7 de febrero de 2017 00:00

Especialistas analizan las intervenciones de los ocho candidatos en el Diálogo

Paco Moncayo, Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Lenín Moreno, quienes lideran el pelotón en las encuestas, se despiden al finalizar el Diálogo Presidencial del 5 de febrero. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Paco Moncayo, Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Lenín Moreno, quienes lideran el pelotón en las encuestas, se despiden al finalizar el Diálogo Presidencial del 5 de febrero. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Tres especialistas analizan las intervenciones de los ocho candidatos en el Diálogo del domingo 5 de febrero del 2017. En los temas económicos y sociales todavía existen inquietudes sobre la viabilidad de sus propuestas.

Política

La democracia fue la gran ganadora


Gonzalo Arias. Profesor de la Universidad de Buenos Aires
(O)

Desde el histórico debate televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon en 1960, que tuvo un fuerte impacto no solo en los 70 millones de espectadores sino también en los votantes, los debates -sobre todo los presidenciales- han sido progresivamente adoptados en todo el mundo.

No se trata de una herramienta exclusiva de las democracias avanzadas, sino también de una práctica extendida en las aún jóvenes democracias de la región.

Es más, en países como Brasil, Colombia, México y Argentina, ya son obligatorios y están regulados por ley. Sin embargo, esta “cultura del debate” no ha logrado consolidarse en Ecuador, privando a los ciudadanos de este saludable ejercicio democrático.

Los debates cumplen un doble papel: por un lado, garantizan el derecho a la información de los ciudadanos; por el otro, contribuyen a plasmar el derecho a la libertad de expresión de los actores políticos.

Desde la perspectiva del electorado, posibilitan conocer y comparar las propuestas e ideas de los candidatos, fortaleciendo la información en pos de un ejercicio más pleno del derecho al sufragio, y contribuyendo al ejercicio del necesario “control ciudadano” sobre el cumplimiento de los compromisos electorales.

Pero los debates también son beneficiosos para los candidatos, en tanto permiten una mayor difusión y publicidad de sus candidaturas y sus propuestas, en un marco de equidad respecto de los candidatos rivales.

En este marco, lo primero a destacar del “Diálogo Presidencial 2017” organizado por EL COMERCIO el domingo pasado es la participación de todos los aspirantes a Carondelet en la primera vuelta electoral, un hecho que no se había registrado.

El programa no solo evidenció las estrategias de los candidatos, sino que al mismo tiempo desnudó sus fortalezas y debilidades.

Lenín Moreno fue quien más riesgos corría con su participación, en cuanto se exponía a potenciales ataques frontales del resto de los candidatos. Sin embargo, todos optaron por dirigir sus dardos al presidente Correa, evitando así polemizar directamente con el candidato de Alianza País, que salió relativamente indemne de los principales cuestionamientos de la oposición.

Incluso el mismo Moreno rehuyó a ejercer la defensa del Presidente, quien durante el programa reaccionó en las redes sociales frente a acusaciones de la oposición.

Asimismo, debe decirse que el candidato oficialista, si bien no mencionó explícitamente ni al Presidente ni hizo alusión al concepto de “revolución ciudadana”, desaprovechó una valiosísima oportunidad de diferenciarse del Primer Mandatario, que hubiese sido muy útil para intentar persuadir a los indecisos y aspirar a un triunfo en primera vuelta.

Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, candidatos que no solo se disputan el segundo lugar sino también el ingreso a una potencial segunda vuelta, no se sacaron grandes diferencias, y optaron por no tomar riesgos.

El candidato de Creo ratificó la buena performance que ya había tenido en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Con una estrategia centrada en las ofertas de empleo, buscó proyectarse como líder del cambio.

Por su parte, la candidata del PSC evitó esta vez atacar a Lasso, y centró sus esfuerzos en criticar al Gobierno y presentar propuestas de una manera didáctica y con tono coloquial.

El resto de los candidatos, relegados a un segundo plano en intención de voto, asumieron mayores riesgos en la búsqueda de llamar la atención del electorado. En este grupo se destacaron las críticas a la “política tradicional”, y la vehemencia de Bucaram y Espinel.

Es cierto que en el diálogo no hubo una verdadera interacción y diálogo entre los candidatos, más allá de sus exposiciones, ataques y defensas puntuales.

