29 de noviembre de 2016 09:51

Los abismos entre candidatos: Penas duras, armas, Defensa sin mujeres, despenalización del aborto por violación

Los ocho candidatos a la Presidencia de la República de Ecuador que participaran en las elecciones del 2017. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los ocho candidatos a la Presidencia de la República de Ecuador que participaran en las elecciones del 2017. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Política

En la etapa preelectoral, los candidatos han mostrado semejanzas respecto a qué hacer con el gasto público, corrupción y la deuda pública. Sin embargo, también han lanzado propuestas que marcan diferencias; algunas están incluidas en los planes de gobierno, otras han surgido al calor de encuentros, recorridos o entrevistas, como reconocen los candidatos a la Presidencia.

Pero ¿qué tan viables son? EL COMERCIO acudió a expertos para aterrizar esas propuestas y conocer su alcance de cara a las elecciones generales 19 de febrero del 2017.

Iván Espinel: pena de muerte en Ecuador

Aplicar la pena de muerte en caso de violación y asesinato “es una posición de los grupos sociales que manifestaron una posibilidad como esta”, dice Iván Espinel, candidato presidencial por el movimiento Fuerza Compromiso Social.

Aunque esta propuesta no consta en el proyecto de gobierno del médico de 33 años, Espinel afirma que la implementarla por consulta popular, para que la ciudadanía decida modificar o no el artículo 66 de la Constitución que prohíbe la pena de muerte. Según él, de ser necesario, desuscribiría al país de todos los convenios internacionales en materia de DD.HH.

Factibilidad

Felipe Rodríguez, especialista en derecho penal, explica que la propuesta no solo demanda derogar el artículo 66 de la Constitución, sino también el 425. El apartado refiere que “el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales”.

“La única forma de aplicar la pena de muerte sería mediante la desuscripción de los convenios internacionales de derechos humanos”, asevera Rodríguez. El gobierno ecuatoriano terminaría con los acuerdos más importante en materia de derechos fundamentales como el Pacto de San José, suscrito en Costa Rica por la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Consecuencias

“Hacer eso nos acarraría una responsabilidad penal gravísima a nivel mundial” y “no podemos arriesgarnos a aplicar esto jamás”, menciona el especialista. Ningún ecuatoriano que cometa un delito de genocidio, etnocidio, agresión o lesa humanidad podría ser juzgado por la Corte Internacional Penal en la Haya.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas en Washington y la Unesco en San José no tendrían incidencia en el país. “Toda la jurisprudencia internacional ya no sería aplicable en el Ecuador”.

Para Rodríguez, “terminar con esos pactos no implica solamente renunciar a la pena de muerte, sino a todos los derechos humanos que un ecuatoriano tiene en el mundo, ese es el grave error y él no se está dando cuenta de la gravedad. Entonces, no es para nada factible lo que está proponiendo”.

El penalista comenta que además los países que han adoptado la pena de muerte no tiene un decrecimiento en delitos. “Los delitos se mantienen igual o crecen, porque el derecho penal es sancionatorio y jamás es preventivo”. Rodríguez explica que lo que hace Espinel es derecho penal simbólico, también conocido como ‘populismo penal’. Es decir, “hacer creer al pueblo que las sanciones más graves pueden solucionar problemas”.


Guillermo Lasso: porte de armas de fuego en el campo

El candidato de Creo-Suma habla de permitir el uso de armas de fuego a los campesinos. “Vamos a permitir que puedan defender como varón a sus esposas y a sus hijos”, dijo el 16 de noviembre en el centro de Convenciones de Guayaquil.

Factibilidad

La propuesta de Lasso sería viable con una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). “Si se quiere flexibilizar el uso para el campesino se debería crear lo que se llama excusa legal absolutoria” dentro del Código Penal, explica la especialista en materia penal Paulina Araujo. 

Consecuencias

Araujo considera que el “COIP sí necesita reformas urgentes y no necesariamente es la tenencia de armas para campesinos”. Comenta que permitir que un sector especialmente del campo esté armado revelaría la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad en Ecuador. Además, el sentido de la propuesta plantea una visión de una sociedad machista.


Washington Pesántez: la Defensa es para hombres

El candidato de Unión Ecuatoriana afirmó en el programa Políticamente Correcto en Ecuavisa que “no pondría a una ministra de Defensa mujer”. A su criterio, la ubicaría en el Ministerio de Educación. 

Consecuencias

Nathalie Sierra, socióloga, sostiene que ese tipo de declaraciones responden a los roles de género marcados por el patriarcado. Es decir, un sistema predominado por el hombre.

Para la docente universitaria, hay una “infravaloración de aquellos espacios que han sido históricamente manejados o asignados a las mujeres”. Es decir, que se asigna a una mujer un ministerio de Educación porque se cree que este es menos importante. “Hay un tinte machista que tiene que ver con una especie de no valoración de las competencias de las mujeres”.


Paco Moncayo: despenalizar el aborto por violación

El exalcalde de Quito y representante de la Izquierda Democrática (ID) propone despenalizar el aborto en caso de violación o incesto, sin la necesidad de que la mujer tenga una discapacidad mental, tal como plantea la ONU. Su propuesta, a diferencia de las anteriores, sí consta en su plan de gobierno.

Factibilidad

“Lo que propone Paco Moncayo es jurídicamente factible, posible y en cuanto a convencionalidad internacional no nos acarraría ningún problema. Tampoco es abogado, pero veo que está muy bien asesorado”, afirma el penalista Rodríguez. El especialista aclara que jurídicamente cuando una mujer aborta no está lesionando la vida, porque conforme al Código Civil la vida de una persona en el Ecuador empieza cuando “cuando el feto es separado de forma completa del claustro materno, ahí empieza la vida para el derecho ecuatoriano”.

De manera que el delito de aborto lo que protege es el derecho de llegar a existir y no la vida. “Al no ser lo mismo que vida, no tendría ningún problema ni siquiera con convenios internacionales”, menciona el abogado.

La reforma establecería que una mujer que ha sido violada pueda abortar en casos de abuso sexual. Rodríguez plantea que quien practique el aborto debe ser un profesional de la salud con conocimiento específico en materia ginecológica y pediatría, como un requisito adicional.

Cynthia Viteri: penas más duras para la seguridad

La exasambleísta y candidata por el Partido Social Cristiano - Madera de Guerrero propone incrementar las penas a delitos de narcotráfico, testaferrismo, sicariato, asesinato, violación, lavado de activos, corrupción, entre otros. La propuesta es parte de su plan de gobierno para la seguridad interna, publicado en su web.

Factibilidad

"Un sistema eficiente de justicia no es el que más penas tiene, sino el que mejor persigue, identifique, juzga y sanciona a los que cometen delitos", enfatiza Farith Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. El Código Orgánico Integral Penal ya plantea la acumulación de penas hasta por el doble de la pena más grave, sin que exceda los 40 años de cárcel. Delitos como el femicidio, sicariato, asesinato se castigan con 26 años de cárcel. La violación, con 22.

Consecuencias
Según Simon, está demostrado en el mundo que el incremento de penas no está asociado necesariamente a una disminución de la criminalidad, a excepción de los países que no son democráticos. "Los números no demuestran que con el incremento de penas haya una reducción de los delitos", sentencia.​

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