalojo de asentamientos populares a través del proyecto Guayaquil Ecológico, que incluía la construcción de 42 kilómetros de parques lineales. Incluso varias empresas fueron sancionadas por arrojar sus fluidos al estuario sin previo tratamiento.

Para el 2017, el presidente Correa ofreció bañarse en este tradicional brazo de mar guayaquileño. Sin embargo, el pasado martes 16 de febrero durante un conversatorio con la prensa en la ciudad, admitió que el estero no estaría del todo descontaminado para el próximo año.

Las autoridades del régimen no descartaron acudir a instancias judiciales. Mientras que Interagua y el ente regulador Emapag, empresa del Municipio de Guayaquil, aseguraron que “no solo han cumplido con la ley y el contrato de concesión, sino que han superado las metas previstas y, como en el caso analizado, se han encontrado soluciones solidarias y convenientes con el ambiente”.

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