18 de febrero de 2015 20:47

5 300 personas denuncian estafa masiva

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Cristina Márquez

Pagó USD 16 500 a una empresa que operaba en Riobamba. Con eso aparentemente compró una máquina soldadora y a través de esa misma compañía debía arrendar el equipo a una petrolera. Pero ahora la plata de Pedro C. no aparece y su caso ingresó a la Fiscalía local.

Allí se han reportado otras 5 300 personas a escala nacional, quienes dicen haber sido víctimas de una estafa masiva. “Me hicieron firmar un documento (...) pero nunca vi la soldadora ni verifiqué que esos documentos sean auténticos”.

Los agentes de Chimborazo investigan a dos personas, quienes serían las propietarias de dos empresas supuestamente dedicadas al alquiler de vehículos, máquinas soldadoras y otros equipos a empresas petroleras que operan en la Amazonía. Según las investigaciones, ambos recibían dinero en efectivo para una aparente importación de máquinas y camionetas de doble cabina y a cambio de invertir ofrecían pagar entre USD 1 000 y 2 000.

Sin embargo, según las indagaciones preliminares, estas compañías no estaban autorizadas para la contratación pública y no tributaban al Servicio de Rentas Internas. Tampoco tenían permisos de importación para las maquinarias y no hay evidencias de que estas compras se hayan hecho.

"Son empresas fantasmas. Nunca se compraron las motos soldadoras y se desconoce el paradero de los vehículos, presentamos denuncias por varios delitos”, contó William Aguaguiña, abogado defensor de 500 perjudicados. Él presentó una demanda por estafa masiva en la Fiscalía de Tungurahua.

De hecho, los afectados serían de Quito, Latacunga, Salcedo, Ambato, Puyo, Coca, Riobamba, Guaranda… Según sus testimonios, se habrían vinculado con la empresa a través de ‘enganchadores’.

Jorge B., Andrés C., y Vanesa C., supuestamente cobraban entre USD 1 000 y 2 000 para dar a la gente un cupo en la empresa. Ellos también son investigados por la justicia.

Pedro C. dice estar preocupado, pues asegura que para entregar el dinero obtuvo un préstamo en una cooperativa de ahorro. Al momento está desempleado y no sabe cómo pagará la deuda. “Un familiar me dijo que esta empresa pagaba bien. Todo estaba fríamente calculado; ellos pagarían USD 1 600 cada mes, así yo cubría el crédito y me sobraba el resto para subsistir. Pero no pude cobrar nada, ni un centavo”, cuenta el hombre de 33 años.

Así operaban los sospechosos, según los agentes

Una llamada a la Policía

Este hecho salió a la luz en noviembre del 2014. En ese entonces, la misma persona, que figura como propietaria de la empresa, llamó al Sistema de Seguridad ECU 911 para denunciar que fue víctima de un robo en su domicilio.

Cuando los policías llegaron a su casa, dijeron haber encontrado USD 1,8 millones guardados en dos cajas fuertes en el interior de su vivienda. Ese día, ella fue detenida por un supuesto enriquecimiento ilícito. 

Pero se desconoce el paradero de su esposo, quien también figura como dueño de ambas empresas que ahora son investigadas por los agentes.

En esa ocasión, seis fiscales allanaron cinco inmuebles para las investigaciones. Pero el caso se agravó en cuanto los afectados empezaron a denunciar la pérdida del dinero invertido y los vehículos entregados.

"Investigamos a los procesados por varios delitos, lavado de activos, enriquecimiento privado ilícito, estafa, y a medida que investigamos descubrimos más, como defraudación tributaria y algunos otros que los mantenemos en reserva para no entorpecer las investigaciones”, informó George Sotomayor, fiscal a cargo del caso. Al momento se incautaron USD 38 millones en bienes inmuebles, como vehículos, dinero en efectivo y maquinarias.

Los abogados, al momento trabajan para recuperar el dinero de las personas que dice ser afectadas. “No todos están dispuestos a denunciar, pues sabemos que estas personas les ofrecieron devolverles sus soldadoras, camionetas y dinero, si no denunciaban. Pero es importante que la gente entienda que eso no sucederá, pues todos los bienes de ellos están incautados”, dijo Aguaguiña.

Él recomienda a los afectados de cada ciudad asociarse como lo hicieron en Ambato. “Así tendrán mejores opciones para su defensa. Hasta la semana pasada se presentaron 50 denuncias en la Fiscalía de Chimborazo”.

Pero este no es el único tema de estafa masiva reportado en el país. Otros hechos son, por ejemplo, caso Publifast, que estalló a mediados del 2014.

Además, se encuentran los expedientes de dos constructoras que operaban en Quito.

Según Aguaguiña, un fiscal en Tungurahua se hará cargo de la investigación de todos los casos denunciados por estafa a escala nacional. Pero los otros delitos que se les imputa a los sospechosos, como el lavado, será indagados en Chimborazo.

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