Sin embargo, los ecuatorianos pudieron contrastar las propuestas y proyectos de todos los candidatos, verlos polemizar, evaluar sus reacciones ante las críticas y cuestionamientos, y juzgar su lenguaje corporal. Un balance que no debe soslayarse.

Como ya es todo un clásico en los debates, varios se apuraron en adjudicarse la victoria, y las redes sociales explotaron con comentarios e impresiones sobre el desempeño de los candidatos.

Pero lo único cierto, más allá de especulaciones y análisis interesados, es que el gran ganador fue la democracia ecuatoriana. Los candidatos ya hablaron, ahora es el tiempo de que los ciudadanos ejerzan en las urnas un voto informado.

Abdalá Bucaram Pulley, Patricio Zuquilanda y Washington Pesántez, en el momento de salir del set principal en las instalaciones de TV de EL COMERCIO, el pasado domingo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Abdalá Bucaram Pulley, Patricio Zuquilanda y Washington Pesántez, en el momento de salir del set principal en las instalaciones de TV de EL COMERCIO, el pasado domingo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Economía

Poco se habló de reducir los gastos


Nicolás Acosta. Dir. del Reporte de Consistencia Macroeconómica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (O)

En su afán por conquistar votos, los candidatos hicieron múltiples ofertas, desde vivienda y educación para todos, triplicar el Bono de Desarrollo Humano (BDH), exoneración de impuestos, reconocer la deuda con la seguridad social, etc.; pero se olvidaron del principio más elemental de economía: las necesidades son múltiples y los recursos son escasos; no existirán recursos financieros para cumplir con todas las ofertas, y más aún para un gobierno que heredará un país con una deuda pública que se ha disparado en los últimos dos años y la hace insostenible para las finanzas públicas.

Por definición no toda deuda es mala, podría ser beneficiosa si se paga por sí misma y genera un rendimiento positivo, llámese mayor producción y recaudación de impuestos. Por el contrario, cuando se utilizan los recursos prestados para proyectos que nunca se terminan, que tienen sobreprecio o para el pago de funcionarios públicos, la deuda genera importantes desajustes en las cuentas estatales, lo que se asemeja más a nuestra realidad.

En función de esto se tendrán tres alternativas: se incrementan los ingresos, se reducen los gastos o se renegocia la deuda. Posiblemente lo mejor será una combinación de las tres.

La primera resulta compleja; como lección de nuestra historia reciente debemos olvidarnos de pensar en los precios del petróleo, por lo que la única alternativa es que crezca la recaudación de impuestos, y para que esto suceda se necesita un shock productivo demasiado fuerte que no será de impacto inmediato sino que tomará tiempo hasta que se establezcan reglas del juego claras y se reorganice la estructura productiva, teniendo en cuenta los alcances y limitaciones tanto del gobierno como del mercado.

Los candidatos ofrecieron exoneraciones tributarias para grandes inversiones que reactiven la confianza del aparato productivo, lo cual es necesario y positivo. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que este tipo de incentivos tributarios, si bien son de fácil administración, pueden generar inconvenientes como incentivos a la elusión fiscal, competencia desleal con quienes no se benefician y sobre todo un costo tributario por no recaudación que deberá evaluarse.

A la par de la preocupación por la reactivación económica, surgió como tema central la generación de empleo, en el que la mayoría de candidatos reconoció la necesidad de mayor participación del sector privado nacional y extranjero en la generación del mismo; así como la necesidad de suscribir nuevos acuerdos comerciales, algo que la economía viene demandando a gritos desde que al motor de crecimiento de nuestra economía -el precio del petróleo- se le agotó el combustible.

Sería interesante que se lograra articular la política productiva con la política social. Dos candidatos ofrecieron incrementar el BDH y uno de ellos ampliar el número de beneficiarios. Sin embargo, es necesario que esta transferencia se traduzca en mayores ingresos laborales para personas en condición de pobreza. Un simple incremento del BDH no elimina la pobreza, a menos que se implementen incentivos o se produzca reglamentación para que las empresas contraten a beneficiarios del BDH y al cabo de un tiempo puedan subsistir por sus propios medios, y a la vez liberar recursos estatales; por lo que el mismo debe tener como característica principal la temporalidad.

Poco se habló sobre la reducción de gastos. Todavía existen subsidios ineficientes como el de la gasolina para vehículos costosos, infraestructura pública que no genera rendimiento, altos salarios en el sector público, etc. Por otro lado, no se esclareció cómo ni con quién renegociar la deuda, que es quizás el tema neurálgico; si se paga de inmediato o si se difiere y sobre todo a qué precio, pues esto determinará el margen de acción que tendrá el próximo gobierno.

