4 de diciembre de 2015 20:55

Asamblea mira el pasado; otros, su presente

Gilmar Gutiérrez deberá hacerse cargo de parte de la indemnización de USD 15 millones. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO.

Gilmar Gutiérrez deberá hacerse cargo de parte de la indemnización de USD 15 millones. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO.

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Santiago Estrella
Paúl Zamora

En la Asamblea Nacional, 84 legisladores daban inicio al debate sobre el derecho de repetición. Esta figura lograría que 56 diputados del 2004 se hagan cargo de los USD 15 millones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado ecuatoriano indemnizar a los jueces de la Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional destituidos. Pero a pocas cuadras de allí, en un hotel del centro norte de Quito, el Observatorio Legislativo daba cuenta de cuál es la acción de la actual Función legislativa.

Marcelo Espinel, coordinador de esta organización de la sociedad civil, aclara que se trata de una medición cuantitativa según información proporcionada oficialmente por la Asamblea Nacional en su página de la Internet. “Pero es una información incompleta por lo que no se puede hacer un análisis” objetivo.

Desde las presencias y ausencias de los legisladores en las votaciones del Pleno, proyectos de ley presentados, aprobados y su origen (proponentes), los pedidos de información, hasta los gastos que se generan desde la calle Piedrahíta están bajo la lupa del Observatorio.

De antemano, a asambleístas de Alianza País les preocupa poco lo que haga esta organización. Para Virgilio Hernández, “es una agencia que hace vocería de la oposición y no me siento aludido por lo que dicen, pues repiten lo que la oposición dice sin fundamento”.

Pero, para Espinel, el problema radica en la dificultad de conseguir información más allá de lo publicado en la página oficial, sobre todo los pedidos en materia de fiscalización sobre las actividades de los ministerios. “Hemos pedido los detalles, sobre el trámite que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización, pero no se da trámite a lo solicitado”, afirma Espinel en un encuentro con los medios de comunicación.

Este cuestionamiento a la tarea fiscalizadora de la Asamblea tampoco hace mella en legisladores de AP. Gabriel Rivera, expresidente de Fiscalización, no duda en decir que “no me va ni me viene lo que diga el Observatorio Legislativo”. Añade que “no tiene información actualizada y descontextualizan las cosas; perdería mi tiempo contestándoles. Incluso nos han pedido las declaraciones juramentadas, pero cuando se les pregunta a quiénes representan y dónde están reconocidos guardan silencio”.

Según los datos que recoge el Observatorio, desde el 2013, los asambleístas han hecho 2 611 pedidos de información que debieron pasar por el visto bueno de Unidad Técnica de Fiscalización, adscrita a la Presidencia de la Asamblea. De ellos, el 62,66% es desde Alianza País, seguido por Creo, con 429 y Pachakutik, con 155.

Son 2 069 las respuestas obtenidas. Pero se desconoce su contenido. “No se sabe si la información fue entregada o si no la pudieron entregar. Por eso es importante conocer cuáles fueron las respuestas a la información pedida”, dice Espinel.
En cuanto a la participación de los legisladores, el Observatorio solo tiene capacidad para revisar lo que ocurre en las votaciones en el Pleno, pero no tiene datos sobre el trabajo en las comisiones. Y de lo que se observa, son los asambleístas de Creo los que más están presentes, mientras los de Alianza País dominan en cuanto a ausencias, justificadas o no.

Una de ellas es Vanessa Fajardo, asambleísta de Santa Elena, pero dice que “a diferencia del Observatorio yo sí tengo información certificada y no soy la que más falta. Deben considerara que los legisladores de AP tenemos un Código de Ética y los alternos deben participar y si él no asiste no es mi responsabilidad. Jamás falto ni por enfermedad. El que ha faltado es mi alterno, no yo”. Fajardo pide, además, que se revise su ‘fan page’ para saber todo lo que hace y que fue la pionera de la rendición de cuentas con el programa de radio ‘Asambleísta por un día’. “¿Por qué no sacan eso?”.

Antes de la sesión para tratar el derecho de repetición, los legisladores de AP buscaban un consenso pues un grupo argumentaba que la presidenta Gabriela Rivadeneira debería asumir la responsabilidad exclusiva de enjuiciar a los exdiputados. Fuentes internas señalan que fue una reunión intensa en donde se habló de lealtad, deslealtad e incluso se mencionó que no se la puede dejar huérfana. Finalmente, acordaron impulsar la resolución del Pleno y que no sea Rivadeneira quien tenga que proceder en solitario.

“No tengo para pagar, no tengo por qué pagar y no vamos a pagar”, dijo Gilmar Gutiérrez del PSP, actual legislador que votó a favor de la destitución de las autoridades en el 2004. Recordó que actuaron bajo la inmunidad parlamentaria y se refirió a una “revancha política”. La oposición teme que esto provoque el efecto bumerán.

En contexto

Para que un legislador pueda obtener información, debe remitir un pedido a la Presidenta de la Asamblea. Esta envía a la Unidad Técnica de Fiscalización, quien da un informe de si procede o no dicho pedido. A partir de ello, la Presidencia debe pedir al ministerio o instancia respectiva que entregue la información requerida.

RECTIFICACIÓN

A pedido de Ricardo Zambrano Arteaga, asambleísta de AP por Manabí

El diario EL COMERCIO se permite publicar una infografía dentro de la nota titulada el 30 de septiembre: ‘Asamblea mira el pasado; otros, su presente’, que señala como fuente Asamblea Nacional, Observatorio Legislativo. Ante ello se debe aclarar que la Asamblea no tiene ninguna relación contractual con el Observatorio. En la citada infografía, se anuncia ‘Ausencia sin excusas en votaciones’, sin explicar lo que significa, desinformando a la ciudadanía con un contenido descontextualizado. Constan datos no reales (expresados en valores absolutos), que en mi caso indica 93, dándose a entender que no asistí a 93 votaciones en el Pleno, cuando la realidad es que del 14 de mayo del 2013 al 29 de septiembre del 2015, no pude asistir a 44 sesiones (habiendo presentado los respectivos justificativos), de las cuales en 41 sesiones no se pudo principalizar mi alterna (por diversas razones). En virtud de lo indicado, exijo la aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación.

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