19 de February de 2010 00:00

‘Este Régimen de Transición ha sido muy largo’

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Rosendo López. Ex integrante de la comisión que reestructuró la Corte Suprema en 2005

Redacción Política

¿Por qué razones la Justicia en el Ecuador atraviesa una nueva etapa de crisis, a menos de dos años de haber sido reestructurada?

Se vuelven a reeditar situaciones de idéntica naturaleza a las del pasado. La Corte Suprema de Justicia que se conformó en 2005, bajo un estricto proceso técnico y con el aval de organismos internacionales, fue reestructurada por el último mandato constituyente. Todos esperábamos que esta Corte que nosotros conformamos dure un buen tiempo para evaluar sus resultados, pero  aquello no ocurrió.

¿La Constituyente y Alianza País desperdiciaron todo el esfuerzo que demandó ese proceso, hace cinco años?

Yo creo que sí. Acordémonos que el Ecuador se había quedado, de manera inédita, sin función Judicial. Eso sucedió alguna vez con un  país de África. En todo caso, el proceso que  impulsamos fue totalmente abierto, donde la prensa, los organismos internacionales y gente especializada siguieron de cerca todo su avance.

En la actual Corte Nacional de Justicia no están muchos de los magistrados que salieron de ese proceso...

Así es. De los 31 magistrados y 21 conjueces que escogimos, creo que solo tres aceptaron el proceso de reestructuración y transición que definió la Constituyente de Montecristi. Uno de ellos es José Vicente Troya. El resto de funcionarios fue escogido con posterioridad, cuando lo que se debió hacer es respetar la designación que hicimos hasta que los nuevos jueces sean nombrados de acuerdo con el proceso definitivo que señala la Constitución.

¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. Cuencano. Jurista y catedrático. En 2005 participó en la Comisión que reestructuró la Corte Suprema en 2005.    
Su punto de vista. Fue un error que la Constituyente no haya mantenido a la Corte anterior en esta etapa de transición. Esa es una razón de la actual crisis.

¿Es decir, que no debieron crear esta especie de Corte transitoria?

Así es. Incluso debió haberse abierto paso al proceso de cooptación interna, para que la misma Corte nombre sus reemplazos. Pero los cambios constitucionales no lo permitieron. Nuestro esfuerzo fue totalmente inútil.

¿Por qué estos cambios que usted cuestiona inciden en la actual crisis de la Justicia?

Porque nuestro proceso fue transparente. La designación posterior de conjueces se hizo bajo otros esquemas y son sus actuaciones las que la opinión pública cuestiona. Esto amerita una inmediata depuración.

¿Qué les hace diferentes a estos magistrados de los que ustedes escogieron, como para argumentar  que si la Corte Suprema de 2005 se mantenía, no se hubiera desencadenado la crisis actual?

Nadie puede garantizar el comportamiento de las personas. En nuestro caso, se escogió a los mejores, por capacidad y probidad. Y, cuando se presentaron casos cuestionables, de inmediato la Corte se autodepuró. Lo que yo espero es que se respete la independencia de los poderes. Al menos la Asamblea Nacional ya no podrá echar mano, a futuro, para  reorganizar las cortes...

Ya lo hizo cuando reorganizó la Corte en 2008, bajo el mismo concepto ‘de por esta última vez’ que siempre usó la llamada partidocracia...

Así fue. Pero esperemos que, en realidad, esta sea la última vez.

De toda esta crisis judicial, ¿cuál es capítulo que más le preocupa?

El ámbito penal y en particular las resoluciones sobre el caso Filanbanco, donde los conjueces de la Primera Sala cambiaron el delito de peculado al de falsificación de documentos.

¿Cree usted que la conformación de esa Sala fue deliberada para favorecer a los hermanos Isaías?

No me atrevo a juzgar, pero sí es preocupante su actuación.

¿El poder político sigue influyendo en la Justicia?

Al menos, espero que la Asamblea ya no haga de la Corte Nacional  su botín de reparto  y que los cambios a futuro garanticen la independencia.

La conformación del nuevo Consejo de la Judicatura, encargado de seleccionar a los nuevos magistrados de la Corte Nacional, estará en manos del Consejo de Participación Ciudadana que se encuentra en pleno nacimiento. ¿Este nuevo esquema garantizará la no injerencia del poder político?

Este Consejo de Participación puede ser una entidad muy valiosa. Lamentablemente, vemos que el proceso de selección de sus miembros ha sido cuestionado, entre otras cosas, por su cercanía con los partidos políticos que no van a dejar de tener injerencia.

¿La politización que el fiscal Washington Pesántez ha dado a su cargo es una muestra de que Alianza País y el Gobierno no fueron prolijos a la hora de escogerlo y prorrogarlo en sus funciones?

Supongo que Alianza País encontró méritos y rectitud en el Fiscal. Los últimos acontecimientos, sin duda, han empañado su vida profesional. Los afectos y desafectos, a la hora de hacer estas designaciones, deben dejarse de lado.

También se cuestionó la decisión de los vocales de la Corte Constitucional de autoproclamarse. ¿El modelo de transición que se aplicó a la Justicia tuvo errores?

Son las consecuencias que generan el tipo de cambios que impulsó la Constitución.

El período de transición ha durado casi dos años...

Es mucho tiempo. Lo más urgente es que se posesionen los funcionarios definitivos porque esa condición de titulares les dará una mayor legitimidad.

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