La lección que nos deja este panorama económico futuro es que en una economía dolarizada que no puede ejercer política monetaria contracíclica, la política económica debe ser altruista y esto implica mayor responsabilidad fiscal.

Social

Lo económico y lo social, sin conexión

María Fernanda Solíz. PhD. Docente del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar (O)

El diálogo presidencial nos deja aún varias interrogantes, la primera, en torno a la insistencia en perfeccionar e intensificar una política de subsidios, bonos y asignaciones, que en el mejor de los casos puede considerarse una política de repartición (no redistribución) social y, en el peor de los casos, como una lista demagógica de ofertas.

El apartheid nos dejó una valiosa lección: no existe revolución “ciudadana” sin revolución económica y, por supuesto, sin revolución ecológica. Para 1992 los africanos negros habían conseguido el reconocimiento de sus derechos civiles y sociales, pero los poderes económicos se habían mantenido intactos en el Estado sudafricano y las conquistas resultaban enunciaciones con limitados impactos en la vida real.

Tras 10 años de “revolución ciudadana”, las importantes políticas de gasto social en educación, salud y vivienda han tenido impactos marginales y se han orientado más bien a la democratización del consumo. Los grandes beneficiarios, sin embargo, siguen siendo los grupos vinculados a la producción e importación de alimentos y a la construcción, y los actores privados de la salud.

Escuchamos decir a varios candidatos (Bucaram, Espinel, Lasso, Moreno, Viteri) que la salida a la crisis está en la inversión privada, en atraer capitales extranjeros, en liberalizar y flexibilizar, aún más, los mercados, y con ello generar empleos. Nos preguntamos ¿por qué insistir en un modelo que encadena a quienes somos dueños únicamente de nuestra fuerza de trabajo, para ser empleados de los grupos que históricamente se han enriquecido?

En este mismo sentido, otro elemento que preocupa es la desconexión de la política social y la política económica. Los candidatos no parten de un análisis serio en tanto recibirán un país que sostiene una deuda interna y externa considerable, un país en el que, a tan solo dos años de la caída de los precios del petróleo, la pobreza subió del 30 al 35%. Un país en el que 1 de cada 4 niños/as tiene desnutrición crónica, en el que la mortalidad materna ha subido en 11 puntos desde 2006, al tiempo que el 20% de los partos se da en mujeres adolescentes.

Pese a que algunos candidatos, en otros espacios, han sido críticos a la intensificación del extractivismo (Moncayo, Bucaram, Viteri), nos quedan las preguntas: ¿qué piensan de la licitación de la undécima ronda petrolera?, ¿cuál será su postura frente a la reapertura del catastro minero que concesionaría el 11% del territorio a multinacionales especialmente chinas?, ¿qué pasará con el ITT, donde se está iniciando exploración sísmica en 110 000 hectáreas de los bloques Ishpingo y Tambococha, cifra mucho mayor al 1x1000 prometido?, ¿qué pasará con los territorios en resistencia a proyectos megamineros en ejecución?, ¿qué posición asumirán los candidatos frente a la venta anticipada de recursos?

Por otro lado, algunos presidenciables (Moncayo, Moreno, Pesántez, Zuquilanda) mencionaron temas importantes como la política agraria, el incentivo a pequeños productores campesinos, el fomento al agro, a pequeños emprendimientos, a la micro, pequeña y mediana empresas, al turismo. También, fueron temas marginales en el debate. Es urgente superar aquellas visiones que entienden al ecologismo popular y sus reivindicaciones como privilegios y no como elementos estructurales de un proceso de profunda trasformación económica. No hay revolución posible sin revolución agroecológica.

Finalmente, escuchamos planteamientos importantes (Moncayo, Lasso, Pesántez, Viteri) en rechazo a la criminalización de la protesta social, a la importancia de fortalecer mecanismos de participación directa, de respetar la autonomía universitaria como elemento medular de un gobierno democrático, el cuestionamiento al Decreto 16, al COIP, al hiperpresidencialismo y la falta de independencia de los poderes del Estado. Asusta sin embargo la autocomplacencia e imposibilidad de autocrítica del oficialismo. La negación absoluta del “otro” no ha permitido en 10 años, ni permitirá a futuro, ningún proceso de diálogo real.

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